Severas sanciones
El día de ayer, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila en una acción inédita, canceló de un plumazo diversas candidaturas de hombres que aspiraban a contender en algún municipio de Coahuila, en el proceso electoral actual. La decisión fue fundada en la necesidad de garantizar a “rajatabla” la paridad de género. Es decir, que la extrema acción por parte de los del IEC, se hizo con la finalidad de obligar a los partidos políticos a postular en el peor de los casos, a planillas encabezadas por un 50% de cada género, sea cual fuera el número de candidaturas postuladas.
Sin duda alguna, y aunque para algunos la decisión tomada por el Instituto Electoral de Coahuila pareciera acertada no debemos olvidar que, cualquier cancelación de alguna candidatura fundada en un criterio distinto al incumplimiento de los requisitos de elegibilidad que debe observar un ciudadano para buscar participar en un proceso electoral, es sin duda una flagrante violación a sus derechos político-electorales, ya que es el ciudadano quien por ser varón, directamente sufre la negación de su derecho de ejercer esa garantía, y no el partido postulante, para el cual solo representa una candidatura menos del cúmulo de todas las que sí le fueron aceptadas. Entonces bajo la anterior premisa, es evidente que la acción de la autoridad electoral local a pesar de tener una buena intención, termina siendo por demás injusta y excesiva.
Ahora bien, debemos reconocer que si el Ople coahuilense tuvo que llegar a tal extremo, lo es porque hasta la fecha las cuotas obligatorias impuestas no han dado el resultado esperado. Es decir, que si a pesar de que la autoridad ha impuesto diversas sanciones a los partidos a fin de lograr la paridad de género en sus candidaturas, las mismas han sido ineficaces y hasta erróneas, dado que lejos de ir logrando una participación copiosa del género femenino la misma ha venido en decremento, según lo demuestran las cancelaciones arbitrarias, nunca antes vistas en nuestro estado.
Y es que, quizá debiera ser el mismo instituto quien en lugar de erguirse como un juez de hierro deba asumir su responsabilidad y contribuir directamente desde otra trinchera en la incentivación de la participación de la mujer en las cuestiones políticas, provocando eficazmente la confianza de las mismas en esa institución, y no con sanciones injustas a los partidos o a los ciudadanos, dado que las mismas solo contribuyen a su descredito y al desinterés de las ciudadanas y ciudadanos. Es decir, lograr el interés de la mujer en la vida política a través de acciones concretas que fortalezcan el liderazgo hacia las mujeres y la capacitación obligatoria para hombres y mujeres de sensibilización de género, dado que como lo dije, las cuotas evidentemente dejaron de ser suficientes para lograr la participación política femenina y la presencia de ellas en lo más alto del organigrama político institucional.
Para quien dude de todo lo anterior, le invito a reflexionar y responderme la siguiente pregunta: ¿por qué hasta hoy en nuestro estado, las instituciones electorales no han recibido ninguna solicitud de una mujer para participar de manera independiente en cualquier candidatura? ¿Será acaso que por consecuencia de la inacción de la autoridad en materia de participación ciudadana, las mujeres no terminan de animarse y participar decididamente en los procesos electorales?