Conocer la verdad
El premio otorgado por los gobiernos de Alemania y Francia a colectivos y defensores de derechos humanos de nuestro país es una de las luces del bisemanario Espacio 4 (633). También es continuación de la columna Desaparecer en la Nada (Zócalo Saltillo, 31.03.21). El trabajo de organizaciones y activistas no pasa desapercibido fuera de México, donde tienen su mejor defensa. Atentar contra ellos expone a los gobiernos federal y locales a ser denunciados ante foros e instancias internacionales.
“El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México fue condecorado el 26 de marzo con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Gilberto Bosques 2021. El reconocimiento lo recibieron Hermelinda Ruiz, Lucía Díaz y Virginia Garay en nombre de la organización y de manos de los embajadores de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian y de Alemania en México, Peter Tempel. Asimismo, se extendieron menciones honoríficas para el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, por su obra de vida en favor de los derechos humanos, y para Yésica Sánchez Maya y el Consorcio Oaxaca por su defensa de los principios de igualdad hacia las mujeres.
“El movimiento galardonado se inició en 2015 y agrupa a más de 72 colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país. Su principal objetivo es asistir con herramientas jurídicas y apoyo psicológico a dichas familias, pero también intenta obtener una respuesta jurídica, institucional y política al fenómeno de los secuestros, como la Construcción del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. ‘Lo que está en juego es la memoria de los desaparecidos, así como el derecho de sus familias a vivir con dignidad y con conocimiento de la verdad. Y es un mérito que hay que reconocer al Movimiento por Nuestros Desaparecidos’, expresó Asvazadourian durante la ceremonia.
“El obispo emérito Raúl Vera, por su parte, siempre ha velado porque se respete a las minorías y que los gobiernos —junto a los grandes poderes económicos— no abusen de los más pobres. Su voz se hizo sentir con fuerza en la tragedia de Pasta de Conchos, donde 65 mineros perdieron la vida y que el prelado calificó de ‘crimen oculto’ (Proceso, 18.02.2013). También denunció al Gobierno de Coahuila frente a la Corte Penal Internacional con el informe ‘México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad’, el 6 de julio de 2017, por los abusos cometidos durante las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.
“En ese período aciago tuvo lugar la masacre de Allende, cuando en marzo de 2011 grupos armados incendiaron casas, negocios y secuestraron a familias enteras, asesinando a buena parte de ellas. Todo bajo el conocimiento y la complicidad tácita de las autoridades locales. El número de desaparecidos sigue sin ser precisado. Mientras el Gobierno registra 42, los pobladores aseguran que fueron alrededor de 300. Al año siguiente, en enero, al menos 150 personas fueron ejecutadas por células del crimen organizado dentro del Centro de Readaptación Social de Piedras Negras. La penitenciaría funcionó como enclave criminal controlado por Los Zetas bajo la anuencia del Gobierno del estado de Coahuila. Hasta la fecha, ningún político de alto nivel ha sido procesado por tales atrocidades”.