Ganó el técnico
En la disputa que libraban la noche del jueves Raquel Buenrostro y Arturo Herrera, en torno a la aplicación de los criterios fiscales para la Ley de Subcontratación, el segundo terminó imponiéndose.
Salió a mediar el Presidente y pidió a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, un periodo de gracia de cuatro meses para el sector privado, a fin de que la nueva regulación entre en vigor.
Quienes estuvieron cerca de la negociación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), nos dicen que también el procurador Fiscal, Carlos Romero, terció en favor de Herrera.
Pidieron a Andrés Manuel López Obrador que los pagos de impuestos de la aplicación de la nueva ley sean efectivos en los Criterios de Política Económica de 2022 y no a partir del 2 de mayo próximo.
El viernes Herrera notificó a Carlos Salazar que mañana los diputados aprobarán el dictamen de la Ley de Subcontratación y se turnará al Senado para que la procesen y avalen en la segunda quincena de abril.
Quienes han seguido los desencuentros de Buenrostro y Herrera nos dicen que el verdadero fondo del problema entre ambos funcionarios es que la primera no reconoce al segundo como su jefe.
La próxima presentación del Paquete Fiscal del año 2022 fue otro motivo para evidenciar la pugna que existe entre estos dos muy influyentes miembros del Gobierno de la 4T.
En el sector privado dan por sentado que la ley tendrá un periodo de ajuste de mayo a agosto y que será a partir del 1 de septiembre cuando se haga efectiva, pero de la que se duda es de la velocidad de Alcalde.
No se tiene la certeza de que la Secretaría del Trabajo tenga listo en tiempo y forma el reglamento de la nueva Ley y los criterios para que las empresas de subcontratación puedan obtener el famoso registro.
Los conocedores de la industria piensan que el Gobierno de la 4T se va tardar todo el segundo semestre del año en tener listas las normas y los funcionarios que van a aplicar esta regulación que elimina el outsourcing.
POR CIERTO QUE
las penas que plantea el proyecto de Ley de Subcontratación están causando revuelo no solo dentro del sector privado, sino también en Estados Unidos, para cuyas empresas el outsourcing y el insourcing son herramientas comunes en su día a día. Y es que quienes hagan mal uso de la tercerización recibirán trato equiparado a defraudación fiscal con multas de hasta 30 millones de pesos y prisión. Las relaciones laborales de las compañías estadunidenses asentadas en nuestro país, que tendrán que modificarse con la entrada en vigor de esta regulación, están en la mesa de la vicepresidenta Kamala Harris, quien también lleva la batuta en el tema migratorio. Ahora sume lo laboral. LE ADELANTABA EL SÁBADO que Carlos Salazar Lomelín se va a quedar al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en todo lo que resta de 2021. Las cúpulas del Consejo Mexicano de Negocios y los capitanes del Grupo de los 10 de Monterrey le pidieron al exdirector de Femsa mantenerse como interlocutor del Gobierno federal. Nos dicen que Salazar no quería, pues ya siente su posición debilitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T, pero no tuvo de otra, ante lo complicado que resulta para el sector privado iniciar un proceso electoral y seleccionar su relevo antes de las elecciones del 6 de junio. La renovación de la presidencia del CCE iba a ser el próximo mes de mayo.
POSIBLEMENTE ESTA SEMANA
Emilio Lozoya sea llamado a declarar ante el juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, el mismo que le decretó la prisión preventiva al exsenador panista Jorge Lavalle. La estrategia de su defensa representada por los abogados Felipe Gómez Mont y José Zapata es que presente pruebas de sus dichos sobre el supuesto cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso Odebrecht. Lozoya no tiene forma de sustraerse de la orden presencial. Se ve difícil que otra vez el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, le conceda el beneficio de hacerlo fuera de reflectores.
TRAS DE QUE LAS CASAS
de bolsa tiraran la circular sobre “mejor ejecución bursátil”, con la que el regulador pretendía regalarle a la Bolsa Institucional de Valores (Biva), 30% de las operaciones pasivas diarias, se prendieron alertas en esa instancia dirigida por María Ariza. Y es que ante la ausencia de opciones para apuntalarla y un 2021 que se ve seco para nuevas colocaciones y emisiones, esa nueva bolsa va a requerir pronto de una inyección de capital. Cencor, de Santiago Urquiza, y el fondo LIV Capital, de Humberto Zesati y Miguel Ángel Dávila, son los accionistas.
DISCRETOS, SIN HACER
mucho ruido, los de Pinfra siguen ganando contratos de infraestructura. La semana pasada el Gobierno de Hidalgo, que comanda Omar Fayad, les adjudicó la APP (Asociación Público-Privada) de la carretera Real del Monte Entronque Huasca. El grupo de David Peñaloza Alanís ofreció una subvención de mil 49 millones de pesos. Pero lo curioso es que los muchachos de Fayad descalificaron sin razones de peso a los otros tres oferentes: Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir; Jaguar, de Moisés Zecua, y GIA+A, de Hipólito Gerard.
A PROPÓSITO:
AL final GIA+A mantuvo su penal de Oaxaca, uno de los ocho que se adjudicaron en el sexenio de Felipe Calderón. Se dudaba que Hipólito Gerard lo retuviera, pues se trata del cuñado de Carlos Salinas de Gortari y ya ve la fobia de Andrés Manuel López Obrador. Cumplió con el ajuste de 15% en la contraprestación que los cinco concesionarios negocian con Julio Scherer. Para ello GIA está reestructurando el bono de 370 millones de dólares que recibió en 2018. Y lo está haciendo en un plazo récord de 50 días. Lo sustituirá con un crédito sindicado.