Borrar el pasado
“Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado”.
George Orwell
Es lamentable que el Instituto Nacional Electoral se haya convertido en un censor. La ley electoral lo hace, sin embargo, inevitable. El 19 de abril la comisión de quejas del INE reiteró su orden al presidente López Obrador para que “durante las campañas, y hasta el día de la jornada electoral, se abstenga de difundir logros de Gobierno, obra pública o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía”. Pero no solo eso. La comisión también pidió a la Presidencia que borre los registros de la conferencia de prensa del 16 de abril.
No es fácil borrar el pasado. Ayer en la mañana no aparecía la transcripción de esa “mañanera” en www.lopezobrador.org.mx, pero estaba de vuelta en la tarde, así como en www.gob.mx. El video aparecía en YouTube. Borrar el contenido de una conferencia me recuerda el trabajo incansable de los redactores del Ministerio de la Verdad, en 1984 de George Orwell, los cuales tenían la responsabilidad de enmendar constantemente los diarios, revistas y libros ya publicados para ajustar el pasado a las decisiones del Gran Hermano. Lo llamaban “control de la realidad”.
Los partidos de izquierda impusieron el actual esquema de censura al Gobierno porque no pensaban que pudieran llegar al poder. Las medidas se inventaron en la reforma electoral de 2007, en represalia por las declaraciones de Vicente Fox durante la campaña de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador y en defensa de sus programas de Gobierno, las cuales impulsaron al tabasqueño a decirle a Fox: “Cállate chachalaca”. Los legisladores de 2007 llegaron al absurdo de colocar esta mordaza no en una ley secundaria sino en el Artículo 41 de la Constitución. Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ajustaron sus comunicaciones a estas reglas, pero hoy vemos una rebelión de López Obrador, lo cual ha convertido al INE en censor.
La legislación electoral solo permite hablar a los gobernantes y funcionarios sobre temas de salud, educación y protección civil. No pueden tratar asuntos electorales, ni defender o presentar información sobre sus políticas públicas. Me parece insensato. Prohibir a los políticos hacer política va contra natura. En los países democráticos los gobernantes participan activamente en las campañas electorales y defienden sus propias políticas públicas. Las campañas en México deberían ser también una oportunidad de contrastar ideas y estrategias, en vez de un simple escenario para intercambiar descalificaciones e insultos. La lamentable ley mordaza, sin embargo, impide una parte muy importante de la sana discusión sobre las políticas públicas.
No puede haber cambios a las reglas electorales en este momento, por supuesto, ya que estamos en plena campaña, pero sí podemos reconsiderar las reglas para los próximos procesos electorales. La sobrerregulación de las campañas no ha tenido ninguno de los beneficios que pregonaban los legisladores en 2007, pero sí un costo muy elevado por la pérdida de libertad de expresión y por el deterioro de la calidad de la información sobre las políticas públicas que se maneja en las campañas.
Hemos creado un confuso laberinto de reglas restrictivas que limitan el debate público, cuando el propósito de la política debería ser la discusión en libertad de los temas de fondo de la sociedad. Además, hemos hecho del INE un censor que hoy trata, como el Ministerio de la Verdad en 1984, de borrar lo sucedido en el pasado.
Juez valiente
El juez Juan Pablo Gómez Fierro, el que decretó suspensiones para la Ley de la Industria Eléctrica, otorgó el 19 de abril, una suspensión provisional también contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Está claro que le van a revisar hasta el último centavo en sus cuentas. Es muy valiente.