El Gobierno de México, contrario al acuerdo global para mitigar el cambio climático
Adiferencia de una gran cantidad de naciones que se han comprometido a enfrentar la crisis ambiental del planeta, lo que se formalizó en el Acuerdo de París de 2015, México se ha convertido en un activo opositor de este esfuerzo para mitigar el cambio climático.
La crisis climática es una amenaza real, ya observada, medida y documentada científicamente. No es una preocupación banal, superflua o “fifí”. No es un riesgo probable en el futuro, es un peligro seguro, presente desde hace años, de alcances catastróficos si no se actúa con oportunidad y determinación.
Una de las causas más importantes del cambio climático es el consumo de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón que producen gases de efecto invernadero, lo cual calienta la atmósfera y hace más intensos e impredecibles los fenómenos naturales como las lluvias, los periodos de sequía, las temporadas de calor y de frío; provoca el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar, la desertificación y propicia un mayor número de incendios forestales, entre muchos otros efectos que deterioran la vida en el planeta y amenazan la sobrevivencia de la especie humana.
Por ello, la Organización de las Naciones Unidas convoca anualmente a conferencias multinacionales para comprometer a todos los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente con la reducción del uso de combustibles fósiles y el cambio hacia el desarrollo de energías renovables como la solar y la eólica. Así, en la Conferencia de las Partes en su edición número 21 (COP 21) se adoptaron los compromisos más trascendentales que hasta hoy se hayan podido lograr para combatir el cambio climático, los cuales conformaron el Acuerdo de París.
En ese acuerdo, México se comprometió a una reducción no condicionada del 22% de los gases de efecto invernadero y del 51% de carbono negro (el producto que resulta de la combustión de diésel, combustoleo y leña), así como a reducir las emisiones del sector industrial generando 35% de energía limpia en el 2024 y 43% en el 2030, compromisos que definitivamente no se cumplirán por la contrarreforma energética emprendida por el Gobierno federal y que pretende cambios en la industria eléctrica y de hidrocarburos para regresar al uso del carbón y del combustóleo como principales fuentes de energía, hacer inviable el tránsito hacia las energías renovables y fortalecer los monopolios estatales de Pemex y la CFE en perjuicio de la economía y de los consumidores.
No solamente no se cumplirá con los compromisos establecidos; deliberadamente se avanzará en el sentido contrario al que marcha el resto del mundo y a la dirección que demanda la salud, la seguridad y el bienestar de los mexicanos.
El jueves pasado, Día Mundial de la Tierra, se celebró una cumbre con la participación de lideres de 40 países convocada por el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para revisar las contribuciones de cada país en torno a la crisis climática.
Biden se comprometió a reducir las emisiones de su país a la mitad de los niveles de 2005 para finales de esta década, y otros dirigentes mundiales también se comprometieron a acelerar los recortes a sus propias emisiones, restaurar los bosques, eliminar las plantas de carbón y poner a la gente a trabajar en la construcción de turbinas eólicas y paneles solares.
El Gobierno de nuestro país, sin embargo, evadió dar cuenta del avance en los compromisos establecidos en París y evitó explicar por qué nuestras políticas públicas energética y ambiental van en contra del esfuerzo que hacen la mayoría de los países.
Frente a esta realidad, solo queda confiar en que los gobiernos de los estados y de los municipios impulsen acciones concretas para detener y contrarrestar los graves efectos del cambio climático que, desgraciadamente, hace aún más vulnerables a los sectores ya de por sí desfavorecidos por la pobreza y la marginación.