Los negocios de TI en el Infonavit
Existen irregularidades constantes en los contratos relacionados con la Subdirección General de Tecnologías de Información del Infonavit, que dirige Carlos Martínez.
De manera reiterada se presentan incumplimientos a la normatividad general del Instituto y deficiencias en el control de operaciones en los procesos.
La más grave es el uso recurrente e injustificado de compras directas al amparo del artículo 10 de las Políticas Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Contratación de Servicios.
Y es que se aduce como causal de excepción para contratar mediante compras directas y sin acreditar debidamente las excepciones. Con el truco se ha beneficiado a un grupo de firmas “amigas”.
Debido a las irregularidades encontradas por la Contraloría General se amonestó a José Francisco Monroy, ya que lo responsabilizaron de las decisiones tomadas para la asignación de contratos.
El funcionario renunció tras manifestar su inconformidad con la sanción a su jefe, el subdirector general de TI, ya que las decisiones fueron tomadas directamente por él, Raúl González Reyna.
Este se ha visto envuelto en manejos poco transparentes y decisiones inexplicables, que con tal de beneficiar a empresas con las que tiene relación, ha incurrido en conductas que afectan al Infonavit.
Datavision Digital, S.A. de C.V. está relacionada con diversas operaciones anómalas, incluyendo licitaciones arregladas y adjudicaciones fuera de las normas en diversas compañías.
Otra: en 2019 el Infonavit adjudicó el contrato de fábrica de software para SAP a Inndot, S.A. de C.V. Le fueron otorgados dos contratos, uno por 246 millones de pesos y el otro es por 89 millones.
Inndot fue señalada de participar en la “estafa maestra”, pues en 2014 la Universidad Autónoma del Estado de México suscribió un convenio con la Sedesol para el desarrollo de una plataforma tecnológica.
Anexa Telecomunicaciones, S.A. de C.V. es otra que se integró a la fila de proveedores del Infonavit a partir de la llegada de González Reyna. Ganó dos contratos de 23 millones de pesos cada uno.
El segundo convenio se le adjudicó a pesar de que fue penalizada por múltiples irregularidades durante el primero; además, están negociando un nuevo contrato multianual.
Anexa tiene vínculos directos con González: fue constituida en Sonora, de donde es oriundo, y hay personajes cercanos a él que han participado en la negociación para la asignación de los contratos.
El área de TI del Infonavit una verdadera cueva de Ali Baba.
ESCÁNDALO EL QUE
se le avecina en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX al magistrado José Francisco Huber Olea, conocido como #HuberLordFerrari, por su gusto por los autos de lujo y haber propuesto una fianza por 450 mil pesos a Sergio Aguayo en la polémica demanda que le puso el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. La forma con que se mueve le ha llevado a tener incluso una extensa colección de obras de arte, muchas de las cuales decoran su oficina. Ese modo de vida encendió ya focos rojos en la 4T, por lo que seguramente Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, pondrá atención. Se comenta en los pasillos del tribunal que a este magistrado le cayeron 18 juicios que la Cooperativa Cruz Azul tiene contra Guillermo Álvarez, y que para obtener un trato favorable le obsequió varios carros deportivos. ¿Será?
MUCHAS GRANDES EMPRESAS
han encontrado en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) un blindaje para evitar los requerimientos que les hacen tanto el SAT, que preside Raquel Buenrostro, como la Procuraduría Fiscal de la Federación, que encabeza Carlos Romero Aranda. Se estima que en esa instancia que tiene como titular en funciones a Luis Alberto Plascencia hay más de 50 mil millones de pesos que las autoridades no han podido cobrar. Varias transnacionales con operaciones en México se han acogido a la protección de la Prodecon. Una de ellas es Fiat Chrysler, que preside Bruno Cattori. El SAT le está demandando el pago de unos 800 millones de pesos.
LOS QUE “PLANCHARON”
su situación con la 4T fueron los de Posadas. Intervino el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, para que Raquel Buenrostro respetara el acuerdo que la empresa dirigida por José Carlos Azcárraga firmó en 2017 para pagar 2 mil 500 millones de pesos de impuestos diferidos en el tiempo. La actual jefa del SAT desconoció el convenio que se suscribió con Osvaldo Santín. Pretendía que se pagaran 900 millones de pesos de golpe este año. Fue Pablo Azcárraga el que cabildeó el tema y logró que se mantuvieran las anualidades. Con un crédito de GBM, de Alonso de Garay y Diego Ramos, se liquidaron los 300 millones de este año. Quedan pendientes 2022 y 2023.
ACABA DE HABER
asamblea general extraordinaria de accionistas en Grupo TMM, que dirige Vanessa Serrano. Se aprobó una propuesta para hacer un aumento de capital social en la parte fija por un monto de hasta 420 millones de pesos, que equivale a 44 millones de acciones a un precio de 9.84 pesos por título pagaderos en efectivo y/o por capitalización de pasivos. El precio por acción que se acordó deviene de un estudio que se encomendó a un grupo de firmas especializadas independientes, que refleja el valor de la compañía que fundó José Serrano Segovia.
ESTE VIERNES SE
cumple el enésimo plazo del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la venta de FoxSports. La novedad es que otra vez hizo su aparición el consorcio español MediaPro, que capitanea Jaume Roures, que meses atrás se había retirado. Le comenté en su momento que este grupo hispano especializado en medios le produce a Disney, la parte vendedora, contenidos que se transmiten en ESPN, que es el otro canal de deportes del conglomerado que preside Bob Chapek. El regulador que preside Adolfo Cuevas tiene una segunda oferta.