30 alcaldes cobrando doble salario es una deformación del Estado: Araúz
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ASEGURA QUE NO HA RECIBIDO EL INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA INVESTIGAR.
Tras una publicación de la Contraloría General de la República donde expone los nombres de los 30 alcaldes que cobran por su cargo de elección popular además de estar emplanillados en diferentes instituciones estatales, el Tribunal de Cuentas asegura que no ha recibido el informe de la institución fiscalizadora de los bienes estatales.
Álvaro Visuetti, magistrado del Tribunal de Cuentas, enfatizó que “nosotros trabajamos con los informes que nos manda la Contraloría General y no tengo conocimiento de que ha llegado un informe sobre ese tema”, aclaró Visuetti.
El magistrado de cuentas aclaró que cuando el informe llegue el tribunal se le dará la celeridad que eso amerita “porque investigamos en base a denuncias que presente la Contraloría”, puntualizó.
Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, sostuvo que “hay que diferenciar el hecho de que esta situación está contemplada en leyes de distintas instituciones donde se permite con una deformación del Estado en cuanto a que se ha ido creando una serie de privilegios que a los ojos de la sociedad causan rechazo”, inquirió el letrado.
Araúz agregó que esa misma deformación es el reflejo del desgaste que evidencia que el Estado panameño atravieza una necesaria reforma estructural involucrando el uso de los fondos públicos con mayor eficiencia.
Carlos Lee, representante de la sociedad civil, catalogó la situación como escandalosa toda vez que Panamá es uno de los países con la peor distribución de la riqueza.
-Sin embargo-, continuó diciendo Lee, “tenemos que reconocer que los únicos cargos que se les permite tener dos salarios de parte del Estado son los de elección popular”, sin embargo explicó que se requiere una modificación para quienes son elegidos para un cargo de elección tengan licencia sin sueldo, “porque debo entender que el principio es que no pierdan su antigüedad laboral en el período que van a ejercer”.
Agrega Lee, que seguramente la institución donde labora el funcionario electo, debe nombrar a otra persona para que realice el trabajo que él [el funcionario] dejó de hacer “estamos hablando de un alto gasto”, concluyó.