Sobre las reformas electorales
El deterioro de nuestros HD es tal, que aun actuando debidamente, la ciudadanía solo visualiza cosas turbias de lo que ocurre dentro del hemiciclo. Las campañas en su contra han sido tan efectivas que se cree de ellos “lo que es y a lo que no es”, y al no haber correctivos, poco podrán hacer para revertir la situación.
Cada cinco años se hace imperativo revisar la legislación electoral, pues estamos convencidos de que en las “reglas del juego” está la causa de que a los “honestos” les rechace el electorado, el que sigue favoreciendo a los “corruptos”.
Nuestras elecciones recrean un auténtico ambiente de carnaval, auspiciado por todos los sectores y partidos en pugna. Y por supuesto que quien cuente con más recursos, “más cohetes quemará en la tuna”.
El debate sobre el tope a los gastos de campaña, no tendrá fin. Son pocos los candidatos con “gruesas billeteras” propias, así que el común deberá “pasar el sombrero”, a riesgo de comprometer su curul con el “patrocinador”.
La solución salomónica sería tomar el número de electorado de cada circuito, y tal como ocurre con el subsidio electoral, asignarle una cifra por cada elector y ¡santo remedio!. Pero ni esto, ni con la igualdad de género, ni con la eliminación del fuero electoral, se confronta el verdadero problema.
Nadie ha propuesto someter la actuación de los funcionarios de elección popular al control ciudadano. Al no existir mecanismos institucionales que obliguen a los HD a actuar como genuinos voceros de sus electores, todo seguirá igual.
Una reglada sumisión a los ciudadanos, explicando sus votos, y rindiendo cuentas, pondría en segundo plano esas prácticas de llegar a las comunidades con bonos y sacos de comida, comprados con fondos públicos. Mientras esto subsista, es absurdo concebir que el HD actúa en el proceso de elaboración de las leyes, ostentando la representación democrática de sus electores.
Si dentro del hemiciclo el voto del HD no recoge la voz de sus electores, la democracia representativa panameña degeneró en una farsa, pues las leyes son simples consensos de voluntades de un grupo con rango de HD.