Sociedad panameña dice no a las reformas electorales
DIVERSOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HAN CONVOCADO PROTESTAS PARA AYER Y MAÑANA.
La credibilidad del torneo electoral de 2024 podría estar en juego, luego del rechazo de los magistrados del Tribunal Electoral del recién aprobado proyecto de ley 544 que reforma el Código Electoral.
Son varios los artículos aprobados por los diputados que entran en desequilibrio y discordancia con los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que motivaron el rechazo a la norma aprobada en tercer debate.
La forma de asignar curules en los circuitos plurinominales, la eliminación de la válvula de escape que permite que los partidos políticos no cumplan real y efectivamente con el derecho de la participación de la mujer en condiciones de igualdad y la inequidad en la distribución del financiamiento público preelectoral entre los partidos políticos y los candidatos por libre postulación son apenas algunos de los ya citados artículos controversiales que motivaron el rechazo al proyecto.
Rechazo ciudadano
Desde las elecciones generales de 2014 el Tribunal Electoral viene recibiendo duras críticas de muchos sectores de la sociedad panameña y ha quedado en el olvido social el buen nombre y seriedad de esta institución de los primeros años de la era democrática instaurada en 1990.
Para el doctor en derecho constitucional de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, “esto forma parte de una farsa permanente que los señores magistrados del TE se complacen en llevar a cabo para mantener el fraude que ellos apadrinan con un Código Electoral impuesto y con reformas que no democratizan absolutamente nada, sino que dejan todo igual o peor de lo que estaba”.
El jurista comparó la acción de los magistrados con el tomado por el gobernador romano Poncio Pilatos y agregó que tal acto no aporta nada.
“Me parece sano que todos los sectores de la ciudadanía sin distingo alguno protestemos y respaldemos las distintas convocatorias que se están dando y que tienen como finalidad repudiar más que las reformas el engaño de parte de los diputados y los magistrados del Tribunal Electoral”, concluyó Bernal.
En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, esto no es más que el papel que le corresponde al TE, pero existe un mecanismo de excluir del ordenamiento jurídico toda norma que no atienda principios de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Esto corresponde cuando los magistrados interpreten las normas las puedan aplicar en el universo de asuntos que se puedan convertir en asuntos litigiosos”, apuntó Araúz.
El letrado afirma que lo que se busca es que ninguna norma esté por debajo de los estándares mínimos de justicia y en este caso de los derechos políticos, debe permitirse que se palique en un estado democrático.
“Panamá a lo largo del tiempo ha demostrado que no existen normas a la panameña, sino que las normas tienen que cumplir estándares mínimos de progresión de derechos humanos y cada vez que se cuestiona el contenido de una ley se pone en contexto si la norma cumple el estándar o no”, señaló.
El abogado, Alfonso Fraguela deja claro que luego de la aprobación del proyecto de ley 544, “se deja la línea abierta para su sanción o veto presidencial tal cual contempla nuestra constitución política”. Agrega que cuando los magistrados del Tribunal Electoral decidieron levantarse de la mesa en la Asamblea Nacional, fue una declaración de guerra.
Hay dos escenarios según el abogado: el presidente rechaza por inexequible el proyecto 544, y la Asamblea insisten en su aprobación, quedando en manos de la Corte. Y el segundo, el presidente agotado los 30 días que dispone la Constitución, no remite las objeciones a la Asamblea, obligándolo a sancionar el proyecto y pese a ello mantiene su renuencia, entonces lo sancionaría el presidente de la Asamblea quien igualmente la promulgaría.
“El documento final fue aprobado en tercer debate pese a las muestras de repudio, y ahora queda en manos, del presidente sancionarla y promulgarla o vetarla” Fraguela