¿Delito de lesa humanidad?
Sorprende el crecimiento exponencial de los censuradores oficiosos y la ligereza con la cual despotrican contra cualquiera que dude de la supuesta pandemia o disienta del manejo de la crisis sanitaria asociada al SARS-CoV2 y no se diga de cuestionar la inoculación; basta catalogar de “anti-vacunas” a algún disidente, para que los émulos de Torquemada y otros tantos cientificistas, propongan su linchamiento.
Ello así, probablemente a consecuencia de haber aceptado como válida la denominación de vacuna para un compuesto de síntesis, obtenido a través de métodos de ingeniería genética, que no obtuvo licencia de comercialización, de la FDA, sino autorización para uso de emergencia (EUA) y, además, de comprobada ineficacia y riesgo. Según la Real Academia de la Lengua Española, sofisma es un argumento falso con apariencia de verdad; concepto aplicable a lo ocurrido con el fraude científico del siglo XXI, que, gracias al pánico generado, producto de la manipulación psicológica, facilitó el consentimiento para el confinamiento, el distanciamiento social y la mascarilla, culminando con la imploración de la “vacuna”.
La más reciente afrenta es la sanción impuesta a la Directora Nacional de Farmacias y Drogas, por recomendar no administrar “vacunas” expiradas; dada la existencia de varios lotes, para uso pediátrico, vencidas el 31 de marzo de 2022, ante el cuestionamiento surgido, el Ministerio de Salud, aseguró NO haber aplicado “vacunas” vencidas, porque el fabricante del biofármaco, previamente extendió su vigencia; confesando además que, la sanción se debió a la violación del “pacto de confidencialidad”, suscrito con el proveedor. Curiosamente, la extensión de la vigencia, acto verdaderamente prodigioso, fue ignorado por los celosos guardianes de las evidencias científicas. Pero lo preocupante no son los excesos de “autoridades” subordinadas a las corporaciones beneficiarias del fraude, sino el silencio abismal de las organizaciones del sector salud, docente, estudiantil, laboral; defensores de los derechos humanos, etc., etc.
Por simple respeto a la dignidad ciudadana, se impone una investigación integral de los hechos; es menester precisar los detalles de la injerencia del proveedor, tanto en la milagrosa ampliación de la vigencia del biofármaco, como en la imposición de la sanción disciplinaria. Alan F. Holmer, figura prominente de Big Pharma dijo: “las ganancias extraordinarias nos estimulan a ser extraordinariamente creativos”. Y vaya que si, el Artículo 125 de la Ley 1, de 10 de enero 2001, sobre Medicamentos, dispone: “las instituciones públicas de salud se reservan el derecho de realizar ajustes técnicos o correctivos a las condiciones pactadas... salvando siempre la justa relación económica-financiera y el justo reconocimiento de cualquier perjuicio que pudiera ocasionarse a las partes”. Urge aclarar si la prioridad de las autoridades de salud es garantizar las ganancias del proveedor del biofármaco o salvaguardar la vida y la salud de la población. Reitero, los niños NO deben ser inoculados, porque no la necesitan y porque los riesgos de perjuicio a su salud son excesivos e injustificables. Urge ponerle un alto definitivo a la manipulación psicológica, a los excesos administrativos, restaurar el respeto a la dignidad e integridad de los derechos ciudadanos; deslindar responsabilidades y demandar a quienes resulten implicados, en el probable delito de lesa humanidad. No es tiempo para dirigentes venales ni timoratos, pero tampoco para resignarse ante la tiranía “sanitaria”. ¿Usted qué opina?