El Siglo

Una vez más

- ALFONSO FRAGUELA OPINION@ELSIGLO.COM.PA

Hace algún tiempo, recuerdo que hablé con unos abogados, y les sugerí que debíamos iniciar una campaña encaminada a que los ciudadanos conocieran sus derechos.

Para ello, propuse que lo hiciéramos con un periódico, para hacer tirajes en versión económica de la Constituci­ón Política, y obseguiarl­os en el aniversari­o del día del abogado.¿Por qué considero prudente hacerlo? es simple la respuesta, nadie puede exigir el respeto a su derecho si lo desconoce.

Hago esta antesala porque lo último que hemos visto es una iniciativa que busca regular la profesión de politólogo, con el único fin que una casta idónea sea la que sea la única dueña de la verdad.

Me preocupa de sobre manera que cada vez sea más frecuentes que los diputados busquen regular redes sociales, las supuestas fake news, y ahora la opinión y el pensamient­o ciudadano.

La Declaració­n Universal de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948, dispone en los artículos 18 y 19 la libertad de pensamient­o y de opinión respectiva­mente, los cuales son derechos humanos del individuo.

Crear normas que supuestame­nte, buscan regular una profesión ligada a lo descrito en renglones superiores, no es mas que un acto lesivo a los derechos de la persona.

Ya que se busca restringir las opiniones y moldearlas, igual que lo hacen los gobiernos dictatoria­les y opresores que quieren restringir cualquier informació­n que represente un peligro para sus intereses.

Lo que debería ser excepciona­l, se convierte en lo usual obligando al ciudadano a observar con cierta malicia actos que vulneren sus derechos.Los diputados, deben estar claros que están ahí por el voto popular para dar vida a leyes que beneficien a la sociedad, y no para restringir ni legislar en contra de quienes le permiten estar donde están.Leyes que violan preceptos constituci­onales, tratados internacio­nales y hasta principios y derechos es lo que sale del horno legislativ­o.

Todo esto nos obliga a recurrir a la Corte Suprema para presentar acciones de inconstitu­cionalidad, por normas que jamás debieron salir de la Asamblea Nacional y menos ser sancionada­s por el Presidente de la República.

Luego del rechazo generaliza­do el anteproyec­to 119 de 20 de septiembre de 2022, fue archivado por la Comisión de Trabajo, Salud, y Desarrollo Social.Esto nos obliga a seguir atentos a cualquier acto, encaminado a restarnos derechos reconocido­s mundialmen­te desde que nacemos.

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