Crimen organizado perdió más de $22 millones en 2022
A PESAR DE QUE EL EJECUTIVO MANDÓ A LA ASAMBLEA EL PROYECTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN 2021 AÚN NO SE APRUEBA.
Los organismos de seguridad nacional y el Ministerio Público lograron, en el año 2022 desarticular varias organizaciones criminales a las cuales le incautaron más de $22 millones en cuentas bancarias, fincas con ganado, propiedades, entidades financieras y automóviles.
Un total de 113 vehículos, muchos de ellos de lujo, 127 personas legalmente aprehendidas y en investigación, 5,386 kilos de cocaína, 201,738 dólares en efectivo y 190 mil dólares en sociedades anónimas es parte de lo decomisado a grupos que se mueven en el oscuro mundo del narcotráfico y crimen organizado, ver gráfica.
Sistema actual vs ley de extinción de dominio
Con el sistema actual los bienes obtenidos con fondos del narcotráfico, vinculados a las operaciones desarrolladas, cuyos poseedores no hayan sido identificados o vinculados en el proceso, se constituyen como terceros afectados y en muchas ocasiones logran recuperar dichos bienes aprehendidos.
Con una ley de extinción de dominio, justificar bienes obtenidos de actividades ilegales se convierte en una figura vinculante a las investigaciones y permite a las autoridades echar mano de los recursos económicos de las organizaciones delictivas.
En el sistema actual los bienes se deterioran, mientras que con la ley de extinción de dominio hay disponibilidad de estos bienes incautados en un período oportuno.
La Ley 51 de 2013 permite la venta de los bienes decomisados por ingresos menores al costo real, la ley 625 de extinción de dominio le da sostenibilidad a las instituciones del Estado en un tiempo razonable.
Mientras que con la legislación actual se generan costos al Estado, en relación al mantenimiento y administración, con la ley de extinción de dominio se puede realizar la venta de los bienes en menor tiempo para evitar su depreciación.
En cuanto al dinero aprehendido hoy no se puede hacer uso de ellos hasta que haya una sentencia condenatoria, mientras que la ley de extinción de dominio permite que las cuentas cauteladas en banco puedan generar ingresos a través de cuentas comerciales.
Dicho proyecto de ley 625 de extinción de dominio de bienes ilícitos, tuvo su nacimiento en el año 2014 cuando se realizó el primer esfuerzo para promover el marco narrativo contra los bienes de origen ilícito, cuando la Procuraduría General de la Nación lo presentó como proyecto de ley 104, en ese entonces buscaba la misma regulación del proyecto Ejecutivo actual.
El 27 de abril de 2021 fue presentado ante el Consejo de Gabinete y, luego de su aprobación al día siguiente, el 28 de abril de 2021 fue presentado en el pleno de la Asamblea Nacional como proyecto de ley 625, que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, desde entonces, pese a múltiples esfuerzos de parte del ministro de Seguridad, Juan Pino, los diputados no lo han presentado a la discusión de los 71 diputados.
Uno de sus más acérrimos críticos es el profesor de Derecho de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, quien plantea que la norma como está, encierra un peligro para las garantías ciudadanas.
“Creo que lo más saludable es que se rechace de plano este proyecto de ley porque además viola flagrantemente nuestra Constitución”, apunta Bernal.
Por su parte el ministro Pino, defiende la norma, concretamente ha dicho que el proyecto ya citado, solo busca debilitar el poder financiero de las organizaciones criminales locales e internacionales.