Sobre la regulación de la profesión de historiador
El anteproyecto de ley “Que regula el ejercicio profesional de la profesión de historiador, crea el Consejo Superior de la Profesión de Historiador y establece otras disposiciones”, presentado a la Asamblea Nacional el 1 de septiembre de 2020, por un grupo de historiadores de la Universidad de Panamá y divulgado a través de la prensa escrita y en redes virtuales, ha generado todo una serie de discusiones, algunas muy alejadas de un debate racional sobre un tema de más importancia colectiva de la que a primera vista pudiera parecer.
El debate producido sobre el anteproyecto muestra de qué manera nuestras estructuras cognitivas son develadas por diversos medios, uno de estos a través de la escritura. La escritura pone de relieve todo el engranaje de ideas y pensamientos adquiridos en los diferentes contextos en los cuales hemos convivido e interactuado física o virtualmente. En ese sentido, algunos comentarios conectados con el tema del anteproyecto han evidenciado toda una serie de debilidades en cuanto a la comunicación asertiva; es decir, la capacidad “mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar, y actuando desde una perspectiva de autoconfianza”.
Incluso, existe la tendencia de algunos columnistas que, al abordar la temática reproducen ideas aferradas a legitimar -exclusivamente- la producción de conocimientos en conexión con una “monocultura de la escala dominante de un pensamiento” localizado geopolíticamente en el Occidente, un “lugar de enunciación asociado al poder imperial”, lo cual constituye un grave sesgo intelectual, si tomamos en cuenta la existencia de producciones de conocimientos a nivel planetario.
Boaventura de Sousa Santos, en Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social, explica al respecto lo siguiente: “Uno de los mecanismos empleados para producir ausencia es “inferiorizar” … (es decir) una manera descalificada de alternativa a lo hegemónico, precisamente por ser inferior… (es una) racionalidad perezosa… produce como ausente mucha realidad que podría estar presente”. De allí la importancia de regular el ejercicio profesional de la profesión de historiador, tomando como eje fundamental que su función principal consiste en interpretar los acontecimientos, haciendo uso de su formación científica para producir saberes desde nuestros referentes históricos y en conexión con lo transnacional.
Saberes que deberían ser empleados como herramientas cognitivas en la elaboración de políticas públicas de forma efectiva, tomando en consideración los siguientes aspectos:1- los historiadores deben interpretar los acontecimientos históricos, evitando legitimar discursos oficiales cuyo contenido tenga la finalidad de hacer parecer natural ambientes caracterizados por patologías de inequidad social e imaginarios colectivos discriminatorios y excluyentes; 2- deben ser historiadores con una visión holística, para lo cual se requiere de una formación interdisciplinaria, científica y de contactos con académicos en diferentes escenarios transnacionales. Situación viable en el contexto de la Quinta Revolución Tecnológica, caracterizada por una intensa interconectividad; en la cual el concepto de territorialidad y de presencia física de investigadores no debe constituir un obstáculo para la construcción de nuevos saberes y 3- los funcionarios encargados de administrar, coordinar, planificar y poner en ejecución los proyectos estatales deberían tener como prioridad el desarrollo humano y el fortalecimiento del bien común.
De lo escrito se desprende la necesidad de debatir sobre una Ley “Que regula el ejercicio profesional de la profesión de historiador…”, de modo claro, abierto y de manera urgente.