Casco Viejo y Santa Ana: vivienda social y la nueva centralidad
La Boyacá, la Casa de Francia y la Casa Rosada fueron consumidas por el fuego en Casco Viejo en el 2018. El fuego dejó expuesta -en el caso de la Boyacá- parte de la muralla de tierra, llevando al debate la restitución de la vivienda o dejar en evidencia elementos patrimoniales que habían quedado ocultos. La discusión sobre si hacemos la vivienda o dejamos la muralla, la dejo a los puristas y conservacionistas.
El 24 de enero de este año, una casa en calle 14, en Santa Ana, fue consumida por las llamas, dejando a seis familias en la calle. Hoy, en octubre del mismo año, otro caserón se derrumba en el barrio de Santa Ana. De fuentes públicas se encuentra que al 2019 había en El Chorrillo 24 viviendas condenadas, y 22 en San Felipe. Lo cierto es que los barrios centrales están perdiendo oferta de vivienda para estratos sociales populares, que, en algunos casos, tenían una relación generacional con Santa Ana y El Chorrillo.
Es importante señalar que Santa Ana y El Chorrillo no son parte del Casco Viejo, pero sí son barrios contiguos y forman parte del entorno inmediato del Conjunto Monumental.
Los panameños que se quedaron sin vivienda por fuego o por deterioro de los edificios condenados en Santa Ana y El Chorrillo, no son sectores económicos en capacidad de adquirir una vivienda en el mercado inmobiliario -especulativo- que se oferta en el área. Ellos son pobres urbanos y con derecho a los beneficios de la nueva centralidad que ha recuperado los corregimientos de Santa Ana, El Chorrillo y San Felipe.
La nueva centralidad urbana tiene que ver con una expresión urbana-funcional, determinada por la inversión y la concentración de una nueva oferta de bienes y servicios que atraen nuevas actividades económicas y funciones y que reestructuran la dimensión metropolitana.
Lo anterior tiene que ver con la millonaria inversión en mejora de la vivienda privada, por la inversión pública en infraestructura de servicios básicos (agua, energía, conectividad, equipamiento deportivo y espacios abiertos (Maracaná y Cinta Costera II y III). La dinamización de la actividad económica por inversión privada en hoteles y restaurantes -deprimida hoy por la COVID- se expresó en su momento en servicios turísticos, personales, hotelería, artesanías, etc. Destacan los esfuerzos recientes de movilidad -como la peatonización- que aboga para su recuperación económica, lo que le puede otorgar al Casco Viejo otras cualidades de acceso y, probablemente, una oportunidad de recuperación en el nuevo contexto de la pandemia.
El Casco Viejo tiene una categoría de protección patrimonial otorgada a dos niveles. Micultura administra el sitio bajo una legislación de protección con la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico y otras agencias públicas, que procuran una gobernabilidad en lo urbano y funcional.
La Unesco le otorgó al Conjunto Monumental la categoría de Patrimonio Mundial con otro alcance en su administración y manejo.
La Constitución establece que el goce del patrimonio cultural es un derecho ciudadano y corresponde a las autoridades que ello se cumpla. El patrimonio cultural es un ente vivo, heterogéneo y complejo, con elementos que toman expresión desde la dimensión social y económica. Es responsabilidad del Estado garantizar este aspecto.
Los barrios centrales de Santa Ana y El Chorrillo, contiguos al Casco Viejo, están siendo deteriorados desde la composición de su tejido social y la obsolescencia de lo arquitectónico. Este fenómeno cualitativo está mediatizado por el deterioro de los edificios (casas condenadas), la especulación inmobiliaria y el reemplazo del tejido social; donde otro estrato, de poder económico superior, desplaza al que tradicionalmente habitaba el lugar. La heterogeneidad del barrio y el proceso de gentrificación tienen lugar sin ser observados de manera directa; donde la oferta de vivienda social es escasa o no existe.
Un proceso reciente, y que no está siendo monitoreado desde lo formal, es la presión que está recibiendo por migraciones de población extranjera que hoy habitan Santa Ana y El Chorrillo. Hay arepas y pan de bono en las calles del centro de la ciudad, elementos que enriquecen no solo el tejido social, sino la oferta cultural.
La política de vivienda social, consignada en las letras de los planes de manejo del Casco Viejo y del Miviot, no parece atender las necesidades de las personas que vienen perdiendo la vivienda en el Centro Histórico y en los barrios aledaños, dejándolas fuera de los beneficios de la nueva centralidad que viene gozando el Centro Histórico y barrios aledaños.
Invito a la Dirección de Patrimonio Histórico, a la Oficina del Casco Antiguo y al Miviot a articular acciones para ejercer la gobernabilidad que le otorga la Ley, para producir la vivienda social en el barrio histórico y su entorno y producir una ciudad más heterogénea.
La inversión pública en vivienda social debe reconocer que el sector económico de la construcción tiene una gran capacidad de generar actividad económica hacia delante y hacia atrás. Los sectores populares de San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo merecen continuar viviendo en su entorno urbano -patrimonial-, gozando, además, de las oportunidades económicas y sociales que le ha otorgado la nueva centralidad.
Expongo el tema, e invito a la discusión y a la acción.
"Los sectores populares de San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo merecen continuar viviendo en su entorno urbano [...], gozando [...] de las oportunidades económicas y sociales [...]"