Fondo de Ahorro de Panamá, su importancia en época de crisis
El Fondo, creado como parte de una política pública de ahorro por el proceso de privatización, ha aportado $105 millones a la lucha contra la covid-19
La idea del gran proyecto de Estado de obtener la administración del Canal de Panamá y posteriormente la ampliación de este a través del tercer juego de esclusas, llevó a la clase política a repensar una nueva estrategia para la creación del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), con el fin de fomentar una cultura de ahorro y reserva a la que se podría acudir en caso de una catástrofe natural o una recesión profunda
Panamá, a diferencia de otros países del mundo, es un territorio privilegiado. Esa premisa es correcta en el sentido de que no han ocurrido mayores accidentes o desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones, tsunamis u otros sucesos naturales.
A partir de la década de 1990, con el advenimiento de la democracia a Panamá y con base en los compromisos internacionales inducidos por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), en particular con el llamado consenso de Washington, se estableció la necesidad de privatizar aquellas empresas operadas por el Estado, consideradas ineficientes y, por lo tanto, debían pasar su operación al sector privado. En otras palabras, una política de pasar de lo público a lo privado basada en la concepción de que el Estado es un mal administrador de bienes y servicios en la economía.
Bajo este modelo económico de minimización del Estado en las decisiones económicas y en el cumplimiento de este ‘consenso’, Panamá inicia el ‘Plan Ford’ que incluía, entre otras cosas, un programa de privatizaciones de las empresas estatales, sin embargo, no hubo el tiempo suficiente para lograr materializarlo totalmente. En esta administración se pudo lograr “el proceso clásico de asignar un valor a los bienes de Cítricos de Chiriquí y Cemento Bayano para luego venderlos” (La Estrella de
Panamá, 2012). Destacamos que con la administración de Ernesto Pérez Balladares hubo una continuidad en el proceso de privatizaciones que consistió en establecer empresas mixtas desde el punto de vista jurídico.
Esas metodologías podían ser la venta total o parcial de empresas estatales, energía, telecomunicaciones, cemento, etc., bajo diferentes modalidades de privatizaciones a través de actos públicos establecidos por las instancias del Ministerio de Planificación y Política Económica y el Ministerio de Hacienda y Tesoro.
En ese sentido, y luego de establecer el programa de privatizaciones, la gran pregunta era: ¿Qué se hará con los fondos provenientes de las ventas parciales, totales o concesiones administrativas de las empresas estatales panameñas?
En ese gran debate nacional surge entonces la idea de crear, a través de la Ley 20 de 1995, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD). Este Fondo iba a estar conformado por la venta de las empresas estatales, ventas/concesiones que realizara la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y las utilidades que obtuviesen de la inversión de los fondos y reservas.
En el año 1997 se reglamentó la Ley 20 con el objetivo de establecer una restricción de uso de los rendimientos del fondo que solamente podían ser sujetos a inversiones públicas.
Aunque la idea del FFD era absolutamente buena, lo cierto era que la ley que lo creó mantenía muchas deficiencias y pocos parámetros de blindaje político que permitieran honrar el no uso del capital del Fondo. La ley en ese aspecto era muy débil y, por lo tanto, iba a estar sujeta a los movimientos políticos y no a los intereses nacionales de la sociedad panameña.
La idea del gran proyecto de Estado de obtener la administración del Canal de Panamá, y posteriormente la ampliación de este a través del tercer juego de esclusas, llevó a la clase política a repensar en una nueva estrategia para la creación de un fondo soberano y así surgió el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), para fomentar una cultura de ahorro y reserva a la que se podría acudir en caso de una catástrofe natural o una recesión profunda.
Sus basamentos
El Fondo de Ahorro de Panamá fue creado por medio de la Ley 38 del 5 de junio de 2012, y tiene como objetivos principales: a) establecer un mecanismo de ahorro a largo plazo para el Estado panameño; y b) establecer un mecanismo de estabilización para casos de estado de emergencia (declarado por el Consejo de Gabinete) y desaceleración económica.
Subrayamos que con la creación del FAP se establecieron, a diferencia del FFD, reglas más rígidas para la utilización de esos fondos. Por ejemplo, al contar con una junta directiva, comisión supervisora integrada por gremios nacionales y un equipo técnico, existe tranquilidad con respecto a la administración y uso adecuado del FAP. En el caso de Panamá, la ley señala claramente el propósito del FAP como un mecanismo de ahorro a largo plazo para el Estado panameño. Por lo que el mismo es una herramienta anticíclica para Panamá, y su uso en casos de desastres naturales y desaceleración.
Otras consideraciones
Ahora bien, el FAP mantiene un portafolio global de inversión compuesto por tres clases de activos bajo una asignación estratégica, como sería su estrategia a largo plazo, minimizando los riegos en los mercados de capitales y un retorno aceptable bajo la lógica de los negocios seguros.
Estos presupuestos se alcanzan precisamente por cómo está capitalizado el dinero del FAP en el mercado de capitales. El FAP mantiene un monto global de $1,337 millones, que representan el 2% del PIB nacional, desglosados en su composición orgánica dentro del paquete de inversiones así: 66% en renta fija, 18% en activos líquidos de corta duración y 16% en renta variable.
Cabe señalar que al mantener el FAP su composición orgánica más vinculada a inversiones de renta fija, genera más seguridad en el paquete de inversiones, inclusive con grado de inversión, precisamente por concentrar las inversiones en el componente más seguro en el mercado de capitales.
Por otra parte la colación principal en el portafolio de inversiones la mantenemos en el mercado de capitales de Norteamérica (86%) y Europa (7%).
La pregunta obligada es: ¿qué ha aportado el FAP a la sociedad panameña en tiempos de covid-19?
Ciertamente, debo señalar con mucha responsabilidad que muchos ciudadanos, religiosos, políticos, académicos e inclusive periodistas desconocían la existencia del FAP. En ese sentido, fue necesario modificar la ley del FAP para permitir el uso de sus activos como parte de las medidas para enfrentar la emergencia nacional por el nuevo coronavirus y permitir la flexibilización del déficit fiscal.
Desde la constitución del FAP sus excedentes no habían sido utilizados, hasta este año debido a la pandemia.
A la fecha, según cifras señaladas por el FAP, se han utilizado $105,0 millones en efectivo a través de la liquidación de activos. El uso que se ha dado se desglosa en: compra de vacunas ($20 millones), insumos médicos ($5 millones) y apoyo al Fondo Solidario de Vivienda ($80 millones.
En el componente de la reactivación económica para la construcción de viviendas nos parece muy acertado, sobre todo por los valores agregados que genera en otros sectores y subsectores de la economía, como la construcción, compra de insumos y la generación de empleos.
¿Se podrá utilizar más dinero de ese fondo? Nuestra consideración como Colegio de Economistas es que lo vamos a necesitar y para ello debemos ir preparándonos. Una forma sería utilizar un componente como un fondo de garantías para fomentar créditos para proyectos específicos de infraestructura local para derramar flujos o circulantes necesarios para reactivar la economía.