Polémica por iniciativa de liquidación bancaria, a la Corte Suprema
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, decidió enviar el proyecto de ley sobre liquidaciones bancarias a la Corte Suprema de Justicia, para que esta decida sobre la polémica iniciativa que aprobó por insistencia la Asamblea Nacional. El Ejecutivo lo había vetado por inexequible
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, remitió a la Corte Suprema de Justicia la “objeción de inexequibilidad” en el fondo contra el artículo 4 del proyecto de ley 308 de 2020.
El proyecto de ley adiciona una disposición al Decreto Ley 9 de 1998 sobre el Régimen Bancario.
La objeción de la iniciativa, aprobado por insistencia el 30 de septiembre por la Asamblea Nacional, está en el despacho del magistrado Cecilio Cedalise.
El artículo objetado por Cortizo detalla que la medida, además, se hace retroactiva por un periodo de dos años, bajo el argumento de que se trata de una ley de orden público e interés social, hecho que permite la retroactividad.
La Estrella de Panamá
publicó el lunes 12 de octubre, que en este momento, la Superintendencia de Bancos (SB) lleva a cabo cuatro liquidaciones forzosas a bancos de la localidad: Allbank Corp; FPB Bank Inc.; Banca Privada D’andorra (Panamá), S.A. y ES Bank (Panamá), S.A.
De estos, el único que califica en la categoría de retroactividad es Allbank Corp, de capital venezolano, cuyo proceso empezó el 8 de noviembre de 2019. FPB Bank Inc.; Banca Privada D’andorra (Panamá), S.A. datan el proceso de liquidación forzosa en 2017, mientras que ES Bank (Panamá), S.A., en 2014.
El presidente Cortizo, en el documento enviado a la Asamblea por la objeción, aseguró que el artículo 4 del proyecto de ley 308 de 2020 que establece “que es de orden público y de interés social”, constituye materia que fue introducida por el legislador en segundo debate, luego de haberla excluido de la discusión del primer debate tras acuerdo alcanzado con la Superintendencia de Bancos de Panamá, invitada a participar de dicha discusión, y que, además de “inconveniente”, refleja una redacción que “resulta confusa y desarmoniza” con el resto del texto de la disposición, considerándolo como una medida que “únicamente beneficiaría” a un reducido número de cuentahabientes, en detrimento de la totalidad de los clientes del banco en proceso de liquidación.
El diputado Raúl Pineda, quien presentó el proyecto de ley, indicó que con este proyecto se hace “justicia” a los depositantes para que se equipare la relación entre el cliente y el banco al momento de pagar deudas y recibir sus depósitos.