Ministro de Ambiente solicita que se designe un fiscal superior de ambiente
Su nombramiento permitirá cumplir con la ley que data ya de 22 años y combatir los delitos ambientales en el país
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, solicitó al procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, la designación de un fiscal superior de ambiente.
En una misiva, explicó que desde que se aprobó la ley General de Ambiente en 1998 se creó la Fiscalía Superior de Ambiente y cinco fiscalías de circuito, pero transcurridos 22 años de este hecho, “el mandato legal establecido en dicha norma de crear las fiscalías especializadas en ambiente aún no se ha cumplido”.
En ese sentido, destacó que “la necesidad de contar con un fiscal superior de ambiente en la actualidad es más notoria que nunca”, porque “los delitos ambientales y las distintas modalidades bajo las cuales se comenten han evolucionado, vinculándolos a otros tipos de graves delitos tales como el tráfico de drogas, trata de personas, defraudación aduanera y fiscal, corrupción de servidores públicos, entre otros”.
En su nota, Concepción señaló que, “por ejemplo, los delitos relacionados a la tala ilegal y tráfico de flora y fauna silvestre suelen ser cometidos por grupos criminales organizados que operan a nivel internacional dada la alta demanda de estos recursos naturales y especímenes en el mercado asiático, particularmente”.
Asimismo, añadió que “los delitos ambientales también se han vuelto cada vez más comunes en nuestras aguas jurisdiccionales y en alta mar, razón por la cual organismos internacionales como Interpol han recomendado
El mandato legal establecido en dicha norma de crear las fiscalías especializadas en ambiente aún no se ha cumplido”.
fortalecer la fiscalización gubernamental sobre embarcaciones y colaborar con otros países mediante el intercambio de inteligencia para combatir estos delitos, dado el grado de complejidad que los caracteriza y su vinculación con el crimen organizado”.
Por lo anterior, dijo que el Ministerio de Ambiente, en aras de cumplir con su mandato legal de proteger, conservar, preservar, restaurar el ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, así como asegurar el cumplimiento de las normas ambientales y la política nacional de ambiente (art. 1 Ley 8 de 2015) ha fortalecido sus lazos de trabajo y cooperación con los estamentos de seguridad, a fin de prevenir y sancionar la comisión de faltas y delitos ambientales”.