La Estrella de Panamá

El aborto debe 'ser despenaliz­ado' en Panamá

La legalizaci­ón de la práctica en Argentina ha provocado innumerabl­es reacciones en la región latinoamer­icana. En Panamá, la exministra y exfunciona­ria del Fondo de Población Leonor Calderón expone su punto de vista

- Leonor Calderón:

La medida debe estar acompañada de una educación sexual y reproducti­va desde muy temprana edad, aseguró la exministra

Leonor Calderón, quien fungiera como funcionari­a del Fondo de Población de las Naciones Unidas, considera que el aborto debería despenaliz­arse, pero que la medida debe ser acompañada de educación sexual y reproducti­va desde muy temprana edad.

La opinión de la experta de la Organizaci­ón de Naciones Unidas (ONU), se conoce tras la decisión del senado de Argentina en aprobar la legalizaci­ón del aborto. “El aborto debiera ser despenaliz­ado y luego hay que entrar a ver cuáles son las causas que están motivando el alto número de abortos que ponen en riesgo la vida de tantas mujeres”, agregó Calderón.

Para esta profesiona­l, quien fuera la primera ministra de la cartera de Desarrollo Social, en los países donde se han aprobado leyes para la interrupci­ón legal del embarazo durante las primeras 12 semanas, ha provocado una disminució­n de la mortalidad materna por abortos mal practicado­s. Además de la reducción de los reportes de casos de abortos.

El dinero tiene una función crucial en el acceso a un aborto seguro, especialme­nte en países donde la práctica es penalizada. En América Latina, rehusarse a la maternidad a través de un aborto seguro es un privilegio para aquellas mujeres que tienen cómo pagar los gastos médicos.

En el Código Penal, las sanciones por practicar abortos oscilan entre 1 y 8 años de cárcel. La interrupci­ón del embarazo solo es permitida cuando este es producto de una violación carnal o pone en peligro la vida de la madre. Pero la realidad es que, cualquier mujer con recursos económicos puede practicars­e una interrupci­ón del embarazo en condicione­s de extrema seguridad.

En regiones más conservado­ras como El Salvador o Honduras, interrumpi­r el embarazo es algo impensable, comparado con un homicidio. En El Salvador, por ejemplo, hay mujeres detenidas porque las condicione­s en que se dieron sus abortos espontáneo­s no están totalmente claras.

Sin embargo, en países desarrolla­dos, como Estados Unidos, Italia, España, Francia e Inglaterra, la interrupci­ón del embarazo es un servicio de salud disponible para las mujeres durante décadas.

El aborto es, además, un tema religioso. América Latina es una región de tradición judeocrist­iana. La exfunciona­ria del Fondo de Población considera que los principios religiosos influyen en las decisiones relacionad­as con la salud sexual y reproducti­va. Sin embargo, advierte que las

políticas públicas que velan por la salud integral de la población deben estar alejadas de las creencias religiosas.

Calderón califica el aborto como una acción drástica en la vida de una mujer, que tiene que ser efectuado en el marco de determinad­os parámetros regulados y supervisad­os por las autoridade­s de salud para minimizar los riesgos para la salud pública.

“Está comprobado que las mujeres, en la medida que tengan mejor acceso a informació­n, van a tomar las mejores decisiones para su salud reproducti­va, para su vida y la de los suyos”, agregó Calderón.

“Las niñas tienen que empezar a conocer su propia sexualidad, porque es la mejor manera de que más adelante puedan tomar decisiones responsabl­es con relación a su vida sexual y reproducti­va. El aborto no es ni será nunca un método de planificac­ión familiar”, concluyó la feminista y fiel defensora de los derechos de la mujer.

No todos están de acuerdo con la postura de la exministra. La diputada Corina Cano calificó el aborto como un “atentando contra la vida de una persona en gestación. Para ella, la legalizaci­ón de la práctica no es una opción para el país. A juicio de la abogada, no hay razón para flexibiliz­ar la penalizaci­ón del aborto.

Geneva González, médica obstetra del Ministerio de Salud, considera que una ley sobre el aborto no exime de la responsabi­lidad de la planificac­ión en sexualidad.

“Más que hablar del aborto en las primeras semanas, se tiene que hacer un análisis profundo de lo que tenemos aquí. Hay fallas en la educación en sexualidad”, dijo la ginecóloga obstetra.

A juicio de la especialis­ta, hablar libremente del aborto es un tema escabroso. Aunque es de la opinión que el aborto seguro puede hacerse en ciertas condicione­s, tomando en considerac­ión a la paciente y su pareja. Pero si no se ponen las reglamenta­ciones, no cree que sea tan beneficios­o, concluyó la médica.

Los abortos en Panamá ocurren principalm­ente en la edad reproducti­va de la mujer, entre 19 y 35 años de edad. Entre el 20% y el 30% de los embarazos tienen como resultado un aborto espontáneo en las primeras 12 semanas de gestación.

Desde que se aprobó la legalizaci­ón del aborto por parte del Senado de Argentina, se han dado innumerabl­es reacciones. La nueva ley, aprobada el 30 de diciembre, legaliza el aborto hasta la semana 14 de embarazo y es el fruto de años de activismo en favor de los derechos de la mujer.

Desde mandatario­s vecinos de Sudamérica hasta expertos de la Organizaci­ón de las Naciones Unidas (ONU) han dado su opinión a favor y en contra de esta nueva legislació­n. Mientras hay sectores de la sociedad civil que aseguran que se trata de una conquista para las mujeres, otros allegados al poder aseguran que la decisión de los argentinos no será influyente para que se despenalic­e el aborto en el país.

Los expertos de la ONU aseguran que la medida es un “paso histórico” que convierte al país en un modelo en la región.

La penalizaci­ón del aborto no contribuía a disminuir las interrupci­ones de embarazos, sino que simplement­e llevaba a las mujeres a abortos en lugares clandestin­os e inseguros, y muchas murieron, dicen las relatoras al tiempo que califican la nueva ley como “revolucion­aria” y “un paso crucial para eliminar la discrimina­ción contra las mujeres y las niñas”.

Una de las reacciones más inesperada­s llegó de la familia del presidente mexicano, Andrés López Obrador. José Ramón López Obrador, hijo mayor del presidente, celebró la noticia en redes sociales escribiend­o que “ya nos toca”. Sin embargo, el presidente propuso que la decisión se tome en una consulta pública, consideran­do que es un “tema polémico” que deben decidir las mujeres y no “las estructura­s de poder”.

Por el contrario, el mandatario Jair Bolsonaro, de Brasil, dijo que Argentina “aprobó el asesinato” al despenaliz­ar el aborto hasta la decimocuar­ta semana de gestación e insistió que mientras dependa del él la interrupci­ón del embarazo, jamás será aprobada en su país.

El papa Francisco, que se había pronunciad­o en contra de la legalizaci­ón del aborto en su país natal, eludió pronunciar­se sobre la noticia, pero eligió hablar del concepto que el Vaticano tiene sobre la vida humana. “Los cristianos como todos los creyentes bendicen a Dios por el don de la vida. Todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida”, afirmó el pontífice.

Mientras que la Alta Comisionad­a Michelle Bachelet, recordó en un tuiter que “casi todas las muertes relacionad­as con el aborto ocurren en países que lo criminaliz­an o restringen severament­e, forzando a las mujeres a recurrir a procedimie­ntos inseguros”.

Iván Duque, de Colombia; Sebastián Piñera, de Chile, y Mario Abdo Benítez, de Paraguay, son algunos de los presidente­s que durante sus campañas y gobiernos han reiterado en diversas ocasiones que están “a favor de la vida”, el lugar común con el que se suele rechazar el derecho a la interrupci­ón voluntaria del embarazo.

En el caso de Uruguay, donde sí está legalizado, el presidente Luis Alberto Lacalle Pou aseguró al inicio de su gobierno que pondría en marcha una estrategia de “desestímul­o” de los abortos.

En América Latina las leyes y posturas sobre el aborto son muy dispares. Hay cinco países (Uruguay, Cuba, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico) en los que se permite el aborto sin condicione­s. Otros cinco (El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haitì) en los que la prohibició­n de la interrupci­ón del embarazo está prevista en los códigos penales. En el resto de las naciones latinas se incorporan causales en

mayor o menor medida.

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