Derechos humanos: migración y COVID-19
“¿Serán sujetos y objetos de inoculación todos los migrantes en Panamá, […]? ¿Tienen derecho a ser vacunados […], independientemente de su condición administrativa?”
La acometida de inoculación en los países de América Latina toma un giro particular, desde la perspectiva de derechos humanos y migración. El fenómeno migratorio en la región, particularmente en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, resultante de flujos extracontinentales y regionales, impone importantes reflexiones desde la perspectiva humana y de derechos humanos.
Datos de Naciones Unidas documentan que los 20 países de América Latina registraron, en 2015, un estimado de 31,1 millones de emigrantes, equivalentes al 5 % de su población total. (Cepal-fao, 2019). Estos números excluyen los flujos extracontinentales, cuyas noticias no nos llegan por los noticieros locales, sino por las cadenas noticiosas de Francia y Alemania.
¿Cuál es la dimensión de este fenómeno en Panamá? La Unicef, en un informe de 2020, recoge la siguiente información que permite tener cierta idea local del fenómeno migratorio: “… existen cuatro estaciones de recepción migratoria, tres de estas se encuentran en la provincia de Darién y la cuarta en Los Planes de Gualaca en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica. Las cuatro estaciones albergan un total de 2527 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas de origen caribeño, africano y asiático, en su mayoría de nacionalidad haitiana, congoleña, bangladesí o yemení”. La situación es territorialmente dispar en términos fronterizos y el número, origen, composición etaria y de género es heterogénea, y en número, descomunal.
La dimensión humana de la migración por el Darién expone una realidad dramática. Según fuentes de la Unicef, para 2019, cerca de 24 000 personas, de más de 50 nacionalidades, cruzaron a pie el Tapón del Darién, la selva más peligrosa del mundo; el 16 % de los migrantes eran niños y niñas, mayoritariamente, menores de seis (6) años. Sin embargo, el factor más preocupante fue identificar que el número de niños y niñas migrando a través de esta ruta se multiplicó por siete en un año, pasando de 522 niños y niñas en 2018, a 3956 en 2019. Así mismo se reportaron 411 mujeres gestantes y 65 niños no acompañados. Tratar de imaginar este viaje intercontinental y transfronterizo es difícil de dimensionar, considerando la condición de la salud física y psicológica de estas personas.
Sobre este último aspecto, estudios de Flacso del 2011 afirman importantes conclusiones: “Las personas migrantes y refugiadas extracontinentales, presentan en general un marcado deterioro de su salud física y psicológica, por los procesos de desarraigo, por el largo tránsito, por tener que enfrentar diariamente a autoridades nacionales y otros agentes que desconocen las razones que impulsan a estos flujos en particular a realizar su viaje migratorio y en algunos casos, por encontrarse en largos períodos de detención y la incertidumbre que esto representa. En un periodo de pandemia de COVID-19, este aspecto cobra notable protagonismo, donde las severas restricciones de movilidad, agrega otras condiciones que aportan a la ya deteriorada salud mental y emocional de las personas migrantes.
La situación prepandemia y pospandemia establece importantes diferencias al viaje de estas personas. “Antes de la pandemia, las personas migrantes pasaban, en promedio, una semana en las estaciones migratorias de Panamá, pero desde que el país decretó las medidas para la contención de la COVID-19 se ven obligadas a permanecer en esos centros hasta que se autorice la apertura de las fronteras, lo que cambia su itinerario de viaje y les genera incertidumbre sobre el período que estarán en ese país mientras ven cómo se van agotando sus escasos recursos. (ONU. Migrantes en Panamá: entre sueños y esperanzas en medio de la COVID-19).
El asunto de los derechos humanos y migración son temas de permanente discusión en foros y organizaciones dedicadas al tema de los derechos humanos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas calcula que en la actualidad hay “258 millones de personas que viven fuera de sus países de origen y se sabe que han emigrado por diversos motivos, con los cuales la búsqueda de protección y de oportunidades está entrelazada de manera indisociable”. (Universidad Diego Portales, Chile, 2018). La misma fuente citada afirma que “todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de losderechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición”.
Veamos qué está pasando en el tema de salud, migración y COVID-19. La vecina Colombia, y por declaraciones del presidente Duque, afirmó en estos días, en reportaje de la DW- Deustche Velle para América latina, que los 900 000 migrantes venezolanos -no documentados- en el país, no serán sujetos a la campaña de vacunación contra la COVID-19, sin antes llegar a un acuerdo con la ayuda humanitaria internacional.
Una efectiva campaña de estabilización de la pandemia a nivel nacional tendría éxito si se logra vacunar al mayor número de la población, para, al menos, controlar las muertes y tener posibilidad de reactivar las ya deterioradas economías locales. En países como el nuestro esta circunstancia tendría alto impacto por el volumen de personas migrantes que usan el territorio para pasar a su destino final.
Para añadir más leña al fuego avivado de las vacunas en pandemia, las preguntas se hacen imperativas a los responsables de la salud en el país del Pro Mundi Beneficio. ¿Serán sujetos y objetos de inoculación todos los migrantes en Panamá, independientemente de su origen, estatus y condición? ¿Tienen derecho a ser vacunados los migrantes, independientemente de su condición administrativa?