Empleo, pandemia y ‘harakiri fiscal’
La catástrofe laboral originada por la COVID-19 ha puesto al empleo “de rodillas”. Panamá adoptó las más severas medidas de restricciones de movilidad en Latinoamérica. Con 70 % de sus empleos presenciales, el impacto ha sido devastador. Y, mientras haya cuarentenas y toques de queda, la magnitud del impacto seguirá aumentando.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el 2020, el producto interno bruto (PIB) cayó 17.9 %, cada panameño (a) perdió $1805 y 288 951 trabajadores perdieron sus fuentes de ingreso. En una economía que genera unos 45 mil empleos anuales llevará más de 6 años recuperarlos. 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus trabajos ganaban menos de $750 mensuales.
La planilla estatal aumentó 23.6 % y la totalidad del impacto laboral de la COVID-19 lo está sufriendo el sector privado, que el año pasado perdió 37 % de sus empleos formales, acelerando una tendencia contractiva iniciada en el 2013, cuando los asalariados privados aportaban 53 % de todos los empleos del país, para bajar a 33 % en el 2020, una caída de 20 puntos en 7 años.
Entre el 2010 y 2020 se amplió el Canal, hubo enormes inversiones en infraestructura y se habló de un “boom económico”. Sin embargo, el empleo asalariado privado se redujo en 24 %, al tiempo que la planilla estatal creció 62 % y hoy hay 61 % más informales.
La expansión de la burocracia ha enmascarado la verdadera capacidad de la economía para generar empleo. Si en esos 10 años la planilla estatal no hubiera aumentado, el desempleo sería 25 %, no 18.5 %.
92 % de la expansión del empleo en esa década fue informal. Los informales hoy aportan 53 % de la Población Ocupada No Agrícola, y 44 % de todos los empleos del país. La contracción del empleo asalariado es una tendencia mundial, pero en Panamá ocurrió de manera traumática.
Cada $1 de salario privado contribuye $0.23 a las finanzas del Estado (ISLR, Seguro Educativo, CSS), proveniente de actividades que aportan al PIB. El salario del funcionario también, pero al ser el Estado el empleador, es “sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro”. Los informales, por su parte, aportan poco al financiamiento del funcionamiento estatal.
La masiva destrucción de empleo formal privado equivale a un “harakiri fiscal” y representa la mayor amenaza a la estabilidad económica y social del país. ¿De dónde saldrán los recursos para financiar médicos, hospitales, fuerza pública, subsidios y el andamiaje burocrático del Estado, si no es de la actividad económica? ¿Aumentar los impuestos? Se ha hablado de elevar el ITBMS a 15 %, incrementar las regalías de empresas extranjeras y otras opciones.
El Gobierno ha sido enfático en que no habrá aumento de impuestos. Queda también claro que cualquier ingreso adicional provenientes de nuevas medidas impositivas o tributarias tendrán un impacto negativo sobre las perspectivas de reactivación económica y atracción de inversión extranjera, al margen de que solo servirá para financiar una burocracia estatal sobredimensionada.
El consumo cayó en unos $600 millones mensuales y la economía necesita una inyección mínima de $10 mil millones. Con la grave estrechez fiscal, el alto grado de endeudamiento del Estado y la aguda descapitalización del sector privado, luego de casi un año de cuasiparalización económica, ¿de dónde saldrán esos recursos?
La banca y la inversión extranjera directa parecen opciones obvias a corto y mediano plazo. El financiamiento bancario es el “aceite del motor de la economía”, por lo que deben simplificar y agilizar los procesos, para que la actual liquidez en el sistema bancario llegue a quien la necesita, pero la “satanización” de la banca y el sector privado aporta poco a los esfuerzos por obtener esos recursos.
También es absolutamente crítico atraer inversión extranjera. Pero el cada vez más agresivo discurso xenofóbico, la creciente inestabilidad política y la amenaza de cambio en las reglas de juego a Minera Panamá, la mayor inversión extranjera en la historia de Panamá ($6.7 mil millones) y uno de los principales generadores de empleo formal del país, así como los cuestionamientos hechos a la Ley 508, relacionada a la educación privada, amenazan la seguridad jurídica y sabotean estos esfuerzos.
Hoy, tenemos menos asalariados y el doble de funcionarios de los que había en el 2004, mientras que 2 de cada 3 trabajadores en el país son informales y funcionarios. Estamos ante el peor episodio de destrucción de empleo formal de la historia, así como ante una acelerada precarización y burocratización del empleo. Algo anda mal. Es hora de buscar consensos y soluciones, no “culpables”.