Bolivia, ante más marchas tras una semana del arresto de la expresidente Áñez
Dos meses más de prisión para la expresidente interina Jeanine Áñez, mientras tanto las protestas no cesan
Las tensiones en Bolivia no han cesado este lunes tras una semana del encarcelamiento de la expresidente interina Jeanine Áñez, con marchas oficialistas que repudian el supuesto “golpe de Estado” de 2019 y un cabildo cívico que pide el cese de lo que se considera una “persecución política” contra opositores.
La polarización se ha mantenido en un punto alto aunque de momento no se han reportado enfrentamientos entre bandos que exigen “justicia” por las muertes de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) durante la crisis social que desató la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y los que cuestionan las acciones del gobierno del presidente Luis Arce.
Una convocatoria del “Pacto de Unidad”, que articula a las principales organizaciones indígenas, obreras y campesinas afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ha convocado a manifestaciones en las nueve capitales de departamento del país para esta jornada.
En La Paz se produjo una gran marcha que llegó hasta el centro de la ciudad después de haber partido de la vecina urbe de El Alto y recorrer varios kilómetros.
Esta manifestación mostró algunos muñecos que representaron a la exmandataria interina Áñez y a sus exministros a los que se prendió fuego antes de comenzar un cabildo indígena en la plaza de San Francisco.
Pedimos a la comunidad internacional “manifestarse sobre la injusticia de los que han asesinado” en Senkata y Sacaba, dijo a EFE el dirigente indígena Agustín Cahuana en referencia a la veintena de decesos que se produjeron en enfrentamientos con el Ejército y la Policía hace dos años.
El pedido del presidente
Durante la entrega de una obra en El Alto, el presidente del país, Luis Arce, que hasta hace poco se había mantenido al margen del encarcelamiento de su antecesora Áñez, dijo que “la justicia tiene que traer a todos los culpables” de lo que ha considerado un “golpe de Estado” en las jornadas de octubre y noviembre de 2019.
Arce pidió “la unidad del pueblo ante el ataque de la derecha” y recordó que durante el gobierno interino hubo “muchos hermanos” enjuiciados y amenazados por lo que “vamos a hacer respetar con justicia”.
La tensión entre si fue un “golpe de Estado” o “fraude electoral” ocasionó la crisis de 2019 y se mantiene a pesar de que una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargada por el gobierno del expresidente Morales determinó que sí hubo irregularidades en esos comicios, que finalmente fueron anulados.
Tensiones en otras regiones
Algo que puede activar tensiones regionales es la marcha convocada para la tarde de este lunes por el MAS en Santa Cruz, la región más poblada y próspera del país, y feudo político del exlíder cívico y gobernador electo Luis Fernando Camacho.
Sobre este pesa un proceso judicial por sedición, junto a exjefes militares y policiales y exministros del Gobierno interino que todavía son buscados por la Fiscalía, en el marco del caso conocido como "golpe de Estado".
“Pido al Movimiento al Socialismo que pare esta marcha y que nos deje en paz”, fue el pedido de Centa Rek, senadora del partido de Camacho, que consideró que a la marcha del MAS “viene (gente) de otras regiones a provocar a los cruceños”.
Justamente en la mañana de este lunes una marcha de médicos que mantienen un paro hace varias semanas por la anulación de la ley de emergencia sanitaria se manifestó en respaldo de demandas contrarias a lo que consideran “persecución” de líderes de oposición.
“No más persecución”, fue uno de los pedidos de este colectivo en las calles de Santa Cruz.
Además, para el final de este día está previsto un cabildo de oposición en la ciudad de Trinidad del departamento amazónico de Beni, de donde es oriunda la exmandataria interina Áñez, y que se manifestará contra su encarcelamiento y el de dos de sus exministros.
En esta jornada se ha cumplido una semana del encarcelamiento de Áñez, a quien se le ha negado el traslado a un centro médico en La Paz para que se le trate complicaciones por hipertensión a pesar de contar con una autorización judicial.
La exmandataria ha sido cambiada el pasado fin de semana a una cárcel de mayor seguridad y se le ha aumentado de cuatro a seis meses su permanencia en prisión tras una audiencia que estaba destinada a resolver su libertad a pedido de su defensa.