Venezuela, una mirada a la crisis migratoria
El cierre de fronteras como consecuencia de la pandemia no ha sido obstáculo para que los venezolanos salgan de su país por la crisis política y económica de la nación sudamericana. El Gobierno de Estados Unidos ha decidido otorgar una protección temporal, y Panamá ha sido uno de los destinos favoritos
Las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado, sin importar su nacionalidad, se enfrentan a varios desafíos a la hora de recomenzar sus vidas en su país de acogida. Dentro de los principales desafíos se incluyen el acceso a documentación, a una vivienda digna, a un trabajo formal y estable que les permita subsistir y contribuir a sus comunidades. Además, se registran retos en cuanto al acceso a otros derechos como la educación, particularmente por la documentación requerida por el sistema nacional, y también acceso a servicios de salud y medicinas”.
ACNUR
Según Acnur, actualmente unos 4,6 millones de refugiados y migrantes venezolanos se encuentran en países vecinos de América Latina y el Caribe. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que Panamá adoptó en 2018 supone la promoción de la inclusión y la cohesión social, explica la OIM
Tras enfrentar una intensa debacle sociopolítica y económica, Venezuela ha experimentado una de las mayores diásporas de la región en los últimos años. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el éxodo de refugiados y migrantes de Venezuela se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo más grande, con más de 5 millones de refugiados y migrantes a escala internacional, siendo el 85% acogido por países de América Latina y el Caribe.
En este proceso de movimiento masivo, países como Panamá han servido como receptores para las poblaciones que se mantienen en movilidad constante.
Datos de Human Rights Watch (HRW) demarcan un fenómeno que resulta de la acumulación de poder en el Ejecutivo del país sudamericano “que comenzó durante la presidencia de Hugo Chávez y ha permitido que las autoridades venezolanas intimiden, censuren y castiguen a sus críticos”.
Hoy, el país petrolero hace frente a una emergencia humanitaria “sin precedentes, con grave escasez de medicamentos y alimentos a la cual las autoridades venezolanas no han respondido adecuadamente”, asegura HRW.
Se trata de una crisis que acaricia las fronteras y se ha convertido en el tema central de numerosas disertaciones que buscan una mirada humana y estratégica para la comprensión y tratamiento de lo que podría representar una problemática para las naciones que han servido de receptoras.
Acnur detalla a La Estrella
de Panamá que “la pandemia ha exacerbado los riesgos para las personas venezolanas en la región, ya que gran parte de ellas han perdido sus fuentes de ingresos y ya no logran cubrir necesidades básicas, como la alimentación o el alojamiento, dependiendo cada vez más de la ayuda humanitaria que continúa siendo limitada”.
“A pesar de que las fronteras continúan cerradas, seguimos observando familias que siguen saliendo de su país. La mayoría de estos movimientos se hacen a través de rutas irregulares, lo que aumenta el peligro de estos viajes, incluyendo la exposición a redes de trata y explotación. Es importante que la comunidad internacional continúe apoyando no solo a los refugiados y migrantes de Venezuela, sino también a las comunidades de acogida que se han visto igualmente impactadas por la pandemia”.
¿Un guiño político?
En este marco, países como Colombia, mediante la creación del Estatuto de Protección Temporal anunciado el pasado enero, buscarán la regularización de gran parte de los 1,73 millones de venezolanos que se calcula residen actualmente en ese país de manera regular o irregular, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Una medida catalogada por algunos, como la politóloga Angelika Rettberg, como “una especie de gesto hacia el nuevo gobierno de EE.UU., porque muestra que su política hacia Venezuela no es solo garrote, sino también zanahoria humanitaria, algo que puede ser más afín al gobierno de Joe Biden”, según reseñó BBC.
Desde Estados Unidos, el gobierno dio a conocer el pasado 8 de marzo que otorgará un estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a miles de venezolanos que estén ya en su territorio. Los beneficiarios de este tipo de programas reciben protección contra la deportación y permisos de trabajo temporales.
“Más de 5 millones de refugiados y migrantes de Venezuela han buscado y encontrado seguridad, trabajo, medios de vida, atención médica y otras oportunidades en todo el mundo: 4,6 millones se encuentran en países vecinos de América Latina y el Caribe, de los cuales 1,7 millón están en Colombia”, explica Acnur.
En el informe de ‘Tendencias globales de Acnur 2019’, se registraron en Panamá 136,007 personas refugiadas y/o desplazadas, incluyendo personas refugiadas y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, así como personas venezolanas que se encuentran en Panamá bajo visas de residencia.
De este número, 61 refugiados reconocidos y 3,724 solicitantes de asilo venezolanos. Estas cifras son acumulativas, es decir que no representan los reconocimientos o solicitudes en un solo año.
El rol gubernamental
Las personas que viven en situación irregular y sin documentación “corren un riesgo especial de quedar excluidos y de enfrentar retos para el acceso a sus derechos básicos. El estatus regular abre la puerta a que las familias venezolanas se integren localmente y contribuyan con los países de acogida”, enfatiza el organismo de Naciones Unidas.
Acnur ofrece su apoyo a los gobiernos para que se incorpore un enfoque de protección “coherente y armonizado a las respuestas de protección para las personas venezolanas”. Dichas respuestas incluyen, entre otros, los mecanismos alternativos de estancia legal, incluyendo las visas, los permisos de residencia temporal o mecanismos de protección complementaria, así como otros programas de regularización que garanticen el acceso a los derechos básicos.
“Los países de América Latina han estado a la vanguardia en la respuesta al desplazamiento de venezolanos, incluso a través de iniciativas regionales como el Proceso de Quito, y han demostrado una extraordinaria generosidad hacia las personas refugiadas y migrantes, en algunos casos durante años”, subraya Acnur.
Inclusión
De acuerdo con la agencia
de la ONU, Panamá ha sido un país con una larga tradición de solidaridad y acogida hacia aquellas personas forzadas a huir de sus países. “La organización reconoce y agradece los esfuerzos y acciones del pueblo panameño en recibir y acoger con mucha empatía a refugiados y migrantes”.
Sin embargo, “sabemos que las personas refugiadas y solicitantes de asilo se han enfrentado a situaciones de discriminación en sus vidas diarias, en ocasiones producto de desinformación y estereotipos”, expone.
Desde 2018, Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lideran la campaña ‘Somos lo Mismo’ en Panamá “para abordar la discriminación y xenofobia contra refugiados y migrantes, especialmente personas venezolanas”. La campaña se basa en la larga tradición de inclusión en el país y busca a promover la convivencia pacífica entre panameños, refugiados y migrantes, al tiempo que destaca las contribuciones positivas de la inclusión y la solidaridad.
Panamá y un pacto
En 2018 Panamá adoptó el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Aunque el documento no es vinculante y cada Estado es soberano para determinar sus políticas en el ámbito, Santiago Paz, jefe del Centro Administrativo Global y de Misión de la OIM en Panamá, explica que con este acuerdo, “los Estados se comprometen a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter exclusivamente humanitario”.
El acuerdo fue adoptado en una conferencia celebrada en Marruecos en el año 2018; con este, “los gobiernos prometen garantizar un regreso ‘seguro y digno’ a los migrantes y no expulsar a quienes se enfrentan a un ‘riesgo real y previsible’ de muerte, tortura u otros tratos inhumanos”, reflexiona.
“La inclusión y cohesión social son factores que trabajan juntos cuando se trata de la sana integración de las personas migrantes en las comunidades de acogida, e implica la adaptación mutua de los migrantes y de la sociedad receptora. La inclusión social se refiere al proceso de mejorar la capacidad, oportunidad y dignidad de personas en condiciones desfavorables en función de su identidad, para participar en la sociedad”, señala Paz.
La cohesión social, si bien no cuenta con una definición universal, “tiene que ver con el sentido de pertenencia a una comunidad, y con la solidaridad y tolerancia entre sus miembros”, destaca.
“Ambos procesos son promovidos tanto en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, como en el Pacto Mundial sobre los Refugiados”.
Por otra parte, el representante de la OIM en Panamá remarca que el Gobierno Nacional “ha dado significativos pasos en temas humanitarios” como la creación de la Oficina de Asuntos Humanitarios para los Residentes Venezolanos para la atención de solicitudes de reagrupación familiar por motivos humanitarios y de unión familiar y la Plataforma Regional de Coordinación que dirige y coordina la respuesta en la región para los refugiados y migrantes de Venezuela conformada por agencias de Naciones Unidas, oenegés, entre otros”.
Betilde Muñoz-pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), coincide en que si bien el pacto no es un instrumento vinculante per se, cada país que se ha sumado “reconoce la necesidad de asegurar esas características en los procesos migratorios en los que están involucrados, y tiene a la mano una serie de lineamientos para asegurar en las respuestas el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género e infantil, la responsabilidad compartida entre todos los actores sociales, entre otros principios rectores”.
“Los países firmantes del pacto se benefician de un marco de cooperación en el entendimiento que todos los países están conectados con los procesos migratorios, bien sea como países de origen, tránsito, destino y hasta retorno, y todos tienen algo que aprender de, y aportar a los demás”, remarca.
En esencia, puntualiza que el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular es un consenso amplio adoptado a nivel global que “establece las pautas que deben seguir los diferentes actores que atienden la migración para asegurar que sea un proceso confiable para los migrantes, y que permita también a los países receptores garantizar su seguridad, ordenado en cuanto a los procesos que siguen las personas en su trayectoria migratoria permitiendo a los países receptores conocer a ciencia cierta quienes llegan a sus países, por un lado, y por el otro, reducir situaciones de vulneración de derechos de las personas migrantes, y regular”.
Las medidas de protección complementaria o temporal que se han venido considerando “están elevado los estándares de protección para las poblaciones migrantes en nuestra región”, y son evidencia de “una evolución positiva en las políticas públicas que buscan mejorar la acogida e integración de las personas desplazadas”. El hecho de que se aprueben estas medidas “es positivo porque están sucediendo a pesar de los marcos regulatorios existentes que no siempre tienen esas opciones legales, y están sucediendo a pesar de las restricciones económicas que enfrentan los presupuestos nacionales en los países, donde han sido aprobados; desafíos económicos agravados por la pandemia”, enfatiza.
Un proyecto polémico
Panamá ha sido históricamente un país de puertas abiertas a la multiculturalidad, siendo esta inclusive una de sus fortalezas en el mercado internacional. Sin embargo, la propuesta del anteproyecto 073, presentado ante la Asamblea Nacional por la diputada Zulay Rodríguez, que busca –entre otros aspectos– derogar el decreto No. 249 del 10 de junio de 2019 que permite la entrega de la residencia permanente a los extranjeros a los cuales se les venza sus carnés de 6 años o de 10 años de regularización migratoria en el ‘Crisol de Razas’, ha generado polémica.
En el primer trimestre de 2021, más de 7 mil venezolanos han ingresado a Panamá, según datos del Servicio Nacional de Migración que reposan en el informe ‘Movimiento Migratorio Mensual de Viajeros por la República de Panamá’; asimismo, se destacó la salida de 6 mil 962 venezolanos.
En medio de la pandemia, el Servicio Nacional de Migración apuntó en el estudio el total de venezolanos que llegó a Panamá, siendo la cifra de 94 mil 892 viajeros, de los cuales 49 mil 402 fueron de entrada y 45 mil 490 fueron de salida.
“No debemos permitir que esta aberración jurídica forme parte de nuestra legislación migratoria, y que aquellos que obtuvieron estos permisos por los programas de ‘Crisol de Razas’ sean beneficiados con residencia permanente, cuando su regularización proviene de su estadía en Panamá de manera irregular”, dijo la diputada Rodríguez en la explicación de los motivos del anteproyecto en la Asamblea Nacional.
Rodríguez ha dado diversas declaraciones en cuanto a la realidad migratoria de esta comunidad en Panamá. Durante una entrevista para ‘La Tarde’ en NTN24 en 2019 aseguró: “Nosotros hemos sido misericordiosos, pero ya llegó una cuota en que ya no podemos más. Hay que ver las necesidades del país, pero últimamente nosotros hemos visto extranjeros que practican la buhonería, y cuando vas a ver son colombianos y venezolanos que, como no tienen la solvencia económica que se les exige a todas las personas que entran al país, están laborando dentro de la economía informal que solo era exclusiva para los panameños”.
La llegada del anteproyecto 073 se muestra como una obstaculización en el proceso de residencia legal de los venezolanos en suelo istmeño y “roza en la violación de derechos humanos, laborales, económicos, culturales y ambientales de la población venezolana en Panamá”, según indica a este diario el abogado y defensor de derechos humanos Iván Chanis Barahona.
“El país requiere de un orden migratorio que conlleve todas las realidades alrededor de la migración en sí, además de que debe ser llevado a cabo con una perspectiva de derechos humanos que ponga de prioridad la seguridad y el buen manejo de las leyes migratorias para cumplir el proceso establecido por el sistema de migración nacional”, agrega.
La necesidad del orden migratorio actual que demandan algunos sectores del país, responde a transformaciones que iniciaron con el expresidente Ricardo Martinelli, que en 2010 instauró la figura del programa ‘Crisol de Razas’, con el fin de regularizar a una cantidad de migrantes que residían en el istmo.
Posteriormente, durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela, se puso en marcha un proceso de ‘Control migratorio’ mediante el Decreto Ejecutivo 169 del 22 de mayo de 2015 con el cual se prorrogaron los carnés de residencia que estaban por vencerse, por seis años más.
“El anteproyecto 073 busca dejar en un limbo jurídico a una población que ha venido a aportar social y económicamente a la construcción de la sociedad panameña”, enfatiza Chanis. “Desde la perspectiva de derechos humanos no podemos, como población, estar a favor de ninguna política que afecte la realidad de los migrantes, porque puede impactar la estabilidad laboral de las personas, el derecho a la educación o a sus hijos, el derecho al acceso a la salud pública, el derecho humano a la migración o movilización, además de derechos culturales, laborales y ambientales, haciendo aún más difícil la estabilidad de los migrantes de cualquier nacionalidad”, agrega.
Si bien cada nación debe regular sus políticas migratorias de acuerdo con una agenda de desarrollo nacional, estableciendo prioridades, Chanis puntualiza que las políticas migratorias deben ser evaluadas detalladamente y de forma holística, incluyendo una perspectiva de derechos humanos, evitando violar lo que se establece en la Constitución Nacional en el artículo 17: “Que las autoridades de la República están instituidas para proteger (...) a nacionales y extranjeros dentro de su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y hacer cumplir la Constitución y la ley”.
Panamá recientemente adoptó el resultado final de la revisión de los derechos humanos, provisto por el examen periódico universal (EPU) durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU el pasado 16 de marzo.
En el EPU se da la oportunidad a los Estados miembros de la ONU a declarar las medidas que se han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y cómo se han cumplido las obligaciones en dicha materia.
“El Estado panameño reitera su compromiso en la identificación, desarrollo y seguimiento de sus políticas públicas dirigidas a la igualdad y la no discriminación de sectores vulnerables como las mujeres, personas con discapacidad, orientaciones sexuales e identidad de género diversas, en situaciones de pobreza o marginación social, pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales; así como los migrantes y los afrodescendientes”, señaló la Cancillería de Panamá en un comunicado.
Este medio intentó conocer la postura del Servicio Nacional de Migración en torno al tema, sin embargo, no fue posible obtener información de manera expedita.
La inclusión y cohesión social son factores que trabajan juntos cuando se trata de la sana integración de las personas migrantes en las comunidades de acogida, e implica la adaptación mutua de los migrantes y de la sociedad receptora”
SANTIAGO PAZ,
JEFE DE MISIÓN DE LA OIM
La regularización es la puerta de entrada para todos los otros derechos de las personas migrantes. En el caso de las personas venezolanas, alrededor del 80% se ha asentado en países de las Américas, y un 60% sigue en irregularidad migratoria”
BETILDE MUÑOZ-POGOSSIAN,
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE ACCESO A DERECHOS Y EQUIDAD DE LA OEA