Certificaciones sanitarias exigidas por la CSS contravienen la Ley 1
Las certificaciones sanitarias de la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA) y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMMA) que son exigidas por la Caja de Seguro Social (CSS), en una licitación de $160 millones, contravienen la Ley 1 de medicamentos del 10 de enero de 2001.
En una misiva del 24 de marzo de 2021, Elvia Lau, directora de Farmacia y Drogas, remite a la Resolución 1655 del 14 de diciembre de 2015, del Ministerio de Salud (Minsa), para responder una consulta efectuada por el abogado Ángel Álvarez, el 17 de marzo de 2021, sobre la legalidad de los requisitos exigidos en las compras de la institución.
La resolución en su primer párrafo prohíbe a las instituciones públicas solicitar requisitos extraordinarios para la compra de medicamentos, que no se contemplen en la ley y demás normas vigentes.
Dicho documento establece que las instituciones públicas que contemplen requisitos que vayan en contravención de la ley de medicamentos pueden conllevar a la dilación de la compra de medicamentos y por tanto ponen en riesgo la salud pública porque pueden provocar desabastecimiento.
En un tercer punto, el documento advierte a las instituciones que deben ser garantes del cumplimiento de la aplicación de la Ley 1 de medicamentos, porque no aplicarla podría traer consecuencias.
En la misma comunicación, la directora de Farmacia y Drogas aseguró que los certificados de intercambiabilidad y registros sanitarios no son compatibles con las certificaciones de la FDA o demás emitidas por organismos extranjeros o internacionales.
“De igual manera, con respecto a su consulta donde pide que le indiquemos si los certificados de registro sanitario y/o los certificados de intercambiabilidad pueden o serán sustituidos o reemplazados por los certificados de Food and Drugs Administration (FDA), Agencia Europea de Medicamentos (EMMA) o demás emitidas por organismos extranjeros o internacionales, la respuesta es no”, cita textualmente la misiva rubricada con la firma de la directora de Farmacia y Drogas de Panamá.
Álvarez, quien representa a la empresa Inversiones de Servicios Nacionales (ISNA) en una batalla legal contra la institución de seguridad social por una adenda que establece estos requisitos en la licitación de 400 reglones de medicamentos, que deben ser dispensados a los asegurados durante 2021 para el tratamiento contra la hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades crónicas, dijo que la respuesta acredita la violación a una norma establecida por la autoridad de salud pública.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita tres amparos constitucionales relacionados con el procedimiento de adquisición de medicamentos en la institución de seguridad social.
La máxima corporación de justicia explicó que ninguno de los recursos que están siendo procesados suponía la suspensión del acto administrativo de compra de medicamentos. En la licitación de medicamentos participaron 48 empresas para surtir a las farmacias de la institución.
Inicialmente, la CSS había dicho que el proceso quedaba suspendido por los recursos impuestos dentro del proceso. Tras conocerse la versión de la Corte, informó que continuará con el proceso de licitación de medicamentos. Entonces, Enrique Lau, director de la CSS, afirmó que la comunicación de la Corte allanaba el camino para que la administración pueda continuar con el proceso de compra de medicamentos.
La Estrella de Panamá
elevó una consulta a la CSS para conocer su versión sobre la postura de la dirección de Farmacia y Drogas, pero prefirieron no emitir comentarios alegando respetar el debido proceso que se sigue en la Corte. La institución está a la espera de que la máxima magistratura del país emita un criterio de fondo sobre uno de los amparos constitucionales interpuestos por la empresa.
La empresa INSA competía en el renglón 26 del medicamento amlodipina, usado para el control de la hipertensión arterial.