Ordenamiento territorial y vida urbana saludable
“[…] hago un llamado, a todos los ciudadanos, a ejercer nuestro derecho de control social de la gestión de las autoridades. Estamos obligados a vencer la indiferencia […]”
Recientemente, el Concejo Municipal de Panamá aprobó un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del distrito capitalino, presentado por el alcalde. Como era de esperarse, surgieron múltiples voces de la ciudadanía rechazando la aprobación del documento, pues el proceso no contó con la requerida y suficiente consulta ciudadana para su aprobación, y, lo más importante, según los demandantes, permitirá cambios de zonificación y construcción en zonas de riesgo, beneficiando a los constructores, en perjuicio de la ciudadanía.
Por su parte, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), poseedora de la suficiente solvencia ética, profesional y experiencia en estos menesteres, se sumó al rechazo, manifestando que: “faltó el necesario espíritu de apertura y participación para la aprobación del plan, lo cual no ayuda a la paz social de la nación, máxime en un tema directamente vinculado con la calidad de vida de los residentes del distrito capital”.
Por su parte, la Alcaldía manifiesta todo lo contrario sobre la falta de participación y señala en su página Web que: “una amplia discusión recibió el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito capital, desde julio de 2019 a la fecha, dando mayor consenso y participación a la población y a la Junta de Planificación Municipal (JPM), consultando al sector público, académico, gremios vinculados a la arquitectura, ingeniería, construcción y empresas de desarrollo en materia de ordenamiento territorial”. Agrega que: “mediante el PLOT se busca ordenar el territorio del distrito de Panamá, logrando la justa relación entre la legislación, las acciones urbanísticas y el bienestar de la ciudadanía en general; propiciando el desarrollo del Municipio capitalino, al tiempo que se mejora la calidad de vida de la población, respetando el interés general, garantizando la propiedad privada y reconociendo su función social y ambiental”.
Es decir que este PLOT, según el alcalde y su equipo, contrario a la percepción ciudadana; es lo mejor que nos ha podido pasar a los habitantes de la ciudad capital. No estoy de acuerdo. Acepto que ya es hora de que contemos con un plan de ordenamiento territorial, pues nuestra ciudad lo necesita con urgencia, y no niego que la propuesta ofrece soluciones rescatables, pero su gran pecado fue la forma poco participativa como se elaboró y aprobó.
Por lo tanto, los ciudadanos queremos un plan que sea el producto del consenso de todos los que vivimos en la ciudad y que tenga como propósito implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio. En este sentido, las acciones que proponga nuestro plan deberán regular y promocionar la localización de la población, el desarrollo de todas las actividades económicas y sociales dentro del territorio, de forma que se logre un desarrollo sostenible que prevea las potencialidades y limitaciones existentes por los criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos. El principal desafío que tendrá nuestra propuesta concertada es mantener y mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la integración social en el territorio y procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, a la vez que se promueve la necesaria, pero ordenada inversión privada.
Sobre el asunto de la vida urbana saludable, comienzo subrayando que nuestra ciudad no es una ciudad saludable. Si lo fuera, cumpliría con la sencilla definición que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud: “aquella que está constantemente creando y mejorando el entorno físico y social, que desarrolla los recursos comunitarios que permiten que las personas se ayuden mutuamente en la realización de todas las funciones vitales y desarrollar todo su potencial”.
En ese sentido, para alcanzar la vida urbana saludable, la propuesta de ordenamiento deberá proponer soluciones claras, factibles y viables para, por lo menos, cumplir dos condiciones para contribuir a la salud integral de los habitantes: acabar con el auge desordenado de construcciones desproporcionadamente inmensas para los barrios donde están ubicándose, afectando nuestra movilidad, el aire que respiramos, provocando tranques vehiculares, inundaciones, y generando estrés y accidentes y; la búsqueda de la movilidad urbana sostenible, los desplazamientos a pie y la actividad física a través de barrios atractivos y respetuosos con el medio ambiente, infraestructuras para un transporte activo, leyes robustas sobre seguridad vial y la accesibilidad de las instalaciones de juego y ocio. No me da el espacio para referirme a la inseguridad, el pésimo servicio de transporte público y la ineficiente gestión de la basura. Pero no deben quedarse por fuera.
Finalmente, hago un llamado, a todos los ciudadanos, a ejercer nuestro derecho de control social de la gestión de las autoridades. Estamos obligados a vencer la indiferencia, pasividad, falta de interés respecto de la política y ejercer con efectividad nuestro derecho y deber de controlar la gestión pública. Si no lo hacemos, aumentamos el margen de maniobra y la discrecionalidad de las autoridades, en este caso municipales. Aprovechemos el periodo de revisión y adecuación de 24 meses que establece la Ley, a partir de la aprobación del plan, para organizar la necesaria consulta ciudadana y formular recomendaciones para adecuar el contenido a nuestras aspiraciones.