El pueblo habla y se moviliza
En ascenso la toma de las calles por diversos sectores sociales, ante el descontento popular por la imposición de medidas del Gobierno que atentan contra los derechos humanos o por la desatención de las demandas sociales. Por día se contabilizan más de seis protestas al nivel nacional. El Pueblo habla y se moviliza contra las medidas antipopulares.
En la calle los productores, transportistas, obreros, jóvenes, mujeres, pobladores de las comunidades, artistas, docentes. Las demandas sociales: suspender el falso diálogo de “Yo con Yo” de la seguridad social, rechazando las medidas paramétricas y la privatización de los fondos de la CSS; alto a los desalojos forzosos y acceso a agua potable 24/7; rechazo a las reformas al Código de Trabajo, reincorporación de todos los trabajadores con contratos suspendidos y salario; garantías reales de promoción al agro; artistas que demandan trabajar; psicólogos que rechazan el anteproyecto de ley 314 de salud mental, que los excluye de certificar la salud mental; docentes que exigen una canasta básica de educación que garantice las condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje y que se levante un protocolo científico de bioseguridad en los planteles educativos en medio de la COVID; que cese el aumento de los precios de los bienes y servicios que encarece el costo de vida; en el marco del 8 de marzo, las mujeres siguen demandando justicia y equidad social y de género; una juventud que exige se respete su derecho a la educación con seguridad, fuentes de empleo digno y salario justo.
Un pueblo que está hastiado del endeudamiento público que no es utilizado para atender las demandas sociales, sino que favorece el robo, la corrupción ante la impunidad reinante en el país. Un pueblo que está siendo hostigado por un poder económico y mediático que promueven aporofobia (odio a los pobres). Cansados de un Gobierno, partidos tradicionales y seudoindependientes que solo representan los intereses de los 115 ultramillonarios.
La situación nacional evidencia que el sistema imperante está en crisis, en el plano económico, político, social y moral; y, por tanto, la clase gobernante, y sus partidos tradicionales, ya no pueden seguir gobernando como antes. No es el Gobierno, es el sistema y las clases gobernantes quienes están en crisis: la llamada clase política, la clase empresarial, los partidos burgueses, su inmoralidad, su ilegitimidad, su incapacidad para dar respuesta a los problemas nacionales, incluso ya ni para satisfacer a todos los sectores dominantes en medio de la corrupción política y en los negocios (pugna interburguesa).
Frenadeso ha señalado que su planteamiento nada tiene que ver con quienes plantean reformar la Constitución (elaboración de una nueva carta magna por “elites/expertos”, o parches y remiendos) o hacer una Constituyente Paralela, a fin de que la clase dominante recupere legitimidad y haga gobernable el sistema imperante. Tampoco se trata de que los actuales gobernantes convoquen a una Constituyente bajo las reglas prevalecientes del sistema electoral panameño. Tal cual como están planteadas las cosas, la constituyente paralela solo serviría para revitalizar o legitimar a la actual clase dominante.
Lo que plantea Frenadeso es la importancia de hacer conciencia sobre la necesidad de un cambio político real. Este cambio lo podremos lograr si el pueblo cobra conciencia y lucha sobre la base de las premisas de que, como soberano, es la única fuente legítima de derecho y que, por tanto, todo dictamen del pueblo es legal, de que manifestando la voluntad suprema y directa de la población puede darse su propia normativa jurídica y de que, haciendo uso de su Poder Constituyente para recrear el Estado, puede convocar a una Asamblea Constituyente Originaria y Soberana, con plenos poderes para barrer con la podredumbre moral existente en los órganos de poder e instituciones de un Estado degenerado, acabar con la impunidad, recuperar los fondos y bienes robados al Estado, castigar a los corruptos y corruptores; y, por fin, dar paso a la atención de las necesidades apremiantes de la población, en especial a los sectores excluidos y marginados de las políticas públicas.