Proyectos de ley sobre la niñez serán discutidos en primer debate
La subcomisión legislativa que analizó los proyectos de ley sobre la protección integral de la niñez aprobó el análisis de ambas iniciativas, por lo que pasarán a primer debate
La redacción de una nueva ley de protección a los niños y adolescentes, que ocurre a raíz del maltrato y abuso a menores institucionalizados, ha despertado el interés de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y autoridades estatales relacionadas con el tema. En la subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia se han recibido más de 100 propuestas, que suman más de 2 mil páginas, con observaciones a los proyectos de ley 567 y 569 impulsados por los diputados Héctor Brands y Corina Cano, respectivamente, que buscan convertirse en leyes integrales de protección a la niñez y adolescencia.
En sesión de este miércoles, los diputados decidieron que ambas iniciativas se discutirán en forma individual. Brands, proponente del anteproyecto que establece una política pública para el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los niños y adolescentes en todo el territorio de la República de Panamá, y para los nacionales que se encuentran en el extranjero, indicó que la subcomisión debe analizar todos los aportes y entregar un informe a la comisión para fijar una fecha y discutir el proyecto de ley. Pero advirtió de que la diversidad de propuestas, “todas válidas, no deben distraer a los redactores del norte principal. Si marcamos una hoja de ruta, nos va a guiar para considerar aquellas que nos pueden ayudar a elaborar una ley”.
Por su parte, Cano, autora de la iniciativa para la protección integral de los derechos humanos de los niños y adolescentes, a través de la creación y organización de un sistema de garantías y de protección integral de derecho de la niñez y la adolescencia, indicó que el proyecto será discutido como una ley especial de niñez, y no pretende con esto reformar el Código de la Familia.
“Hemos decidido que lo que está en el Código de la Familia se queda ahí, y nosotros haremos una ley para dirimir el conflicto y restituir el derecho violentado a la niñez”, manifestó la diputada.
La diputada Kayra Harding, quien preside la subcomisión, explicó que el caso del sistema integral es uno de los retos más importantes a considerar en la nueva ley. “Se va a manejar la articulación y coordinación de las entidades estatales que intervienen en la protección de la niñez para lograr una real protección al menor. Qué papel va a jugar el Ministerio Público con las fiscalías de Familia, el Órgano Judicial, la Defensoría del Pueblo que debe tener un papel más preponderante”, exclamó.
Reformar la Senniaf
A la misma subcomisión llegaron dos propuestas más. Una (proyecto 311) que pretende modificar la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad encargada de velar por los derechos y necesidades de los menores. Entre las novedades que plantea está otorgar mayor independencia a la institución de los vicios políticos y que el director (a) sea escogido de una terna propuesta por la sociedad civil que tiene relación con los temas de niñez.
El otro proyecto pretende otorgar a los jueces de paz las medidas de protección de los derechos de esta población. Este último proyecto, el 321, presentado por Harding, otorga a los jueces de paz la facultad de ver temas relacionados con menores en un plazo de 48 horas e incluso pueden ordenar detenciones y pasarlas a la autoridad correspondiente.
La idea de otorgar estas facultades a los jueces de paz no caló en la exjueza de niñez Waleska Hormechea. Afirma que en todo caso, los jueces de paz deben conocer los casos administrativos porque la protección deben dejarla en manos de un conocedor, un especialista. “Los jueces de paz no pueden ni con los adultos, que es su función principal. ¿Cómo van a poder con los niños? Es mejor quitar la carga administrativa de los jueces de niñez para aliviar el trabajo”, señaló Hormechea.
Investigaciones
Por otro lado, el procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, indicó que las investigaciones sobre irregularidades y maltrato a menores en albergues avanzan: “Hay siete personas imputadas; de ellas, cuatro guardan detención preventiva”, dijo.
El fiscal Aurelio Vásquez, de la Fiscalía de Familia, añadió que de los 57 albergues inspeccionados en todo el país, se han podido detectar cuatro con irregularidades penales o administrativas. Además se han efectuado 560 entrevistas a menores de edad con la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, pero eso no significa que sea la totalidad de los menores afectados.