Los malapagas de la CSS
“Cuando conozcamos los detalles de la retahíla de delitos con que se ha desangrado nuestra seguridad social, ya no se impresionará nadie”
Los males que aquejan a la Caja de Seguro Social (CSS) van desde sobrecostos en la adquisición de medicamentos, infraestructuras y servicios, hasta contubernio de sus altos cargos con empresarios codiciosos. El pesquisidor podría ocuparse prolijamente, pero se enfrentaría a la certeza de que no solo no habrá castigo ni recuperación de lo robado, sino que se convertirá en denunciado y perseguido. Al otrora procurador Rafael Rodríguez y a los exdirectores generales Juan Jované y Alfredo Martiz, eso les costó el puesto.
Cuando conozcamos los detalles de la retahíla de delitos con que se ha desangrado nuestra seguridad social, ya no se impresionará nadie. Sin embargo, en este país del «robó, pero hizo», escribo por si el destino me hace tragar mi pesimismo. Cuestión de clase e impunidad
De todos los delitos contra el Seguro, el más deleznable es la evasión del pago de cuotas y su indebida retención por parte del empleador. Es un asunto «de clase», por ser cometido exclusivamente por toda la casta empleadora, la cual, obligada a descontar y remitir a la CSS las cuotas obrero-patronales, o se queda con ellas o calla: ninguno delata al otro. ¡Qué lejos están los trabajadores de tener esa misma conciencia solidaria! De allí la facilidad con la que son subyugados.
Ahora que se discute el futuro del Seguro Social, estos “empresarios” nunca admitirán que es su latrocinio, y no la edad del trabajador ni la cantidad y monto de las cuotas que paga, lo que lo destruye, en especial a su programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Alfredo Martiz, en 2018, denunció una lesión de aproximadamente 300 millones de balboas en cuotas no pagadas. Es de suponer a cuánto más no asciende ese desfalco, cuyas historias de horror han sido contadas por generaciones de trabajadores que han intentado acceder inútilmente a los servicios del Seguro y a la jubilación, para encontrarse con la amarga sorpresa de que el robo de sus empleadores se los impide. Juan Jované publicó la morosidad de esos buitres, incluyendo la del empresario y exmiembro de la Junta Directiva, Roberto Lombana, quien por ello arremetió contra él. La Ley Orgánica, en su artículo 15, obliga a la publicación de la lista de empleadores morosos cada seis meses. Sin embargo, es rara tal maravilla.
Ahora, la lamentable situación financiera del Seguro pasa factura y los ladrones no quieren pagarla, pues creen que para eso están los trabajadores. Las sucesivas autoridades gubernamentales y de la CSS, salvo excepciones que confirman la regla, son cómplices de ello.
Cómo evitar los robos empresariales
Sin embargo, la Ley Orgánica de la CSS contiene mecanismos para combatir esos desmanes:
Artículo 5. La Caja de Seguro Social (CSS) tiene jurisdicción coactiva para el cobro de todas las sumas que deben ingresarle por cualquier concepto…(.) Es obligación iniciar(la) cuando la mora en pago de cuotas… sea de tres meses o más.
¿Cómo es posible que pasen incluso años y los empresarios no paguen las cuotas retenidas al trabajador?
Artículo 8. La CSS tiene la facultad de inspeccionar los lugares de trabajo… para verificar… el cumplimiento por parte de los empleadores de sus obligaciones para con la Institución… (.) La CSS, de ser necesario, podrá solicitar la ayuda de la Policía Nacional, que tendrá la obligación de asistirla.
Estas inspecciones, o no se realizan o son un gran fiasco, a juzgar por el gigantesco monto robado por desfalcadores a los que ni siquiera les asusta la amenaza de recurrir a la Policía.
Artículo 20. Todos los funcionarios del Estado… están en el deber de suministrar a la CSS los datos, informes y conceptos relacionados a las obligaciones empleado-empleador que esta les solicite, y deberán prestarle la colaboración y cooperación que sean necesarios… (.)
Esta poderosísima baza no es usada por la CSS. Al contrario, la enorme morosidad es evidencia del contubernio que ha habido por muchos años entre los empresarios, los agentes del Seguro Social y autoridades y empleados de los órganos del Estado.
Artículo 97. Es nulo cualquier acto… (de) insolvencia, sin haber pagado las cuotas correspondientes a la CSS. Esta nulidad solo favorecerá a la Institución, al asegurado y a sus dependientes.
En caso de quiebra, el pago de las cuotas adeudadas a la CSS tendrá prelación sobre todas las demás obligaciones… (.)
¿Cuántas empresas quebradas habrán honrado sus compromisos con la CSS? Ese es otro secreto guardado por quienes perjudican a los trabajadores. Sin embargo, ninguna bancarrota es excusa para robar las cuotas. Deshacerse en jeremiadas de cocodrilo no disminuye la gravedad del delito, ni siquiera por la pandemia.
Además, es legítimo que, por esta situación, una empresa fallida pase a propiedad colectiva. Va llegando el momento de que el Seguro y los trabajadores sean beneficiarios directos de los secuestros e indemnizaciones a que el robo del que fueron víctimas les da derecho. Va siendo hora del cooperativismo, a menos que los empresarios ladrones paguen, desde luego…
Claramente, existen los recursos para la recuperación de lo robado, cuyo monto exacto solo podrá conocerse con el uso eficiente de las herramientas disponibles. Sin embargo, en palabras del recordado profesor César de León: «en Panamá, aunque todo está legislado, hecha la ley, hecha la trampa», arte dominado por nuestros depredadores ricos y sus pajes del Estado.
La mecánica del despojo
Los empresarios y sus espoliques ahora están apurados a «dialogar» para «salvar» al Seguro. Analicemos las circunstancias de esta premura: la pandemia disminuyó la capacidad operativa de las empresas, que no quieren pagar su propia recuperación. El Estado, para ayudarlas, tras pedir gigantescos empréstitos en dólares recientemente devaluados por la FED estadounidense, los usó rápidamente para financiarlas. Ellas, para salir con ventaja de esos billetes devaluados, consideran que el mejor modo es a través de inversiones que, con poco esfuerzo y ningún riesgo, den seguras ganancias. Una de estas fuentes seguras es la CSS. Por ello se relamen ante las perspectivas privatizadoras y tercerizantes que les ofrece un pastel cuyo presupuesto anual pasó de los 6 mil millones en 2020.
Ni remotamente consideran usar ese financiamiento para pagar lo que han robado. Ya no les basta con evadir las cuotas, sino que quieren que el Seguro les rinda pingües y eternas ganancias. Este deleznable plan es ocultado por propaganda apocalíptica, según la cual, si no se aplican medidas paramétricas, el Seguro está condenado a fenecer, especialmente en su sistema de pensiones. La muerte del Seguro quizá sea cierta si esta sangría empresarial continúa, pero no es verdad que haya que aumentar la edad de jubilación y el monto de las cuotas de los trabajadores. Estos han hecho una propuesta: retornar al sistema solidario, en el cual quien gana más, paga al Seguro más; pero se han quedado cortos en lo que respetuosamente pienso debe ser eje de sus exigencias: los empresarios deben pagar todo lo que robaron al Seguro Social.
Tal demanda no solo es correcta, sino crucial, por una razón táctica y otra lógica. La primera consiste en que los trabajadores, al explicar su visión solidaria contrapuesta a la privatizadora de sus oponentes, se enzarzan en una discusión filosófica que los pone a la defensiva en un campo donde el oponente tiene ventajas mediáticas. En cambio, al exigir la devolución de lo robado, los trabajadores toman la ofensiva, pues sus adversarios no podrán negar jamás que no solo individualmente, sino como clase, han incurrido en ruindad que los desacredita, pues presos deberían estar.
La razón lógica se colige así: si los empleadores no pagan lo que deben y las autoridades no los persiguen, ¿de qué servirá aportar dinero al Seguro? Trátese del esquema solidario, el mixto o que la CSS se pida prestado a sí misma o al Estado, ningún aporte servirá si los empleadores se los siguen robando. Para estos, solo aplicando medidas paramétricas y privatizadoras tal sangría no ocurriría, pues ya dueños del negocio, no solo no lo saquearán, sino que evitarán que otros hagan lo mismo. Se aplica la sentencia chomskiana: la casta empresarial «privatiza las ganancias y socializa las pérdidas», porque al parasitar del Seguro en todos los modos posibles, lo han enflaquecido como entidad estatal, pero como se les ofrece la oportunidad de privatizarlo, quieren engordarlo en beneficio de ellos, luego de apoderarse de él.
¿Consecuencias o el crimen sí paga?
Luego, no solo es inadmisible la privatización e insolidarización del Seguro Social, sino que estos avivatos, que no perdonan que un trabajador se atrase en la letra de su casa, deben devolver lo robado. Si no, se exponen a que se les aplique lo que establecen los siguientes lugares de la Ley 51 de 2005:
Artículo 230: Quien en el término de tres meses, luego de que surja la obligación de pagar, retenga y no remita las cuotas empleado-empleador a la CSS… incurrirá en el delito de retención de cuotas empleado empleador y será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años. (…) La sanción se aumentará de una sexta a una tercera parte al empleador… (que) ordene al gerente, administrador o contador retener la entrega de cuotas.
Y para asegurar que esto afecte solo a los grandes reptiles, el artículo se limita a lesiones por valor de mil balboas o más.
Además está la recuperación de lo robado a través de que el Seguro se presente a concurso de acreedores (artículo 1802 del Código Judicial) y a declaratoria de quiebra (artículo 1548 del Código de Comercio). Luego, tales buitres no solo podrían ser enjaulados, sino también desplumados. No extraña su desesperación, pues la ley, como está, es peligrosa para ellos. Así que insisten en eliminar el carácter solidario del Seguro, pues ello la sustraería como «de orden público e interés social» (artículo 249). Esto significa que sus efectos prioritarios y retroactivos, de aplicarse a los morosos, si bien desde el punto de vista penal prescriben (v. artículo 229), no aparece caducidad sobre las consecuencias civiles. Por consiguiente, en cualquier momento los afectados o la CSS pueden entablar procesos para cobrar lo robado.
Con todos estos mecanismos legales, la fuerza moral, la necesidad material y la urgencia imperiosa, los trabajadores tienen la razón. Pero eso nunca será suficiente en nuestro país. Hay que prepararse para la lucha, que será librada en calles, redes y todo ámbito posible. Huelgas, manifestaciones, todo medio legítimo de enfrentamiento a esta barbarie empresarial apoyada por la complicidad gubernamental, asiste a los trabajadores. Ojalá que la dirigencia obrera, consciente de su responsabilidad decisiva, sepa influir en las conciencias, de modo que la masa del «robó, pero hizo», se transforme en el ciudadano del «devuélveme lo robado».