Las distintas miradas a un Plan de Ordenamiento Territorial
La modificación al Plan de Ordenamiento Territorial del distrito capital desató una serie de críticas, y también de aportes de distintas disciplinas, incluyendo la ciencia
El ordenamiento territorial en Panamá está desvinculado de las realidades económicas de oferta y demanda y de la planificación económica del sector público. Debemos redirigirlo para que se conecte con la demanda poblacional y económica y con la capacidad de edificación permitida
En las últimas semanas varios ciudadanos, desde distintos puntos de vista, experiencias y conocimientos, hemos manifestado por escrito y por distintos medios planteamientos críticos con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial de Panamá, al que también se le ha llamado PLOT. Es interesante considerar los análisis y propuestas que podemos encontrar en ese conjunto.
Entre los que he leído se cuentan ‘Ordenamiento territorial y vida urbana saludable’, publicado en este diario por el doctor Jorge Luis Prosperi, quien plantea que “nuestra ciudad no es una ciudad saludable”.
El arquitecto paisajista Luis Alfaro expresaba en entrevista con Flor Mizrachi su preocupación por la falta de espacios públicos y que el plan “autoriza a transformar suelo sin plan y a aprobar por excepción proyectos en la cuenca del Canal y las áreas revertidas”. Ambos coinciden en citar criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sustentar sus observaciones.
Prosperi apunta a que, para la OMS, la ciudad saludable “está mejorando continuamente el entorno físico y social” y fomenta la ayuda mutua para “la realización de todas las funciones vitales” y desarrollo del potencial de las personas; Alfaro señala que la OMS recomienda 10 a 15 metros de espacio abierto (parques) por habitante y que “en Panamá tenemos dos y mal distribuidos”.
Carlos A. Solís, en su artículo ‘Dos ciudades, dos amores, dos sociedades’, plantea que los procesos de planificación se enmarcan en desencuentro y conflicto entre la población. También expresa que cada actor aborda el tema del suelo urbano desde su punto de vista, y según sus deseos y expectativas. Aporta también que aprobar un plan es una oportunidad de oro para la Alcaldía.
Hace la observación de que no es el momento, dentro del ciclo del sector inmobiliario, para la nueva capacidad de construcción que permite el plan, ya que hay un inventario de bienes inmuebles. Este punto es también mencionado por Carlos Alvarado, quien es urbanista, profesor y representante de la Universidad de Panamá (UP) en la Junta de Planificación Municipal, en su artículo ‘¿Necesita la ciudad de Panamá un Plan de Ordenamiento Territorial?’, donde expresa falta de transparencia en los procesos participativos. También explica cómo el plan parcial del corregimiento de San Francisco, que es un ejercicio de ordenamiento precursor a este plan, encontró objeciones de sectores profesionales que llegaron a hacer una reunión con el alcalde en una oficina privada. Varios de los artículos reclaman que hubo poca divulgación y consulta de los cambios que se hicieron al plan desde julio de 2019.
Álvaro Uribe, urbanista, profesor y autor del libro La ciudad fragmentada de 1988, referencia obligada sobre la ciudad de Panamá, enumeró cinco instancias en que se evidenció la tensión entre la necesidad de planificar y la presión de sectores políticos o económicos, en su reciente artículo ‘La planifimiento y sus descontentos’.
Cabe mencionar que Álvaro participó en la elaboración original del plan y ha destacado en otras ocasiones aspectos positivos del documento, como establecer un límite a la expansión urbana por medio de la categorización de suelos.
Sustentos cuestionables
En mi artículo de hace dos semanas en Proyecto Ciudad, cuestiono que no encuentro en el documento al que tuve acceso, un sustento técnico a la necesidad de aumentar las densidades de la norma a 2,000 personas por hectárea.
En el escrito indico que la capacidad de nueva edificación que permite un plan debe estar vinculada a los requerimientos sociales y económicos de la población. Hacer zonificaciones que permiten construir muchas más viviendas y locales de lo necesario, genera complicaciones en un importante sector
la economía.
Añado ahora que el límite de altura en la norma de mayor densidad, de 80 pisos, es excesivo, al punto de no ser efectivo. Si bien, veo con buenos ojos que exista un límite, este es mayor que el edificio más alto del país. Justamente las realidades poblacionales y económicas de la ciudad y el país en este momento no reclaman mayor cantidad de pisos, sino más orden y más consenso. El ordenamiento territorial en Panamá hoy, está desvinculado de las realidades económicas de oferta y demanda y de la planificación económica del sector público.
Estas voces expertas y sus consideraciones no fueron escuchadas. El 30 de marzo, el Consejo Municipal aprobó por 20 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el acuerdo municipal que instrumenta el PLOT. Al día siguiente, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), en un comunicación expresó que “faltó el necesario espíritu de apertura y participación para la aprobación del plan, lo cual no ayuda a la paz social de la nación”.
¿Qué nos queda ahora? Veamos las propuestas que se han vertido.
El comunicado de la SPIA expresa que “la trascendencia de este Plan de Ordenade Territorial en la calidad de vida de sus residentes, demanda su participación en las decisiones”.
Álvaro Uribe propone que “la planificación se define como una función pública, hay que procurar que así sea”. El Dr. Prosperi hace un llamado a “a ejercer nuestro derecho de control social de la gestión de las autoridades” y nos inscado, ta a aprovechar el período de adecuación y consulta de 24 meses para formular recomendaciones. Carlos Solís propone “ir más allá de las normas de desarrollo urbano con sus permisos y restricciones”, y otras consideraciones económicas y los índices de densidad, hacia una visión e ideal común, que permita “dejar como legado perdurable comunidades mejor cohesionadas con múltiples polos de desarrollo económico y humano”.
Añado una recomendación más, y es que se debe vincular la capacidad de edificación a la demanda de la población y de la economía.
Mi propuesta puntual es que debemos redirigir el ordenamiento territorial de nuestra ciudad y país para que se vincule con la demanda poblacional y económica con la capacidad de edificación permitida. Esto se puede lograr con una norma menos permisiva y que establezca no solo límites de densidad y altura, sino de coeficiente de edificabilidad. Esta relación es la que nos puede impulsar a concretar las visiones constructivas de una sociedad.