Una fiscalía electoral que no funciona
“Más que una reforma constitucional, lo que el país requiere son gobernantes probos y decididos a que las cosas se hagan bien, pisando los callos a quien sea”
Los chanchullos que salen a diario cometidos por funcionarios, se acumulan, chocan con los nuevos. Se archivan en el despacho de algún fiscal. Sucede con las vacunas clandestinas y la torcida actuación del procurador, seguido por las bolsas de comida encontradas en la residencia de un funcionario del MOP. Nadie preso. Ocultan el desenlace del joven Edwin del Cid, fallecido por negligencia criminal, en el restaurante Salvaje del Casco Viejo y donde dos ministros, como diríamos en buen panameño, “hasta la huacha”, por la amistad con sus dueños. Nadie habla de eso.
O el caso de los billetes premiados cobrados ilícitamente en la Lotería (LNB), donde terminará preso el guachimán del edificio, a pesar de los numerosos señalamientos de las implicaciones en el entuerto del diputado Pancho Alemán, presidente del Molirena.
Otro caso pasa desapercibido: exigir a funcionarios de la LNB inscribir a gente en el Molirena so amenaza de destitución. Presentado ante la Fiscalía Electoral, convenientemente, fue desestimado. Ante las evidencias presentadas en el Ministerio Público, regresa a la esfera electoral.
Desde las reformas constitucionales de 1983, que eliminaron los vestigios de la militarista de 1972, se incluyó en el artículo 144 la figura de la Fiscalía General Electoral, como agencia de instrucción “independiente” (comillas mías) y coadyuvante del Tribunal Electoral, para “salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos, vigilar la conducta oficial de los funcionarios (…) en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales y perseguir los delitos y contravenciones electorales”.
Desde Endara, la Fiscalía Electoral es parte del botín político. Tras la salida del fiscal electoral, Raúl López, de la época de la dictadura, se designó a Claro Amado Renderos, miembro del Partido Liberal Auténtico. Con el paso de los años, se siguió la misma costumbre hasta llegar al desastre de Eduardo Peñaloza -designado por Ricardo Martinelli-, muy cuestionado por su total inacción. Era más miembro del CD que fiscal.
Hoy, nada cambia con Dilio Arcia, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de los militares, exministro de la Presidencia con Martín Torrijos. No se podía esperar menos de él, dirían gozosos los actuales regentes del desprestigiado Molirena.
El primer fiscal electoral en 1983 fue Aurelio Correa. En ese entonces, como secretario general de la Democracia Cristiana, fui el que más denuncias interpuso contra el PRD y su aliado PALA, del cuñado de Noriega. Correa actúo diligentemente ante mis múltiples denuncias: banderas del PRD producidas gratuitamente en el IPHE, sacos de cemento que repartían a oficialistas y propaganda política que se imprimía en la Universidad de Panamá, entre muchos otros abusos. El más llamativo fue en La Villa de Los Santos, donde cinco ciudadanos testificaron que un prominente empresario del lugar pagaba cinco dólares a quienes se inscribieran en el PALA. El fiscal pidió el llamamiento a juicio, durmiendo el sueño de los justos en el despacho de algún magistrado del Tribunal Electoral.
Durante el Gobierno de Moscoso, denuncié lo que ocurría en el Idaan, parte del pastel a Cambio Democrático (CD). De acuerdo con tabla de cobros autorizada por directivos de CD (incluyendo su presidente), cada nuevo funcionario debía pagar al partido un porcentaje de su salario. A depositar en cuenta ilícita abierta en el Banco Nacional (no se aportó ningún documento en su apertura). Ante mi denuncia, el fiscal electoral, Gerardo Solís, allanó la sede central del Idaan, en vía Brasil, comprobando el delito que se realizaba. Llamaron a juicio a 13 funcionarios, aunque nunca declaró Ricardo Martinelli, menos Ramón Martinelli, quien recogía el dinero, ya que, como miembro del Parlacen, tenía inmunidad. Posteriormente, se han dado casos de cobros ilegales a funcionarios: Registro Público, cuando su director era Luis Barría, y en el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Luis Ernesto Carles.
Por eso es por lo que el país desconfía de su sistema de justicia, no porque la Constitución sea buena o mala, sino porque los gobernantes no hacen el menor esfuerzo para que las normas se cumplan. ¿Cómo esperar que un personaje como Dilio Arcia que, por vivir arrimado a los cuarteles, escaló la pirámide de sus ambiciones dentro del PRD, sea un fiscal electoral “independiente”, como exige la norma constitucional?
Pero, además, ¿cómo puede esperarse que se castiguen delitos como el de los billetes premiados y cobrados ilícitamente, si el presidente Nito Cortizo guarda silencio cómplice, para no romper su alianza con el Molirena, solo porque los diputados insisten en que Pancho les siga asignando libretas de billetes de lotería?
Más que una reforma constitucional, lo que el país requiere son gobernantes probos y decididos a que las cosas se hagan bien, pisando los callos a quien sea.