Extensión de la moratoria: posibles repercusiones
El mandatario panameño anunció el acuerdo de flexibilización bancaria hasta el 31 de diciembre de 2021, como resultado de un ‘esfuerzo del Gobierno Nacional’, por intermedio de la Superintendencia de Bancos, junto con la Asociación Bancaria
Ante una situación socioeconómica como la actual, donde reina la incertidumbre con la prevalencia de casos de covid-19 y el aparato productivo sigue afectado, ¿qué repercusiones acarrearía a la economía y a nuestro sistema bancario una nueva extensión de la moratoria?, y ¿qué pasaría si no existiera tal extensión? ¿Como podrían los clientes de productos bancarios pagar no solo las deudas, sino todos los intereses que han acumulado?
Una nota de la periodista Mirta Rodríguez, reseñada en La Estrella de Panamá, recoge que el presidente Laurentino Cortizo anunció, el pasado 21 de junio, el acuerdo de flexibilización bancaria hasta el 31 de diciembre de 2021, “como resultado de un esfuerzo del Gobierno Nacional, por intermedio de la Superintendencia de Bancos de Panamá, junto con la Asociación Bancaria de Panamá”.
“El acuerdo de flexibilización bancaria se anunció a pocos días de que venza el acuerdo bancario de extensión de la moratoria, el próximo 30 de junio de 2021, como un alivio en favor de los panameños más vulnerables y afectados por la pandemia”, reza el texto.
La nota de este diario añade que la ley de moratoria no eliminaba lo adeudado en préstamos hipotecarios residenciales, personales, comerciales, de auto y tarjetas de crédito, sino que los aplazaba, sin aplicar recargos o cualquier otro interés por falta de pago o atraso diferente al interés sobre capital, pero dejó de ser efectiva el 31 de diciembre de 2020.
“A mediados de octubre de 2020, la junta directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá aprobó el acuerdo de modificación No. 13-2020 que establece un periodo de seis meses más para que bancos y clientes puedan realizar las modificaciones necesarias para mantener una relación de crédito viable y sostenible. Sin embargo, ese lapso terminaba el 30 de junio, es decir en una semana, pero este lunes 21 de junio, el Gobierno Nacional anunció una nueva extensión de flexibilización, esta vez hasta el 30 de septiembre, lo que implica que el 1 de octubre, los clientes deberán retomar el pago de sus compromisos financieros, de acuerdo con lo acordado o negociado”.
La realidad es que existe un escenario crítico: por un lado hay clientes que realmente no pueden afrontar sus obligaciones, y por el otro, tenemos el efecto devastador que esto representa para los bancos ya que dejan de percibir intereses, pero deben seguir pagando a los cuentahabientes que tienen su dinero en plazo fijo (y que es por medio de ese dinero que el banco les presta a las personas con menos recursos).
Debemos aclarar que esta moratoria no es como la anterior, en la que una vez que el cliente se acogía a la misma se le congelaban los pagos y no afectaba sus referencias APC. Esta nueva moratoria busca que el usuario llegue a un “acuerdo” con el banco y determinen un monto que el cliente pueda pagar sin afectar su calidad de vida; en fin, la ciudadanía debe acercarse al banco según sea su caso, y negociar.
Que el sistema bancario se debilite no es bueno para ninguna economía. Una extensión de la moratoria realmente no es favorable, pero tanto los bancos como el gobierno deben armar una estrategia para que las personas puedan encontrar una manera de hacerle frente a sus obligaciones.
El sistema bancario debe buscar una fórmula para poder darle el giro a toda la cartera morosa de clientes que tiene; buscar una manera de reestructurar y refinanciar los préstamos y deudas, ya sea a través de pagos diferidos, pagos solo de intereses, alargar los plazos de pagos para un préstamo, y lo más importante, la consolidación de deudas.
Es necesario que los bancos ofrezcan la opción de reestructuración a los clientes para que estos puedan hacer frente a sus compromisos crediticios. Por ejemplo, si la persona es independiente o tiene una reducción de salario y el banco según sus políticas no le otorgaría un préstamo personal, y además tiene deudas de tarjetas de crédito, la opción más viable sería que el banco hiciera excepciones para dar préstamos personales de consolidación de deudas de tarjeta, que tienen intereses altísimos.
Por otra parte, el cliente debe dar su cuota de compromiso y responsabilidad, y una vez que consolide las deudas de las tarjetas de crédito con el préstamo personal, debe cancelarlas, cortarlas y eliminarlas.
Si no logramos atacar la situación a tiempo, el panorama puede ser devastador para la economía. Muchas personas se están acostumbrando a hacer a un lado el pago de las deudas y una vez que deban retomarlas, quizá nunca puedan terminar de pagarlas y vivirán muy limitadas.
De acuerdo con datos de la Asociación Bancaria presentados en abril 2021, la cartera modificada, es decir los créditos con ayuda de alivio financiero, asciende a $21 mil 800 millones. Un 52% de esta suma es saldos de cartera que incluyen créditos hipotecarios, préstamos de autos, tarjetas de crédito y préstamos personales.
Por otra parte, 8 de cada 10 personas no podrán mantener su estilo de vida previo a la crisis sanitaria ocasionada por la propagación del SARS-COV-2 y cubrir las deudas adquiridas.
Inversiones
Una de las ventajas para los inversionistas en Panamá es la solidez de nuestro sistema bancario. Si este se deteriora, lo primero que vamos a ver es menos inversión extranjera, lo que afectará los empleos, el ingreso al país, el turismo, los negocios y las empresas multinacionales.
Y si las personas deciden no pagar sus obligaciones porque no pueden y no tienen los ingresos, sería un efecto en cadena. A ver, si usted contrata a un pintor para que pinte su casa, y no le paga, entonces él no puede pagarle a la tienda donde tomó el crédito para comprar los materiales. Esta medida traerá más desempleo y el cierre de compañías.
Esto sería perjudicial para nuestra economía precisamente por ese efecto en cadena que termina por afectar incluso a la persona que no se acoge a ninguna moratoria.
Aunque muchos piensan que el banco nunca pierde, esto está muy lejos de ser realidad. Si el banco se ve obligado a tomar posesión de los bienes de las personas que no pueden pagar, por ejemplo sus automóviles o casas, en este escenario pierde.
A la entidad financiera no le conviene tener bienes porque se ve obligada a rematarlos. El modelo de negocio del banco son los intereses que cobran a través de sus productos.
Una publicación de BBC reseñó que con la pandemia de covid-19 se disparó la pobreza y la extrema pobreza en Latinoamérica, a pesar de los paquetes de estímulo fiscal con que los gobiernos trataron de mitigar los efectos más devastadores de la crisis.
“En la mayoría de los casos, los gobiernos se endeudaron para inyectar fondos de emergencia en los sistemas de salud y entregar ayudas directas a las familias más vulnerables y a las empresas más afectadas por una recesión que hizo que la actividad económica cayera 7,7% en 2020”, recoge la nota.
Además, “la pobreza llegó a su nivel más alto en los últimos 12 años, afectando a un 33,7% de la población, es decir, uno de cada tres latinoamericanos lo está pasando muy mal”.
Sin embargo, según la Cepal, los únicos países donde bajó la pobreza y la extrema pobreza son Brasil y Panamá. Mientras en Brasil la extrema pobreza cayó de 5,5% a 1,4%, en Panamá registró una disminución de 6,6% a 6,4%.