El vale solidario: un tema de equidad

“Cumplir con un trabajo comunitario o atender un curso virtual, tiene un costo y tendrán que pagarlo aquellos a quienes la ayuda del Estado, a duras penas, les alcanzará para satisfacer a medias sus necesidades de alimentación”

Las motivaciones por las cuales se reglamenta el vale solidario tendrían plena justificación, si viviéramos en un país en donde hay equidad y le diéramos a cada cual lo que se merece, pero es lamentable que no existan ejemplos de equidad y que las medidas que se tomen golpeen a los más necesitados.

Desde que se inició la pandemia, se hizo la promesa de rebajar los salarios de los altos dignatarios del Gobierno y esta posibilidad se ha esfumado o, al menos, no sabemos si se concretizó. Escuchamos a algunos voceros de la Asamblea decir que, para hacer esto, había que legislar, pero tenemos entendido que esa propuesta no llegó a discutirse en la Asamblea.

En la empresa privada, los salarios de los ejecutivos que no se han podido mantener, se les ha reducido su salario o los han envidado de licencia sin sueldo, porque esto se paga con los ingresos que recibe la empresa, mientras que los del Gobierno los paga toda la sociedad en su conjunto. Si hubiese existido la voluntad política de hacerlo, ya los salarios de ministros, directores, diputados y otros dignatarios estuviesen rebajados, lo que me hace recordar el conocido refrán español “entre bomberos no se pisan la manguera”, que explica la solidaridad de este grupo, para no tomar medidas que les afecte.

Cuando revisamos la planilla de la Asamblea, habrá mucha gente que debe estar haciendo trabajos comunitarios, no porque reciba un vale solidario, sino porque recibe emolumentos en tareas que no ha podido justificar o que la Asamblea no ha podido explicar. En el año 2021, hay 929 registros de personas que han cobrado 3.5 millones de balboas como servicios profesionales y cuando miramos el perfil de los que están en esas planillas, veremos que hay un vínculo muy cercano a los círculos de poder.

La famosa ley que les permite a los funcionarios electos, como alcaldes y representantes, tener una licencia con sueldo del Gobierno sin trabajar, que, si bien es cierto, es correcto porque la ley lo permite, desde el punto ético, es inmoral recibir un salario sin trabajar.

Se creó un régimen especial en el Ministerio de Educación para que los educadores se pudiesen retirar cinco años antes de la edad de pensionarse, el famoso PRAA, con el pretexto de que las condiciones físicas no les permitían continuar trabajando después de los 57 años a los hombres y 55 años a las mujeres. Ahora, tenemos educadores que reciben un salario como funcionarios, otro como maestro en licencia con sueldo y para coronar la cerecita del pastel, también son pensionados. Para hacerse merecedor a los aumentos de salario, a los educadores se les exige cumplir con una serie de requisitos, los cuales obviamente no cumplen los que están en licencia con sueldo, porque hay que estar ejerciendo el cargo de maestro para poder cumplir con este requisito, pero de igual forma lo reciben.

Cuando pretendemos ser solidarios, si le quitamos a los que más tienen para transferirlo a los que menos o nada tienen, esto es justicia social. Cuando le quitamos a los que menos tienen, es un proceso de reversión de la solidaridad.

Cumplir con un trabajo comunitario o atender un curso virtual, tiene un costo y tendrán que pagarlo aquellos a quienes la ayuda del Estado, a duras penas, les alcanzará para satisfacer a medias sus necesidades de alimentación. Cuando haya equidad, encontraremos los recursos para darle a cada uno lo justo.