A dos años de medidas antipopulares
El 1 de julio se cumplieron dos años de medidas antipopulares ejecutadas por el Gobierno de Laurentino Cortizo. Inició estableciendo un plan de Gobierno dirigido a dar continuidad a las medidas neoliberales, que han implicado exclusión social y pauperización de las condiciones de vida de las mayorías.
Las primeras medidas de Cortizo, emisión de bonos y préstamos para “reactivar la economía”, lo cual nunca se dio, en medio de una severa crisis del modelo neoliberal, pero sí sirvió de botín para los bancos y para el atraco de los fondos públicos. Entre sus primeras medidas, aprobó procesos privatizadores vía APP. Asimismo, pretendió, mediante la fuerza, imponer reformas constitucionales, rechazadas por el pueblo en las calles.
En marzo del 2020, se anuncia el primer caso detectado de COVID-19 e inicia el vía crucis que vive el pueblo panameño, con más de 6500 muertos y 400 000 contagiados, teniendo una de las peores tasas de fallecidos e infectados por cada 100 mil habitantes en el mundo. La pandemia fue aprovechada por el Gobierno y la clase empresarial para imponer medidas antiobreras: decretos y reformas al Código de Trabajo, que han significado más de 282 mil contratos suspendidos, reducción de las jornadas laborales y por ende, de los salarios, despidos masivos, algunos disfrazados de mutuos acuerdos; violación del fuero de maternidad y pagos a través de vales o bonos que no reconocen XIII mes ni cuotas de la CSS, entre otros (significan para muchos panameños que no alcanzarán las cuotas para jubilarse).
Es el momento aprovechado por Gobierno y empresarios para imponer un diálogo de “Yo con Yo” en la CSS, dirigido a la privatización de todos los fondos de los asegurados y los servicios que brinda, fraccionar la Caja, imponer aumento de la edad de jubilación, incremento de las cuotas (monto y cantidad), reducir jubilaciones y pensiones.
Los grandes escándalos de corrupción constituyen evidencia clara de cómo se utiliza la esfera pública para aumentar las riquezas de grandes empresas locales y extranjeras, que durante el actual Gobierno han venido en incremento, incluso en el periodo de la COVID-19. Los grandes negociados fraguados en los casos de la minería, energía y puertos, donde el Gobierno reitera los contratos leoninos contra la nación. Como señalará Frenadeso “… los nuevos Bunau Varilla en el Bicentenario de la Independencia están terminando de vender a Panamá”. No podemos olvidar que Cortizo-prd llegó a la Presidencia con un estrecho margen (33 %), pese a haber acaparado más del 70 % de las donaciones privadas y la mayor porción del financiamiento público electoral, mismos que hoy cobran intereses.
Para seguir beneficiando al sector empresarial, han hipotecado el país. El Gobierno de Cortizo-prd aumentó la deuda en 9029.8 millones (lo que equivale a 752.5 millones por mes, 25 millones diarios, más de un millón por hora). Para este 2021 se pedirán casi seis mil millones adicionales. Se trata de deuda para pagar deuda; gran parte será para inyectarle dinero a los bancos privados. Esto colocaría la deuda histórica en más de 40 mil millones de balboas. Endeudamiento que el pueblo no ve, pues los principales problemas sociales siguen sin atenderse.
Mientras se hace todo tipo de concesiones a las grandes empresas, bancos y corporaciones transnacionales, al pueblo necesitado se le imponen cursos y trabajos comunitarios para recibir un mísero bono de 120 balboas, y se le niega una moratoria real, dejando a merced de los entes financieros a los panameños cuyas deudas y los intereses derivados de ellas han crecido enormemente en este período. Igualmente, se desaloja por la fuerza a centenares de familias que no tienen acceso al derecho a una vivienda digna.
En medio de ello, el pueblo sigue resistiendo y combatiendo en las calles por una vida digna, contra la venta de la nación y las medidas criminales y neoliberales, contra la corrupción. Llamamos a organizarnos para elevar los niveles de conciencia del pueblo, construir poder popular, crear condiciones para la autoconvocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes, que funde un nuevo país.