Fijan fecha de audiencia por los sobrecostos en la autopista Arraiján-la Chorrera
Dos exministros de Obras Públicas y dos empresarios han sido imputados y llamados a juicios por supuestos sobrecostos en la obra
El Juzgado Segundo Liquidador de causas penales, a cargo de Lorena Hernández, ha programado del 20 al 23 de julio de 2021, a las 10 de la mañana, una audiencia preliminar por los supuestos sobrecostos en la construcción de la Autopista Arraiján-la Chorrera.
Los exministros de Obras Públicas, de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), José “Pepe” Suárez y Jaime Ford, y los empresarios, David y Daniel Ochy, están imputados en la investigación que instruyó la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
En total, ocho funcionarios y tres particulares han sido imputados en este proceso que empezó en 2015, por una supuesta lesión patrimonial de $7.9 millones, según información que se desprende del portal digital del Ministerio Público, en la sección de casos de alto perfil.
La investigación se inició como consecuencia de un informe que presentó la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional de Diputados, que reflejaba un sobrecosto entre $50 mil y $60 mil en cálculos de construcción.
La Fiscalía Anticorrupción también investigó un adelanto millonario que otorgó el entonces gobierno para las obras de ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján-la Chorrera y que supuestamente fue utilizado para la compra de un medio de comunicación social.
El proceso estuvo paralizado durante 10 meses y 27 días a la espera de la audiencia preliminar. La Fiscalía Anticorrupción elaboró la Vista Fiscal con solicitud de llamamiento a juicio contra todos los imputados en la investigación, con cargo de peculado.
La obra fue adjudica en el año 2010 a TCT, constructora de los hermanos David y Daniel Ochy por un costo de $152 millones, pero terminó costando $161 millones, según se desprende de la investigación de la fiscalía Anticorrupción.
El plazo de ejecución de la obra era dos años y medio, pero cuatro años después la obra no había sido concluida, según dijo el entonces ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, en 2017: “Todavía estamos luchando para construir una carretera digna de acuerdo con el contrato que firmó la compañía con el MOP”.
Por este caso, la fiscalía Anticorrupción decretó detención provisional para dos exfuncionarios y una empresario.
Tanto Ford como Suárez negaron los sobrecostos y aseguraron que la obra cumplió a cabalidad con lo que establecía la Ley. Ford fue eximido de responsabilidad en un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República.