Denuncian posible favoritismo en la AMP
La abogada Helga Ceballos interpuso ante la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), una queja por omisión de funciones en contra del administrador de la AMP, Noriel Aráuz, con relación a una solicitud de revocatoria de "ocupación temporal" del llamado Astillero de Balboa, a favor de las empresas Stward Agency Inc y Mesolju Marine Services Corp
Luego de varias solicitudes para explicar sobre qué base legal se entregó a un grupo de empresarios “autorizaciones de ocupación” temporal, para usufructuar las instalaciones del llamado Astillero de Balboa, Noriel Araúz, administrador AMP, no ha respondido
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En los pasillos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), se mencionan empresas y nombres con posibles ventajas competitivas injustas, que serían la preocupación de los que intentan competir en condiciones de igualdad, para obtener la concesión del Astillero de Balboa”, afirmó la abogada Helga Ceballos.
Cuando se trata de transparentar sus acciones de cara a los intereses de la sociedad en su conjunto, los pronunciamientos de fondo no son los preferidos por algunas autoridades, luego de varias solicitudes para explicar sobre qué base legal se entregó a un grupo de empresarios permisos de “autorizaciones de ocupación” temporal, para usufructuar las instalaciones del dique seco o el llamado astillero de Balboa, Noriel Araúz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), no ha respondido a las interrogantes legales sobre cómo otorgó ventajas evidentes a dos empresas del sector, afirmó la abogada.
Ceballos, quien también lleva un caso de corrupción de servidores públicos contra la misma AMP, interpuso sendas quejas en contra del administrador de la AMP por omisión de funciones respecto a una solicitud sobre revocatoria de “ocupación temporal” del muelle 8 y los diques 2 y 3 a favor de las empresas Stward Agency Inc., y Mesolju Marine Services Corp, respectivamente, otorgadas por la dirección general de puertos e industrias marítimas auxiliares y se solicita que se pronuncie sobre el fondo de la controversia.
Los recursos fueron interpuestos ante la Junta Directiva de la AMP. La abogada solicita a la vez un pronunciamiento en firme sobre la controvertida decisión de entregar temporalmente a las empresas de referencia para su explotación, estos bienes del Estado.
En el marco de esta situación está la próxima licitación de dichas instalaciones, donde las otras empresas participantes están interesadas en un proceso justo, afirmaron fuentes allegadas a los participantes. La licenciada Ceballos, también ha interpuesto denuncias ante el Tribunal de Cuentas y la misma está en proceso de investigación por parte de las instancias en la Contraloría General de la Republica.
El Ing. Pablo Torres Chong es el presidente de Stward Corportation, que tiene una de las dos cuestionadas “autorizaciones de ocupación”, para realizar operaciones y usufructuar de las instalaciones hasta la adjudicación del astillero y a la vez aspira a ganar la licitación del mismo astillero.
Torres y otro empresario, Mario Bretton, han sido mencionados repetidas veces en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, asignada al fiscal José Ayarza. La denuncia fue motivada por una posible extorsión a un empresario marítimo, para obligarlo a vender su empresa en compañía de altos funcionarios de la AMP, que también interpuso la abogada Ceballos ante la fiscalía anticorrupción.
Por el otro lado, está Roger Moreno, representante de la segunda empresa beneficiada con la cuestionada “autorización de ocupación” del astillero. Se trata de la empresa Mesolju Marine Services Corp. (MMSC) que, a su vez, es otro aspirante al codiciado astillero.
Además, Roger Moreno repite aparentemente en otro formato con la empresa Mesolju Shipyards, representada por Oscar Alberto León, para competir por la concesión mencionada. Sumando 2 empresas con nombres similares, suponiendo diferentes directivos, pero mismos intereses.
Gabriel Fernández es presidente de la empresa “Sea Energy”, que también estuvo vinculada con el Ing. Pablo Torres en el pasado reciente. Esta empresa estuvo envuelta en un derrame de bunker en la costa pacífica cercana al Canal de Panamá el año pasado con su nave “Sea Lion” y una falta por no declarar dársenas o trasiego de bunker, lo que motivó una sanción y revocación de su licencia de navegación, misma que se renovó menos de un año después sin explicación, gracias a una decisión del actual administrador Araúz, que nadie en el sector marítimo comprende, afirmó la letrada.
Fernández también participa en la licitación del Astillero de Balboa con su empresa AB Marine Consulting, para optar por el manejo de dichas estructuras, su facilidad para renovar licencias de operación en plena moratoria, a pesar de que la misma empresa ha incurrido en considerables eventos de contaminación, es una ventaja que podría operar a su favor al momento de competir por una licitación, si alineamos hechos donde el administrador ha tenido que decidir procesos administrativos bajo su dirección, según confirman los hechos, dijo.
Esta semana se espera el anuncio de una posposición, por segunda vez en esta administración, del acto de licitación del Astillero de Balboa, que en el pasado también ha sido objeto de cambios y posposiciones que no ha logrado concretar la estabilidad de dicha actividad, según informaron fuentes cercanas al acto público, por lo cual se ha generado alguna expectativa en particular.