La salud pública como excusa para violentar DDHH
Se escuchan voces desde la Medicina, en sentido de que hay que hacer obligatoria una intervención médica en la población. Lo argumentan bajo la bandera de la salud pública. La idea es incompatible con la dignidad humana, por más que se la pinte como solidaria.
En Bolivia, el 1 de julio de 2000, en un hospital público, una mujer fue sometida a una ligadura de trompas de Falopio durante la cesárea de su tercer hijo. Durante la intervención, los médicos observaron “múltiples adherencias a nivel del segmento inferior del útero”, y el ginecólogo obstetra a cargo de la cirugía decidió, sin el consentimiento de la paciente, proceder a su esterilización mediante la ligadura de las trompas de Falopio. El médico indicó que lo hizo para proteger la vida de la mujer, porque las adherencias representaban un peligro para la vida de ella, si volviese a tener un embarazo. Sin embargo, no se trataba de un riesgo inminente.
La mujer demandó al Estado boliviano y el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh). La sentencia fue dictada en noviembre de 2016, y la Corteidh halló que, con la intervención sin consentimiento de la mujer, se le violentó a esta sus derechos humanos (DDHH) (I.V. son sus iniciales, la sentencia no da su nombre completo por protección de su identidad), en particular, se le violentó su dignidad humana. El hecho de que el médico lo hiciera con las mejores intenciones pensando en el bienestar de la paciente, no justifica la violencia de su autonomía para tomar sus propias decisiones médicas.
“Un aspecto central del reconocimiento de la dignidad constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones.
En este marco juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona, el cual veda toda actuación estatal que procure la instrumentalización del individuo; es decir, que la convierta en un medio para fines ajenos a las elecciones sobre su propia vida, su cuerpo y el desarrollo pleno de su personalidad”. Esto sentenció la Corteidh en el caso I.V. vs. Bolivia (2016). La no instrumentalización es fundamental, y alude a que cada individuo es un fin en sí mismo y jamás se pueden justificar intervenciones médicas en una persona, con la excusa de que la intervención es necesaria para beneficiar a un tercero, el Estado o la colectividad.
“El reconocimiento del consentimiento informado como expresión de la autonomía de las personas en el ámbito de la salud ha significado en la práctica de la medicina un cambio de paradigma en la relación médico-paciente, ya que el modelo de toma de decisiones informadas y libres pasó a centrarse en un proceso participativo con el paciente y ya no en el modelo paternalista en donde el médico, por ser el experto profesional en la materia, era quien decidía lo más conveniente para la persona que debía someterse a un tratamiento en particular”. Así, “el consentimiento informado asegura el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de la persona”. Así la Corteidh dio un repaso a la nefasta tradición médica conocida como “paternalismo médico”.
La Corteidh también señaló que “la obligación de obtener el consentimiento informado significará el establecimiento de límites a la actuación médica y la garantía de que estos límites sean adecuados y efectivos en la práctica, para que ni el Estado, ni terceros, especialmente la comunidad médica, actúe mediante injerencias arbitrarias en la esfera de la integridad personal o privada de los individuos, especialmente en relación con el acceso a servicios de salud”. Léase bien: ni el Estado ni, especialmente, la comunidad médica tienen autoridad para injerencias arbitrarias en la esfera de integridad personal del individuo en materia de decisiones médicas.
La idea de que las personas tengan un supuesto deber de someterse a intervenciones médicas, no ya para su propio beneficio, sino para supuesto beneficio de terceros o del bien común, es la negación misma de la dignidad humana, la negación del fundamento moral occidental de que cada persona es un fin en sí mismo y no un instrumento para beneficio de otros. Es la instrumentalización del individuo. Es proponer que se utilice a personas como escudos humanos para supuestamente proteger a otras. El que haya tantos médicos prominentes, periodistas y figuras públicas proponiendo semejante atrocidad, y encima que lo presenten como un deber solidario, corrobora la observación de que las personas que participaron de las atrocidades cometidas bajo el régimen nazi eran personas “normales”. El hallazgo del experimento de Stanley Milgram sobre la disposición de muchas personas “normales” a impartir tortura a otras, si tan solo una figura de autoridad con una bata blanca se lo ordena, está siendo corroborado en vivo y a todo color desde hace 16 meses, y los obedientes amenazan con aumentar aún más el voltaje.