La recuperación transformadora que necesitamos
Recientemente la Cepal publicó un informe especial dedicado a la evolución y los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. En él se analiza el comportamiento de los principales indicadores económicos y sociales de la región, se presentan nuevas proyecciones económicas para los países a más de un año de la aparición de la pandemia de COVID-19 y se proponen estrategias y políticas para una recuperación transformadora.
Para comenzar, según las nuevas proyecciones de la Cepal, “aunque la estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 se eleva a 5.2 %, no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido, ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación”.
El mismo informe señala que, para 2021, se prevé un crecimiento económico cercano al 10 % para nuestro país, pero este tampoco será suficiente para recuperar el nivel del producto registrado en 2019. Y esto es así, subraya la Cepal, porque “la dinámica y la persistencia del crecimiento de 2021 hacia delante están sujetas a las incertidumbres derivadas de los avances desiguales en los procesos de vacunación y la capacidad de los países para revertir los problemas estructurales detrás de la baja trayectoria de crecimiento que exhibían antes de la pandemia”.
Sobre la vacunación, que es la principal estrategia para controlar la epidemia, subraya la Cepal que, “aunque se han alcanzado resultados científicos y tecnológicos inéditos con el desarrollo de múltiples vacunas, existen marcadas diferencias entre países en las tasas de vacunación y una gran concentración de la adquisición de vacunas en los países más desarrollados”.
En nuestro caso, aunque llevamos a cabo un intenso programa de vacunación contra el virus que causa la COVID-19, solo hemos cubierto con dos dosis al 15 % de la población, lo cual está muy lejos del 75 % necesario para controlar la epidemia. Y dicho promedio no muestra las diferencias importantes entre provincias, comarcas y corregimientos de nuestro país; por lo que es muy probable que la cobertura sea mucho menor en aquellas poblaciones que padecen los mayores indicadores de pobreza multidimensional producto de las deficiencias estructurales históricas que no han sido resueltas.
En ese sentido, el año pasado, el Gobierno, con el apoyo del PNUD, llevó a cabo la medición del Índice de Pobreza Multidimensional por Corregimientos (IPM-C), considerando las cinco dimensiones del IPM Nacional y utilizando como fuente el censo de población y vivienda.
Los resultados de esta medición identificaron altos porcentajes de pobreza multidimensional en 98 corregimientos, con más del 90 % del total de su población evidenciando carencias en el acceso a los servicios de salud, agua potable, producción, saneamiento, electrificación rural, infraestructura vial, educación, vivienda y deportes. Las privaciones multidimensionales identificadas deben definir los criterios de asignación de los recursos públicos al momento de priorizar, sin perder de vista la planificación nacional, los territorios donde se implementarán los programas de desarrollo integral que llevará a cabo el Gobierno, ojalá en forma conjunta con la sociedad organizada y la empresa privada.
Pero, como bien señala la Cepal, “la crisis social derivada de las restricciones de movimiento, la disminución de la actividad económica y la pérdida de empleo a causa de la pandemia no solo ha tenido un efecto negativo en los estratos de ingresos bajos, sino que también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva”. También para ese segmento poblacional se requieren intervenciones que promuevan la recuperación económica y social de este grupo.
Al final, el documento de la Cepal enfatiza que, las políticas para consolidar la recuperación y superar los efectos negativos de la pandemia deben ser políticas para una recuperación transformadora. Por consiguiente, las políticas de corto plazo que hemos implementado para superar los efectos de la epidemia en el país deben articularse en una estrategia de cambio estructural basada en un gran impulso inversor para la sostenibilidad económica, social y ambiental. Esto implica la revisión de planes y estrategias y el fortalecimiento de capacidades para construir escenarios prospectivos y su institucionalización en la gestión pública. Agrega la Cepal que: “el desafío de la salida de la crisis es tanto un desafío tecnológico y productivo como un desafío social y político, en el que la búsqueda de la igualdad será determinante de sus posibilidades de éxito”.
Para terminar, solo me queda agregar que, aún no se vislumbra el fin de la crisis de salud pública que ha causado más de 400 mil enfermos y cerca de 6700 defunciones en el país. Por ello, la necesidad de controlar la epidemia de COVID-19, a la vez que avanzamos en la recuperación de la economía del país, es el asunto más importante que tenemos que abordar los panameños.