¿Será posible una contraloría independiente?

La Constitución Nacional, Artículo 279, establece que la Contraloría General de la República (CGR) debe ser “un organismo estatal independiente”. Sus decisiones no deben depender más que de la Ley. ¿Existe eso en Panamá?

Veamos el perfil de los tres últimos contralores, periodo donde el país ha sufrido el mayor descalabro en la fiscalización y control de sus recursos públicos y más desorden ha habido en su manejo.

Martinelli: logró que la Asamblea Nacional escogiera como contralora a Gioconda de Bianchini (q. e. p. d.). Procedía de las empresas de Martinelli, donde ocupada un cargo similar. No hay que agregar más nada. Varela: obtiene el apoyo de los diputados para que se designe como contralor al empresario Federico Humbert Arias, embajador en Estados Unidos bajo el Gobierno de Martín Torrijos. Aceptó el cargo, como comentó a cercanos colaboradores, como trampolín para ser presidente de la República. Por ello pactó con los diputados y los representantes de corregimiento. No investigó los más de $400 millones que diputados del periodo de Martinelli recibieron de fondos públicos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), de los cuales muchos fueron a parar, sin control alguno, a varias juntas comunales de diversos corregimientos, donde los representantes se quedaban con parte. Reiteradamente evitó investigar el escándalo de Odebrecht y no hizo olas sobre fondos utilizados en planillas legislativas, muchas brujas, bajo la presidencia de Rubén de León, que financiaron la campaña interna del PRD, asegurando el triunfo de Pedro Miguel González. ¿Y ahora?

Se designa al abogado Gerardo Solís, excandidato presidencial seudoindependiente, que terminó acompañando al candidato presidencial PRD en el 2014. Comenzó su carrera pública en la dictadura como abogado de la Zona Libre de Colón. Durante el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares, fue director del FIS, antecesor del PAN y ministro de Vivienda. Estando en el FIS, fue presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), donde, con $10 000 de las partidas circuitales de 27 diputados ($270 000), como si fueran fondos propios, logró remodelar con dinero del Estado el edificio de ese gremio privado. El hecho está plasmado en una placa de reconocimiento en la entrada del CNA, evidencia del delito perpetrado. De allí fue fiscal electoral y sumó 10 años como magistrado del Tribunal Electoral.

Con esa trayectoria pública evidentemente no llenaba el perfil requerido para ser contralor. No era independiente. Se hacía indispensable obtener el apoyo de los diputados, pactando con ellos, nombrando a parientes de estos en la Contraloría y tapando casi todo lo cuestionado que ha encontrado.

De la contratación hecha para poner grama al estadio Rommel Fernández se supo que su costo de $1.7 millones era cuatro veces superior al engramado del emblemático estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. La empresa beneficiada resultó tener la suerte de que este y anteriores Gobiernos le han dado contratos por más de $300 millones. Se conoce la estrecha relación de sus dueños con el presidente del PRD y de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

¿Habremos oído al contralor Solís decir una palabra sobre este caso, destapado por los extensos reportajes de los medios? ¿Se acordará el contralor Solís de que dentro de sus atribuciones, según el Artículo 280 de la Constitución, numeral 2, está la de “¿Fiscalizar

y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la Ley?”.

Lo de la grama es lo último que se conoce que no ha investigado. Otro caso es el de la licencia con sueldo de $3000 como chofer en la Asamblea Nacional del alcalde de Capira, quien, además, cobra un salario de $3500, hecho que se repite por leyes que deberían ser eliminadas por los fueros y privilegios que crean. Necesitaría mucho espacio adicional por todo lo que Solís no ha investigado. Las probadas denuncias públicas que la ciudadanía conoce, son abrumadoras.

Nos pasamos echando la culpa al Ejecutivo por su inacción y falta de toma de decisiones. O al Judicial por todo lo malo que se cocina dentro de ese órgano del Estado o de la Asamblea Nacional con todas sus botellas y negocios turbios. Pero ¿habremos pensado en todo lo que en Panamá se hubiera podido parar si tuviéramos un contralor independiente, tal como exige la Constitución? Ese sería uno de los primeros cambios que demanda una nueva constitución.

Falta una mejor fórmula para escoger un contralor verdaderamente independiente.