Países adoptan compromiso sobre derecho marítimo y crimen organizado
Los países de América Latina adoptaron un compromiso a través del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) sobre derecho marítimo y crimen organizado transnacional a finales de septiembre pasado, mediante el cual se asumen cinco compromisos generales con la intención de que cada nación apruebe su propia legislación basada en una ley modelo.
El objetivo de la ley es regular los mecanismos de prevención, combate, investigación y enjuiciamiento de los delitos del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos, con sanciones y penas.
La sustentación de este principio se recarga en el impacto negativo que tiene en la recaudación tributaria del contrabando, por ejemplo, y la distorsión que genera en la actividad comercial porque se compite en condiciones equitativas con los importadores que evaden impuestos.
Además, pretende atacar las falsificaciones de marcas ilícitas que han proliferado en los últimos años, haciendo más necesario fortalecer la capacidad de las instituciones con el sector privado para identificar a los autores.
Lo anterior motivó a que en el Parlatino se debatiera un modelo de ley para combatir estas actividades. Como preámbulo, se asumieron los cinco principios.
El primero es promover la discusión de mejores prácticas y código de conducta en materia de transporte e intermediación marítima para prevenir el comercio ilícito. Fomentar alianzas público-privadas en materia de transporte, logística e intermediación marítima con los sectores involucrados.
La organización Crime Stoppers, que impulsó el proyecto a nivel regional, actuará como el coordinador inclusivo del Comité de Derecho Marítimo y Combate al Comercio ilícito y la delincuencia organizada con el fin de intercambiar experiencias, conocimiento y diálogo para prevenir la actividad ilegal.
Mediante la participación del sector académico, se busca generar observatorios y metodologías de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones realizadas para prevenir el delito en el sector marítimo.
El último punto pretende promover políticas públicas desde una perspectiva transversal y multidimensional con el fin de comprender sus impactos y efectividad en la prevención y combate al crimen organizado en temas de violencia, conflicto y paz a partir del contexto entre otras realidades de Latinoamérica.
El pasado 28, 29 y 30 de septiembre, el Comité de Derecho Marítimo y Combate al Comercio ilícito y la delincuencia organizada transnacional, junto con varias instituciones académicas y Crime Stoppers, efectuó el primer encuentro en la materia.