Panamá no es un paraíso fiscal
Una cosa es el delito que pueda realizar una persona o una empresa, otra la que, confundiendo papeles, se le quiera atribuir a un país.
Eso ocurrió, sin embargo, en abril de 2016, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) asignó a un delito el nombre de un país, cuando los ilícitos correspondían a un bufete privado.
La evasión fiscal y el lavado de dinero constituyen hoy por hoy una de las afectaciones más severas que sufre la economía mundial, por lo que nada tiene de extraño que naciones y empresas inviertan esfuerzos cuantiosos en el combate a estos flagelos. En ese marco, Panamá ha actuado en consecuencia.
Desde finales de los años noventa del pasado siglo XX, Panamá viene luchando contra esas prácticas, a través de distintos mecanismos como la UAF, y en apoyo a esfuerzos internacionales contra el tema de la evasión y el lavado.
“Conozca a su cliente” fue otra de las medidas exigidas a los bufetes locales, y que complementaba las acciones que algunos países no podían cubrir en sus territorios. Pero una cosa es aplicar esas medidas, y otra convertirse en inspectores financieros de otras naciones.
¿Cuánto cuesta hoy abrir una cuenta de banco en Panamá? ¿No es acaso cierto que Panamá ha hecho y sigue haciendo lo que está a su alcance para combatir estos flagelos?
Organismos como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) tienen todo el deber de emprender investigaciones contra los temas que nos ocupan, lo que no sería correcto, ético ni moral es afectar la reputación de un país, en lugar de centrar ataques en los supuestos infractores.
Cuando aparecieron los llamados “Panama Papers” la investigación aludía a las irregularidades de un bufete, pero terminaban afectando toda la plataforma de servicios de un país, que, como Panamá, posee un Centro Bancario Internacional, una Zona Libre de Colón, y desde el cual, por años, se crearon sociedades anónimas.
Si se considera que el 80 por ciento de los aportes al PIB de Panamá proviene de su sector de servicios, tendrá que concluirse que atacar en este plano la reputación del país es devastar su economía.
Razones de peso posee el Gobierno panameño para advertirle al Consorcio sobre este aspecto, sobre todo porque a diferencia de abril de 2016, hay hoy en Panamá un Gobierno decidido a defender la imagen y la reputación del país.
“El Gobierno de Panamá está decidido a actuar para que no se repita esta falsedad”, en alusión a los llamados “Panama Papers”, que hicieron, cruelmente, de las acciones ilegales de un bufete la marca de una nación.
Lo extraño y hasta sospechoso sería repetir una acción indecorosa como la de 2016, cuando Panamá se empeña en reactivar su economía mediante la atracción de inversiones extranjeras de reputadas empresas que exigen transparencia en sus operaciones.
Más todavía cuando tras una exitosa jornada contra la pandemia de la COVID-19, Panamá emerge como una nación con autoridad y prestigio, ¿o es eso lo que busca el consorcio investigativo del cual hace parte un periódico local?
La nota que la firma contratada por el Gobierno panameño dirige al consorcio expone la disposición del país a dialogar para contribuir con información exacta, y evitar la agresión a su reputación. Ojalá lo entienda el consorcio, porque a Panamá le corresponderían muchas maneras de defenderse. (JBV)