Epitafio predecible
La Decana, en su edición impresa del pasado martes, desplegó el titular, a cuatro columnas, que, con toda seguridad, a nadie ha sorprendido: “Constituyente paralela: un proceso que morirá en la cuna”. Y no ha sorprendido, porque desde que, por un lado, el grupo “Panamá Decide” y, por el otro, los dirigentes de los partidos Cambio Democrático, Panameñista, PAIS, a los que se sumó, precipitadamente en mi opinión, el presidente del Colegio de Abogados, anunciaron su propósito de recolectar más de medio millón de firmas de respaldo, comenzaron a flotar en el ambiente incógnitas básicas: ¿cuál era la carta escondida detrás de esa aventura? O, ¿por qué esperaban que la ciudadanía los respaldara cuando no hicieron, y todavía sigue pendiente de que lo hagan, una sustentación medianamente razonada de los cambios que aspiraban a introducir en la Constitución Política que nos rige y que, como ellos bien lo saben, en nada se parece al texto promulgado en 1972?
Una asamblea constituyente no puede ser producto de la improvisación. En Panamá hemos tenido solo dos: la originaria de 1904, por razones obvias: la República recién nacida, necesitaba de una que produjera el primero de nuestros estatutos fundamentales; y la de 1946, resultado consecuente de la crisis institucional generada por la promulgación de la Constitución de 1941, cuya aplicación conllevaba, entre otros efectos nocivos, que los gobernantes que habían protagonizado el derrocamiento del doctor Arnulfo Arias, pretendieran permanecer en el poder hasta el año de 1947.
En el momento actual que vive la República, acuciada por la pandemia y urgida de retomar el cauce de la normalización económica, resultaba incomprensible que algunos dirigentes políticos intentaran anteponer como prioritaria la convocatoria de una asamblea constituyente, sin meditar que al pueblo al que han querido convocar, con clara conciencia de la coyuntura que vivimos, para nada podía hacerse eco de su extemporánea convocatoria. En su improvisación tampoco tomaron en cuenta que, al pueblo llano, el que sufre con mayor rigor los efectos de la pandemia, lo que menos puede interesarle es patrocinar un salto al vacío con sus secuelas de inestabilidad política, económica y social, que retrasarían la vuelta a la normalidad y eventualmente a la senda del desarrollo.
La constituyente de 1946, aparte de haber contribuido a superar una crisis política, por haber tenido, como insumo previo, el bien estructurado anteproyecto preparado por los juristas José Dolores Moscote, Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari, nos dejó la mejor constitución que era posible adoptar. La pretendida constituyente paralela, sin un anteproyecto de alcances mínimos e identificables, so pretexto de que “debe dejarse al exclusivo arbitrio de los eventuales constituyentes decidir un nuevo texto constitucional”, sin parámetros medianamente ciertos, no podía ser lo suficientemente sensato para motivar a la ciudadanía. Y la prueba son los escuálidos resultados que ofrecen las cifras que ha publicado el Tribunal Electoral. Achacar la culpa a supuestos obstáculos no sirve para explicar ese derrotero. Y los promotores, con buen sentido, debieran optar por, con la misma diligencia que los motivó cuando iniciaron su fallida aventura, aceptar que se equivocaron y cerrar ese capítulo con una comunicación al Tribunal Electoral, de su desistimiento.