El aumento de la planilla estatal y la estructura gubernamental, el debate
El gasto mensual de la planilla estatal representa para el erario público la suma de $382.3 millones. ¿Se justifica o es cónsono con los servicios que reciben los ciudadanos? Dos abogados analizan el tema
El aumento de la planilla es una nefasta práctica clientelista que emplea recursos públicos para el beneficio de unos pocos.
● Walkiria Chandler D’orcy Abogada
Es actualmente diputada suplente de la Asamblea Nacional. Activista ambiental y exdirectora de asesoría legal de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.
La planilla estatal registraba en enero pasado 236.222 funcionarios, lo que representaba salarios mensuales por la suma de $382,3 millones. ¿Cuál es su análisis?
Sin duda ante el inminente proceso interno de elección del partido gobernante, buscan colocar a su membresía en puestos de trabajo para tratar de garantizar obtener votos a cambio. Una nefasta práctica clientelista que emplea recursos públicos para el beneficio de unos pocos.
¿Se justifica mantener una planilla de 236.222 funcionarios en un país de 4,5 millones de pobladores?
Por supuesto que no, menos si muchos nombrados no cuentan con la capacidad mínima para desempeñar sus funciones; a algunos les basta con estar inscritos en el partido gobernante. Se observa el debilitamiento de la institucionalidad y al momento de efectuar trámites los procesos son dilatados y poco efectivos.
La estructura del Estado la componen casi 80 entidades, entre ministerios y entidades descentralizadas. ¿Cómo analiza esta estructura?
Anacrónica y poco efectiva. Se están destacando en crear nuevos ministerios que lejos de potenciar actividades solo son cascarones burocráticos para consolidar fuerzas políticas a lo interno del gobierno. Generaron el Ministerio de Cultura donde se aumentaron gastos y la situación de la cultura en nuestro país aún esta famélica; estuvieron envueltos en escándalos de corrupción y licitaciones opacas con beneficiarios muy específicos. Ahora hablan de un ministerio de la mujer, cuando ni siquiera han sido capaces –en tres años de gobierno– de nombrar a una directora en el Instituto Nacional de la Mujer, que permanece con una directora encargada, limitada a operar con solo un 0,2% del presupuesto estatal, mientras aumentan los feminicidios y las muertes maternas en partos.
Hablando de estructura del Estado, la carrera administrativa es una propuesta que no se termina de concretar. ¿Cómo analiza esta realidad?
Falta de voluntad política para profesionalizar las instituciones. No les resulta conveniente a algunos cuantos brindarles mejores condiciones laborales a los funcionarios, como capacitaciones o estabilidad, si son utilizados como moneda de cambio por algunos líderes de partidos políticos.
¿Qué cambios propondría para la reestructura del Estado y la planilla?
Lo público y sus instituciones son necesarios, pero en Panamá han sido tomados por el clientelismo. Hay necesidad de que haya una verdadera carrera administrativa donde todos los puestos vayan a concurso, y donde las decisiones de lo que se hace con los fondos públicos pase por la participación ciudadana y un plan de desarrollo. He ahí algunos pasos en dirección correcta para reestructurar el Estado.
Si bien es cierto que el Estado ha aumentado su cobertura de servicio, que justificaría un aumento de planilla, también es cierto que no hay eficiencia ni calidad.
● Félix Wing Abogado
Abogado ambientalista y especialista en derechos humanos. Fue secretario general del Ministerio de Ambiente y director del Centro de Incidencia Ambiental.
La planilla estatal registraba en enero pasado 236.222 funcionarios, lo que representaba salarios mensuales por la suma de $382,3 millones. ¿Cuál es su análisis?
Es cierto que el Estado ha ampliado su cobertura de servicios, pero también es cierto que dicha ampliación no se ve reflejada en una mayor eficiencia ni calidad.
¿Se justifica mantener una planilla de 236.222 funcionarios en un país de 4,5 millones de pobladores?
Según la Organización Internacional de Trabajo, nuestro sector público era el 19,9% de la fuerza laboral en 2019. O sea que prácticamente una quinta parte de los empleados son públicos. Creo que eso es demasiado. A manera de ejemplo, veamos la realidad sobre el porcentaje de la planilla estatal versus la cantidad de población de otros países de la región: Argentina, con una población estimada de 45 millones, el 16,9% de sus empleados son públicos. Costa Rica tiene 5 millones y el 13,9% de los trabajadores pertenece al sector público. Chile tiene 7,5 millones y el 12,4% de sus empleados labora en el Estado. Colombia tiene 50,3 millones y el 3,7% de sus empleados son públicos. México tiene 126 millones y el 11,5% de los trabajadores labora en el sector público.
La estructura del Estado la componen casi 80 entidades, entre ministerios y entidades descentralizadas. ¿Cómo analiza esta estructura?
Tiene que haber una mayor desconcentración y descentralización de esa cobertura de servicios. Pero esas decisiones, como cualquier otra decisión sobre políticas públicas, deben tomarse en función de datos reales y obedeciendo a criterios técnicos y científicos. La especulación no funciona si lo que se quiere es que haya una mejora continua de esa cobertura de servicios.
Hablando de estructura del Estado, la carrera administrativa es una propuesta que no se termina de concretar. ¿Cómo analiza esta realidad?
La despolitización y profesionalización no será posible mientras no se depure la estructura de personal con base en la demanda, se reasignen puestos y funciones donde realmente se necesitan y se efectúen los concursos debidamente.
¿Qué cambios propondría para la reestructura del Estado y la planilla?
La modernización del Estado es urgente. La pandemia nos demostró que es posible digitalizar trámites, pero aún falta demasiado por hacer. Por otro lado, desde hace años se viene hablando de una reingeniería del Estado, que haga más eficiente el gasto público, incluyendo la planilla estatal, para que dicho gasto se distribuya más equitativamente desde el punto de vista geográfico, mejorando el alcance y la calidad del servicio de acuerdo con las necesidades reales de la población y no de otro tipo de intereses.