Voracidad minera
Desde Frenadeso denunciamos la entrega de nuestros recursos por parte de los diversos gobiernos, la partidocracia y pseudo independientes, el poder económico. Rechazamos la prepotencia de la multinacional minera
En artículo anterior, señalé que estamos frente a un gobierno sumiso al imperio y las transnacionales, una oligarquía que solo escucha el sonido de sus cajas registradoras. Esta es la realidad de un poder económico y político al que no le interesa mirar hacia el desarrollo sostenible, ni al bienestar humano, ni defender los intereses patrios. La forma en que desde el primer momento se llevó el tema minero por los diferentes gobiernos, evidencia como un recurso estratégico de la nación panameña ha sido considerado una mercancía para el negociado de mercaderes locales, que han entregado el interés nacional al estilo del período colonial y al saqueo de los conquistadores; un contrato que solo encuentra comparación con el Jean Bunau-varilla (Ver contrato de 1997 pactado bajo la administración de Pérez Balladares-prd, aprobado en la Asamblea por los diputados de los distintos partidos políticos existentes, donde Cortizo, en ese entonces del partido Solidaridad, era miembro de la Comisión Ambiental), y Gabriel Carrizo, fue el representante legal de la empresa que inicialmente se benefició del contrato ley. Realmente sigue siendo una historia de saqueo a nuestro país.
De que estamos hablando, en el 2014 la Cámara Minera de Panamá, reportaba una contabilización de recurso minero metálico del país (cobre, oro, plata, molibdeno) por más de 21 mil millones de dólares, hoy casi la mitad de ellos en manos de FQM. En el 2019 se calculaba la vida útil del área de la concesión en 34 años, en un nuevo estudio (2021) la empresa canadiense reportaba que podría alcanzar 70 años al descubrirse tres nuevos depósitos de cobre.
Un proyecto levantado desde el principio sobre condiciones laborales paupérrimas. Se les permitió un porcentaje mayor de fuerza de trabajo extranjera, mucha de ella tratada en condiciones que violentan sus derechos humanos y laborales, al finalizar su relación laboral se les trataba como contrato definido para que la empresa no tuviera que pagar preaviso e indemnización; durante la pandemia prácticamente se les mantuvo retenidos, en confinamiento poniendo en peligro sus vidas (ver reportes de medios), varias denuncias de despidos injustificados, de violación de salud y seguridad ocupacional, todo ello sin que aún se tenga un estudio que determine los daños a la salud por la actividad. Obviamente, en muchos casos con un silencio cómplice de las autoridades de Mitradel.
En lo ambiental, aunque traten de vender, que se preservan normas ambientales, las imágenes del área dan cuenta que todo es un engaño. FQM o Minera Panamá se siguen burlando del pueblo con publicidad engañosa en medios de comunicación social. Un proyecto que ha arrasado la biodiversidad, desplazado comunidades, generado lesiones considerables e irreversible al ambiente y sus consecuencias a la salud. Una minería a cielo abierto que niega el desarrollo sostenible.
Pese a que supuestamente están suspendidos, Fqm-minera Panamá sigue ilegalmente exportando, no solo cobre, a lo que se limita el contrato, sino también oro, plata y molibdeno. Es decir, están robando los recursos del pueblo panameño, con el silencio cómplice del gobierno.
Como ha denunciado Frenadeso, “La voracidad de la transnacional, la codicia de los 115 ultras millonarios y de los apellidos de abolengo de siempre, comprometen el futuro de Panamá con la minería”.
Realmente lo que sucede, es contrario a los intereses nacionales y sociales. En ambas partes de la “mesa de negociación” están presente los intereses mineros, pues desde el gobierno sus representantes tienen intereses directos o indirectos con la actividad minera.
Denunciamos la entrega de nuestros recursos por parte de los diversos gobiernos, la partidocracia y pseudo independientes, el poder económico. Rechazamos la prepotencia de la multinacional minera.
Llamamos al pueblo a estar vigilante. Exigimos un debate nacional sobre el tema, donde se ponga por encima de cualquier interese mercantil, el derecho a la vida digna, un Panamá sin minería a cielo abierto, que se garantice el desarrollo sostenible, que se defiendan los intereses nacionales y sociales. Bajo las actuales condiciones no hay nada que negociar.