Justicia para la población campesina e indígena
En el Artículo 124 del capítulo 8 de la Constitución Política de la República de Panamá se establece, sobre el Régimen Agrario, que “El Estado dará atención especial a las comunidades campesinas e indígenas con el fin de promover su participación económica, social y política en la vida nacional”.
Sin embargo, este mandato constitucional no se materializa en la vida de cientos de familias campesinas e indígenas. En este artículo, expondré ejemplos de comunidades como La Gavilana en Coclé o Soloy en la Comarca Ngäbe-buglé. En ambos casos, no se cuenta con carreteras y quienes se dedican a la agricultura deben pagar cada año miles de balboas para sacar sus productos para comercializarlos fuera de sus comunidades, teniendo pocas ganancias y, en muchos casos, pérdidas.
En estas comunidades es además prohibitivo enfermarse, porque o no cuentan con un centro o puesto de salud pública o está desabastecido de medicamentos, insumos para laboratorios o instrumentos para dar respuesta a situaciones complicadas de salud, además, cuando hay personas enfermas graves, deben trasladarlas en hamacas, yendo, a pie, por caminos de difícil acceso, por horas, hasta donde se encuentra un hospital.
En comunidades donde la población no tiene ingresos económicos y lo que producen no lo pueden vender, ya que no tienen cómo hacerlo, por la carencia de carreteras y de transporte público. Se requieren acciones integrales entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Obras Públicas, para que den una mirada hacia el sector más vulnerable de la agricultura de nuestro país y le garantice el traslado de sus productos y centros de acopio donde puedan venderlos.
En las comunidades indígenas la situación excluyente es muy marcada. Un ejemplo es la comunidad de Soloy, cabecera del distrito de Besiko en la Comarca Ngäbe-buglé, que tiene entre sus principales actividades la agricultura de subsistencia. Hay producción de café y maíz, y en los últimos 10 años las organizaciones artesanales y culturales se han dedicado al turismo comunitario, promoviendo y fortaleciendo la cultura Ngäbe-buglé. Sin embargo, la carencia de infraestructura que le permita garantizar un buen servicio al turismo impide el desarrollo de este sector o, al menos, en términos de buenas condiciones para las y los turistas.
La falta de oportunidades y el poco interés de las autoridades del Gobierno de turno ha traído como consecuencia la migración de las y los jóvenes hacia las ciudades en busca de fuentes de trabajo. La pobreza multidimensional observada a flor de piel conlleva a la población a situaciones muy críticas en un mundo y en un país que ocupa el tercer lugar en América Latina, y el sexto a nivel mundial en cuanto a la desigualdad. Da vergüenza que Panamá, siendo uno de los países de altos índices de crecimiento económico estas y otras comunidades tengan las condiciones antes indicadas.
Los altos precios de los alimentos hoy están golpeando fuertemente a quienes viven en la ciudad como a los que viven en el campo y en el área indígena, por la especulación que llevan a cabo los comerciantes en detrimento de la población, que carece de los recursos suficientes para poder subsistir.
Señores del Gobierno: la población que vive de la economía de subsistencia requiere con urgencia que se aplique el Artículo 126 de la Constitución, el cual establece que para el cumplimiento de los fines de la política agraria, el Estado desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:
1. (…).
2. Organizar la asistencia crediticia para satisfacer las necesidades de financiamiento de la actividad agropecuaria y, en especial, del sector de escasos recursos y sus grupos organizados y dar atención especial al pequeño y mediano productor.
3. Tomar medidas para asegurar mercados estables y precios equitativos a los productos y para impulsar el establecimiento de entidades, corporaciones y cooperativas de producción, industrialización, distribución y consumo.
4. Establecer medios de comunicación y transporte para unir las comunidades campesinas e indígenas con los centros de almacenamientos, distribución y consumo (...).
Sin duda alguna, que a todos los Gobiernos habría que demandarlos por incumplir lo plasmado en la Constitución Política.
La situación del desempleo, del alto costo de vida, la carencia de medicamentos e insumos en los hospitales y en los centros de salud (seguimos pagando los medicamentos más caros del continente), agudiza la situación crítica de miles de familias panameñas, que no logran satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, en especial a las más olvidadas: las familias campesinas e indígenas. Llamamos a las autoridades que tienen el deber de garantizar la salud, la educación, y el trabajo a las y los panameños a cumplir lo dispuesto en nuestra Constitución y garantizar la vida digna a la gente.