Panamá necesita más de $4 mil millones en financiamiento para la transición energética de aquí a 2030
Los recursos serían para financiar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, nuevas plantas de generación renovables, carros eléctricos, entre otros. Proponen ajustes a las regulaciones, a las leyes y a las normativas acordes con la realidad actual, para que el país pueda avanzar en sus objetivos
del sector, sino también porque hay muchos modelos de negocios nuevos que se han dado en el mundo y la regulación panameña no está preparada para eso. “Hay que hacer esos cambios. Hay también muchos cambios tecnológicos importantes, como las baterías y los carros eléctricos, etcétera. Nuestra legislación y regulación se actualiza para poder incorporarlas de una forma más efectiva”, aseveró.
Propuestas
En la Ley 6 de 1997 se identificaron cuatro áreas a modificar: la primera es la mejora de la gobernanza sectorial, para el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Energía, de la Autoridad de los Servicios Públicos y de la Oficina de Electrificación Rural. Se busca la independencia del operador del sistema eléctrico, que se tiene pendiente desde hace ya varios años. “Hoy la función del operador del sistema (conocido como Centro Nacional de Despacho) está como parte de la Empresa de Transmisión
Eléctrica S.A. (Etesa). Si creamos un operador independiente del sistema le damos autonomía a esta figura. Se saldría fuera de la égida o del paraguas de Etesa. Ese es el cambio que se haría con relación a Etesa”, explicó.
La segunda es darle fortaleza a los ciudadanos, más alternativas de energía, en este caso serían la posibilidad de la comercialización independiente de energía, para que los ciudadanos tengan la opción de adquirir su energía más allá de las distribuidoras en tarifa, y la creación de la figura del prosumidor, fortalecer la figura en la cual un ciudadano, un cliente, no solo consume energía sino que ahora también va a poder producirla y venderla en el sistema. La Real Academia Española (RAE) define al prosumidor como la “persona que produce, distribuye y consume bienes, servicios, saberes y conocimientos, mediante la participación voluntaria en los sistemas alternativos de intercambio solidario, para satisfacer sus necesidades y las de otras personas de su comunidad”.
Y la tercera es la mejora de la condiciones para la incorporación de más energía renovable, dentro de las cuales está incluso la posibilidad de almacenamiento de las baterías, que hoy la legislación no lo contempla.
Transición energética
Rivera Staff aseguró que “el trabajo se está llevando adelante”, a pesar de las dificultades que causó la pandemia de la covid-19 y las crisis internas y externas, pero “hay que mantener el paso”, por eso están planteando los ajustes a la regulación, a las leyes, a las normativas, a los mecanismos de financiamiento.
Hoy, un poco más del 80% de la generación eléctrica anual en Panamá proviene de fuentes renovables y la meta para 2030 es alcanzar el 90%. También se busca que alrededor del 25% del total de las ventas de vehículos sea eléctrico, eficiencia energética, 5% de almacenamiento a gran escala en el sistema eléctrico y que el 100% de los panameños tenga acceso a energía moderna y sostenible. Los combustibles fósiles representan el 70% del consumo total de energía primaria en la región.
Un reciente estudio del Grupo Banco Mundial, titulado “Scaling Up to Phase Down” (Ampliar para eliminar), advierte que sin los medios para financiar la transición energética y la infraestructura de la red eléctrica, los países en desarrollo a menudo pagan más por la electricidad, no pueden acceder a proyectos de energía renovable y de eficiencia energética, y quedan atrapados en proyectos de combustibles fósiles con costos altos y volátiles.
“Lo que estamos planteando es una agenda de transición energética, no solo de transición eléctrica, y ahí la movilidad eléctrica abre una gran puerta para poder descarbonizar, para depender cada vez menos de combustibles fósiles“. La idea es que “en el futuro o en los próximos años, en vez de llenar nuestros vehículos con combustibles fósiles importados, lo empecemos a cargar con electricidad renovable de Panamá”, agregó Rivera Staff.
La Agenda de Transición Energética es la principal propuesta de política pública de Estado del actual gobierno. Su punto de partida lo constituye el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París en materia de lucha contra el cambio climático.