Sobre política criminal y violencia doméstica
Son las 10:30 de la mañana de un martes después de un día feriado, las 28 sillas en una sala de atención están ocupadas, mientras que hay otras veinte personas sentadas en el piso, y otras paradas esperando. Un señor mayor, se levanta de su puesto y le cede el asiento a una señora que trae a su nieto para una diligencia.
No hay nada que decir. La sala de atención al usuario de la Fiscalía del área metropolitana no se da abasto, aunque no faltará alguien en señalar que otros días está que no se cabe.
En el Código Penal de Panamá, se regulan los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil que comprenden la Violencia Doméstica, Maltrato al Niño, Niño o Adolescente y al adulto mayor, y los Delitos contra la identidad y tráfico de Personas Menores de Edad.
En el año 2022, se presentaron denuncias en esta sección especializada, y en los primeros cuatro meses de este año, van más de 6044 casos registrados en Estadísticas del Ministerio Público, de los cuales casi el 84 % de las denuncias están radicadas en el primer distrito judicial, y es en el área Metropolitana, San Miguelito y Panamá Oeste donde hay mayor cantidad de denuncias.
En cuanto a la Ley de Política Criminológica que se aprobó el año pasado, que más bien debe llamarse Política Criminal, según el profesor Eliécer Pérez, de Criminología de la Universidad de Panamá, pues “se trata de una confusión conceptual ya superada, valga señalar, que por un lado, determina la inclusión de un profesional de la Criminología en las instituciones públicas para ofrecer las asesorías pertinentes, y a la vez deja claro que el Derecho Penal es la última ratio, y no debe ser solo el único medio empleado por el Estado para condicionar el comportamiento de la sociedad.
El responder “post facto” un acto de violencia con un castigo, no es suficiente, es necesario utilizar otros métodos preventivos de carácter educativos que incidan más directamente en reforzar la sana convivencia de los hogares de los panameños, sin dejar de señalar, que el sistema de atención ha colapsado, y se requiere de más personal y espacio en las secciones del Ministerio Público, quienes conocen de delitos contra la familia.
Por último, hay que evitar la revictimización de los usuarios, se exige una debida atención psicológica y una concordancia efectiva de las requeridas audiencias de control a estas investigaciones, que deben ser tomadas en cuenta por el Ministerio Público y Órgano Judicial.
Se requiere encontrar nuevas herramientas a considerar, la introducción de alguna aplicación de Inteligencia Artificial, como ocurre en España, a fin de detectar denuncias falsas y reducir la recarga del sistema, pues el sistema penal en la actualidad sirve de medio de negociación condicionada en procesos de divorcio y similares; dejando en indefensión a usuarios humildes, a quienes se les desmejora la atención y tiempo que merecen los usuarios; considerar fortalecer más a la familia y a las nuevas generaciones, para que, en 5, 10 o 15 años, no sea algo común en el día a día de nuestro país los hechos de violencia entre familiares, que pueden escalar a otros delitos mucho más graves.