Aseguradora llevará al Gobierno panameño a un arbitraje internacional
El hecho ocurre por reclamaciones presentadas fuera de los periodos que establece la Ley de Contrataciones Públicas y que se vienen reportando desde 2019, según Apadea
La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) confirmó que una de sus empresas asociadas ha recurrido a un arbitraje internacional por reclamos de fianzas extemporáneas contra el Gobierno panameño.
“Esto no hará nada más que poner de manifiesto la pobre percepción de seguridad jurídica que tenemos dentro y fuera de nuestro país, razón por la cual esperamos que esta lamentable situación sea dirimida antes de incurrir en importantes gastos para el Gobierno de Panamá y la empresa privada, pero más importante aún, que nos permita restaurar la percepción del debido proceso y el respeto a nuestras leyes”, comentó la presidenta de Apadea, Gina Herrero.
Mediante un comunicado, Herrero manifestó que desde el año 2019 Apadea ha estado denunciando la acción de varias instituciones del Estado de reclamar la ejecución extemporánea de fianzas emitidas desde el año 2016, que debieron ser presentadas en el periodo establecido en la fianza, es decir, luego de conocido
Según la presidenta de Apadea, estas medidas han ocasionado pérdidas por sumas millonarias, afectando la reputación y la capacidad de defensa de las aseguradoras asociadas, además de ser contrarias al debido proceso establecido en la Ley de Contrataciones Públicas en su artículo 131, según la modificación del año 2020”
el incumplimiento, no años después.
Criticó que estas reclamaciones, “desde todo punto de vista es considerado lesivo para el ordenamiento jurídico, ya que afecta de manera injusta a las aseguradoras asociadas, quienes han visto afectado su patrimonio al hacer frente a reclamaciones a través de órdenes de secuestro de cuentas bancarias por parte del Estado, o de subrogaciones en negociaciones donde el Estado ha hecho valer la jurisdicción coactiva, como medida coercitiva”.
Según la presidenta de Apadea, estas medidas han ocasionado pérdidas por sumas millonarias, afectando la reputación y la capacidad de defensa de las aseguradoras asociadas, además de ser contrarias al debido proceso establecido en la Ley de Contrataciones Públicas en su artículo 131, según la modificación del año 2020.
Defendió que las empresas asociadas han culminado centenares de proyectos de contratistas que incumplieron con el Estado, cuyos reclamos fueron presentados oportunamente de conformidad con las leyes que regulan la contratación pública.
“Las reclamaciones presentadas por algunos funcionarios fuera de los periodos que establece la ley, no hacen más que empañar los esfuerzos de nuestro país por salir de las listas grises, y deja una marca irreversible en las empresas reaseguradoras internacionales que observan con preocupación el mercado asegurador panameño”, sostuvo Herrero.