El debate de la democracia
[...] Los debates deben ser estructurados y realizados por las organizaciones de la sociedad civil, pero hoy día se encuentran en un laberinto que está complicando su desempeño y generando sospechas y desconfianza entre los ciudadanos ...]
En 2009 fui contratado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para asesorarles en la organización y el formato para el debate presidencial de aquel entonces, para esa ocasión propusimos y fue aceptado un formato con periodistas de prensa escrita, radial y televisiva quienes harían las preguntas a los candidatos en vez de solo preguntas de presentadores de televisión como se hacía tradicionalmente.
Para las elecciones de 2014, nuevamente asesoramos a la Cámara, en esa ocasión la novedad del formato consistió en un debate con un solo moderador que presentaría los temas y los candidatos y estaría pendiente del cumplimiento de los tiempos, las preguntas se las formularían directamente los candidatos entre sí. Este formato cambió por completo la dinámica de los debates presidenciales como eran conocidos hasta entonces y permitió una verdadera confrontación de ideas entre ellos, centrando el protagonismo en los candidatos y los temas a debatir.
El exitoso formato, con ligeras modificaciones, se mantuvo en las elecciones de 2019 y se repetirá en las de este 2024. En otros debates prevalece el formato tipo foro donde la discusión no tiene el carácter directo entre los candidatos que tiene el debate que organiza la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
Los debates deben ser estructurados y realizados por las organizaciones de la sociedad civil, sin la intervención y el arbitrio del Tribunal Electoral, pero con el pasar del tiempo esta institución por iniciativa de sus magistrados en diferentes periodos, se ha ido sumando atribuciones que no solo tienen que ver con los debates sino también con temas como la imposición de multas a medios y comunicadores, censura, y otros que riñen con la libertad de expresión. Al punto que hoy día se encuentran en un laberinto que está complicando su desempeño y generando sospechas y desconfianza entre los ciudadanos.
Los “echa p’lante y echa p’tras” de los magistrados del Tribunal Electoral en lo referente a la fecha del primer debate presidencial con miras a los comicios de mayo próximo, no ha hecho más que aumentar los cuestionamientos de la opinión pública sobre la institución llamada a ser el árbitro y el garante de la pureza del sufragio en el proceso electoral de 2024. Las críticas a sus jerarcas no son nuevas, más bien se han acrecentado en los últimos años, en algunas ocasiones han sido justificadas y en otros ataques políticos, pero sin duda están haciendo mella en la credibilidad de una institución que debe merecer la confianza y el respeto de los ciudadanos.
Pasadas las elecciones generales de 2024, es pertinente una reforma que propicie un cambio profundo en el Tribunal Electoral de manera que esta sea una institución que se dedique exclusivamente a organizar las elecciones, certificar a los ganadores de estas y dirimir las impugnaciones que se presenten, el resto de las responsabilidades que se le han añadido deben ser distribuidas en otras instancias.
Será importante establecer normas más rígidas a la hora de seleccionar a sus magistrados quienes no deberán provenir de partidos políticos, para acabar con la alineación imperante hoy día que hace que los grandes partidos sean quienes escojan dentro de sus filas a los funcionarios que mañana les va a tocar ser los árbitros en los procesos electorales, de esa manera acabaremos con un triunvirato al servicio de la partidocracia. Hace falta revisar algunos privilegios y fueros de los que gozan estos funcionarios, así como la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos asignados a la institución.
Los cambios que propongo deberían formar parte de una gran reforma constitucional que tendría que impulsar quien sea electo el próximo cinco de mayo, para liberar a la democracia panameña de las ataduras y vicios que la están asfixiando. Esas reformas se someterían a un plebiscito para evitar la manipulación de los diputados que responden a la partidocracia. Los cambios son imperativos, no hacerlos podría llevarnos a una crisis que lamentaríamos, mantener vigente el statu quo es insostenible.