El futuro del país está seriamente comprometido
Amenos de un mes de las elecciones, aún no es claro quiénes podrán participar del torneo el 5 de mayo, varios son mencionados por no cumplir con los requerimientos que exigen las normas.
Es que, en estas elecciones, a diferencia de otras, los sectores dominantes que no difieren en sus intereses económicos no han logrado dirimir sus diferencias como siempre lo hacen a través de las elecciones, para distribuirse las cuotas de poder político. A ellos jamás le ha importado el pueblo honesto, humilde y trabajador.
El panorama ha evidenciado, por otro lado, las inconsistencias normativas. No se trata de simples interpretaciones jurídicas. Las leyes y la misma Constitución, en los aspectos que atañen al sistema político, lo que incluye el Código Electoral y sus abundantes reglamentaciones, han sido redactas de forma ambigua, confusa, truculentas y acordadas así por la partidocracia y la clase dominante para dar margen a todo tipo de interpretaciones, es decir, a la conveniencia de ellos, manipulando normas para garantizar sus intereses.
El problema se profundiza aún más cuando el Tribunal Electoral sigue rezagado en su actuar, generando mayor incertidumbre y desconfianza.
El clientelismo es el escenario en el que actúan la partidocracia y varios candidatos a los diversos puestos de elección. Siguen con sus acostumbradas prácticas clientelares, de chequeras y hoy por los medios digitales “yapisealo”.
También, próximo a las elecciones a los distintos cargos de elección, la corrupción sigue en ascenso, no es solo el escandaloso caso de los “auxilios económicos”, donde desde hace cinco administraciones de gobierno vienen entregando los recursos del pueblo a hijos y parientes de ministros, diputados, directores, comunicadores sociales, y grandes empresarios, se trata también del aceleramiento de algunos proyectos para garantizar el negociado en la construcción de infraestructura pública, de dotación de servicios por el sector privado, entre otros.
Es una crisis profunda que abarca todos los órganos de gobierno, la partidocracia, candidaturas a diversos cargos de elección (presidencial, diputados, alcaldes y representantes de corregimientos), que involucra a sectores empresariales financiadores de campañas, que tiene como cereza del pastel la intromisión de una transnacional minera que actúa como enclave a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia conquistado en las calles por el pueblo panameño. Estos han construido un estado delincuencial que también se hace sentir en el torneo electoral.
En medio del proceso electoral, la población sigue en las calles demandando atención a sus necesidades: acceso a agua potable en las comunidades, recolección de la basura, atención de salud oportuna, por el acceso a una canasta básica de alimentos saludables a precios justo, para que el Gobierno haga efectiva la deuda con los trabajadores (pago de salarios atrasados, décimo tercer mes atrasados, ajustes de pensiones). Igualmente, la lucha es contra leyes que lesionan los intereses del pueblo que están siendo discutidas a tambor batiente en la Asamblea Nacional. Es un pueblo que exige que se atienda la enorme deuda social, que clama por justicia.
En estas elecciones del 5 de mayo se presentan dos propuestas: la de más de lo mismo, de corrupción y negociados, de impunidad, de minería y destrucción de la naturaleza, de nepotismo, que abanderan siete de los candidatos a la presidencia, que tienen en común que todos han estado en gobierno, mismos que han desatendido las necesidades del pueblo humilde y trabajador.
La otra propuesta emerge de manera limpia y transparente una propuesta distinta, la única alternativa a favor de los panameños y del país, el Plan para la vida digna, que propone iniciar el proceso de transformaciones sociales y de cambios estructurales, que establece la vida como centro del quehacer social, que llama a la relación armónica entre seres humanos y naturales, que plantea bienestar humano, pleno respeto de todos los derechos humanos, que impulsa democracia real participativa en la toma de decisiones, que establece mecanismos claros para acabar con la corrupción y la impunidad, que convoca a una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes para barrer con la institucionalidad podrida y caduca. Propuesta encabezada por Maribel Gordón, candidata por libre postulación.