¿Qué esperamos de los funcionarios públicos elegidos?
Ahora que faltan escasas tres semanas para las elecciones generales, los invito a reflexionar sobre el significado de ser un funcionario público, las responsabilidades, capacidad de gobernanza, valores éticos y deberes fundamentales con sus electores y la comunidad en general, independientemente del nivel de gobierno en el que sirvan.
Antes de entrar en materia es obligatorio dejar claramente establecido que la autoridad máxima, dentro de una nación democrática - como la nuestra - le corresponde a los ciudadanos, que somos el “pueblo soberano”. Este poder lo ejercemos de manera directa al elegir libremente a nuestros representantes en el gobierno, y ejerceremos nuestro derecho a controlar la gestión de las autoridades; evitar los abusos, el clientelismo y la corrupción; a fin de promover el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia para forjar el mejor futuro de nuestra sociedad.
En ese sentido es obligatorio que cumplan con el mandato ciudadano expresado desde los “acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo”, hasta los “acuerdos del Pacto del Bicentenario”; incluyendo lógicamente el “Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030”, el “Pacto de Estado por la Justicia”, y los recientes aportes del sector privado, expresados en los documentos “Visión País 2050” y Agenda País 2024-2029. No hay espacio para la improvisación que beneficie a unos pocos.
Por esa razón es obligatorio no equivocarnos, y seleccionar con inteligencia aquellos aspirantes que puedan demostrar con hechos y verdades que poseen los tres elementos obligados de la ética pública: probidad en el uso de los recursos públicos, equidad en sus modalidades de operación y eficiencia en su manejo, de manera que se logre el mayor impacto posible en el bienestar social, finalidad última del Estado.
Pero no perdamos de vista que, quienes ocuparán los cargos públicos por elección popular son políticos. La mayoría de ellos están afiliados a un partido político y, principalmente por esa razón, serán electos en las elecciones. Lo cual, nunca significará que el 100% de los panameños los escogimos, e implica el riesgo de que respondan a los intereses del partido. Por eso es tan importante informarnos y no votar ciegamente por una promesa de campaña.
Sin embargo, los funcionarios públicos elegidos deben actuar como representantes de sus electores, abogando por sus intereses y trabajando para reflejar sus voluntades de toda la comunidad dentro de las políticas y decisiones gubernamentales, aunque hayan ascendido a las posiciones con solo 30% de los votos. Por ende, trabajar en el servicio público significa trabajar para el bienestar general de la sociedad, por encima de intereses personales o de grupo. Deben estar al servicio de la comunidad, gestionando recursos y políticas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Los funcionarios públicos elegidos deben actuar con transparencia, eficiencia y equidad, rindiendo cuentas de sus acciones y decisiones. Esto incluye - en especial - la gestión adecuada de los fondos públicos y el cumplimiento de sus promesas electorales. No hay espacio para el clientelismo que favorece con decisiones desinformadas e injustas a los familiares, amigos y socios, como las que hemos vivido con demasiada frecuencia en los últimos quinquenios y afectan negativamente la vida de los panameños.
Exigiremos que actúen con integridad, consideración y sabiduría. Que sean los guardianes de las leyes y principios sobre los que se funda nuestra sociedad. Asegurando que la legislación vigente se cumpla y que las políticas públicas promuevan la justicia para todos, la igualdad y la libertad.
En resumen, ser un funcionario público elegido es una distinción de gran honor y un desafío significativo. Implica una profunda dedicación al servicio público, un compromiso inquebrantable con la ética y la integridad, y una responsabilidad continua de mejorar la vida de las personas a quienes sirven.
A estas alturas cobra especial relevancia la capacidad de gobernanza de las autoridades para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente, eficaz y transparente. Esto implica por lo menos las siguientes competencias para quien ocupe la silla presidencial a partir del próximo mes de julio.
Para comenzar debe ser un líder capaz de inspirar y motivar a la población. Con una visión clara para el país. Un líder que toma decisiones difíciles y asume la responsabilidad de sus acciones.
Estaremos pendientes de que este líder se rodee de los mejores hombres y mujeres para conformar un equipo de trabajo altamente efectivo. Que defina objetivos claros con metas alcanzables para el país y desarrolle políticas públicas que fortalezcan nuestras instituciones y respondan a las necesidades de la población. En ese sentido exigiremos que los servicios públicos - como educación, salud, seguridad e infraestructura - sean de la más alta calidad, accesibles para todos los ciudadanos en todos los lugares.
Para ello deberá promoverse la participación de la población en la toma de decisiones, brindando los espacios necesarios para que la población pueda expresar sus opiniones y propuestas, y hacerlas vinculantes.
Finalmente, y me quedo corto, la nueva administración deberá ser transparente en la gestión de los recursos públicos, combatir la corrupción en todas sus formas y sancionar implacablemente a los responsables de actos de corrupción.