Detención preventiva, arma de presión de fiscales
»Los fiscales del Ministerio Público han utilizado la detención preventiva como método para presionar a los indagados, denuncian abogados. »Zuleyka Moore, Marcelino Aguilar, Lizzette Chevalier y Tania Sterling, entre otros, violan derechos y persiguen a o
La detención preventiva es considerada por los juristas como un método de presión, tras la última revelación de que los fiscales del Ministerio Público (MP) coaccionaron a María Marcela Riaño para que aceptara la delación premiada y se declarara culpable de blanqueo de capitales por el caso que se le sigue, relacionado a la firma Mossack Fonseca.
Ramón Mendoza, abogado de Riaño, denunció que este caso contra su defendida se inició de forma irregular, porque se utilizaron unas fotocopias que bajaron de internet en portugués, y solo con esto se ordenó la detención preventiva de los cuatro abogados.
“Hay una lentitud en el ejercicio de las medidas defensivas que la ley proporciona a cada uno de los implicados”, sostuvo.
Agregó que la detención de Riaño, al igual que la de los otros implicados, obedece a la decisión del Ministerio Público sin que haya ningún señalamiento de nadie.
Esta no es la primera vez que se dan fuertes acusaciones sobre presiones ejercidas por los fiscales.
En enero de 2015, por el caso de la supuesta comisión del delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, el abogado Armando Fuentes, defensa legal de Gustavo Pérez, denunció una serie de amenazas y presiones, como también tratos sicológicos y físicos contra su defendido.
En marzo de 2015, por el caso de supuestas irregularidades en la compra de 19 radares a la empresa Selex, filial del conglomerado Finmeccanica, el abogado Cristóbal Arboleda denunció que el exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz, enfrentó constantes torturas sicológicas, maltratos y amenazas dentro del penal, por parte de la jefatura de seguridad del penal.
A este listado se suma también, el proceso por el contrato de $45 millones para adquirir comida deshidratada a la empresa Lerkshore Internacional Limited, S.A., cuando en noviembre de 2015, el abogado Gonzalo Moncada, defensa de Giacomo Tamburrelli, advirtió que los fiscales estaban utilizando medidas de presión, principalmente en los casos que se investigan en las fiscalías anticorrupción.
En esa ocasión, Tamburrelli fue obligado a mencionar el nombre del expresidente Ricardo Martinelli en la indagatoria.
Otro de los casos judiciales viciados con esta práctica fue el relacionado con el presunto incumplimiento de un contrato con el Gobierno, por parte del joven innovador Mayer Mizrachi.
El abogado Silvio Guerra, defensor del empresario panameño, dejó claro que su cliente estaba siendo víctima de persecución, por ser hijo de un pariente cercano de Martinelli.
Juan Carlos Araúz, presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados (CNA), explicó que el tema de la detención preventiva sin control judicial, que se aplica en los procesos que son adelantados en el proceso inquisitivo mixto, representa una vulneración al estado de inocencia.
Explicó que la orden unilateral que los fiscales adelantan, cuando se impone la detención preventiva, es violatoria a los convenios internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
Agregó que la preocupación que se sigue adelantando bajo el sistema inquisitivo mixto es la ausencia de control judicial a la detención que permita justamente que el ciudadano haga una defensa válida.
“La justicia para ser efectiva no tiene que lastimar al ciudadano y la detención preventiva sin control judicial es un método sumamente lesivo a la dignidad del ser humano”, destacó el dirigente de los abogados.
A su consideración, cualquier privado de libertad bajo el sistema inquisitivo debe ser una preocupación colectiva, porque es una persona que no ha podido ser sometida al control de su juez natural, quien debe determinar si la detención corresponde en derecho, por lo que son prácticas que pertenecen a un sistema que debe quedar en el olvido.